El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había puesto en marcha una cuarentena especial para los mayores de 70 años. Eran conminados a tramitar un permiso especial que sólo tendría validez por 48 horas y debía renovarse cada dos días para poder volver a salir a la calle incluso para necesidades elementales como pan, carne, frutas, verduras y hasta remedios en los negocios de proximidad.
Tras el repudio generalizado por la arbitrariedad de aislamiento agravado la medida y un fallo judicial el gobierno porteño del PRO tuvo que retroceder justificándose en que hubo una mala interpretación de la medida, aunque insiste que ese sector de la población debe comunicarse telefónicamente con el único número habilitado, el 147, para pedir la asistencia en la Ciudad.
El decreto original consistía en un permiso obligatorio para todos los mayores de 70 años, con leoninas sanciones para los incumplidores. Luego de las críticas, la resolución oficial evitó las multas y reglamentó un esquema para que ese determinado “grupo de riesgo” frente al Covid-19 realice un llamado a ese único teléfono antes de salir a la calle para comprar lo que necesite para sus necesidades diarias o cumplir con alguna de las actividades exceptuadas de la cuarentena.
Esta medida no era simplemente sanitaria como sería el testeo preventivo de esos posibles portadores del virus de mayor riesgo por la edad, sino una de control social a un sector determinado de la población, discriminado con el argumento de “auxiliarlos”. Esto lo muestra la decisión de que su manejo en la calle se haya puesto a cargo del personal de Seguridad a través de celulares con el DNI del adulto, único documento requerido. Una medida inspirada en los servicios de Inteligencia para actualizar y ampliar sus bases de datos de ese sector de la población que debe comunicarse a través de un teléfono centralizado, por el que registran la identidad de todas las personas que recurren a su uso sea por sus necesidades elementales y también de las demás que se quiere forzar a utilizarlo hasta para salir a caminar un rato para aliviar el encierro que ya requiere la cuarentena.
No es una medida sanitaria sino de segregación fascista y de control policial, como las que enfrentan los palestinos en Israel. Esto también se puede ver por el lado de la salud ya que el mayor encierro agravaría todos los problemas de los mayores por la falta de movimientos y de luz natural, aumentando la angustia y depresión a que lleva el ya obligado aislamiento por la pandemia: falta de contacto real con sus seres queridos, en sus relaciones laborales y/o por sus problemas financieros. Con lo que se acrecentarían las ideas suicidas, la fobia al encierro, y la violencia o tensiones familiares. Ni hablar de las consecuencias de este control policíaco a los mayores de 70 en las barriadas populares.
Para fortalecernos frente a las difíciles condiciones personales y familiares que nos impone la cuarentena para frenar el avance del coronavirus y cerrar el camino a la demagogia y limitaciones fascistas en todas sus variantes, tenemos el aliento de los millones que en todo el país están en la avanzada de la lucha necesaria para resolver las emergencias sanitarias y alimentarias agravadas por la pandemia. De lo que también es parte creciente el ejemplo de los jubilados y pensionados que participan en esta lucha individualmente o a través de sus organizaciones específicas. Son miles los que se vienen sumando a las organizaciones sociales y a los Comités de Emergencia en todos los lugares, provincias y nacionalmente. Con su protagonismo despliegan todo su potencial de experiencias y conocimientos al servicio de la salud, alimentación y otras necesidades urgentes de todos los que habitan nuestro suelo. Lo que ayuda además a acumular fuerzas revolucionarias en la lucha por la liberación del pueblo y de la Patria, de la que también somos parte importante los mayores de 70 años.
Escribe Eugenio Gastiazoro
