El gobierno nacional, con el decreto “de necesidad y urgencia” 941/2025, realizó cambios en la Ley de Inteligencia Nacional para darle más poder a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado).
Entre los puntos centrales del decreto habilita a la SIDE a tener más acceso a los datos personales de toda la población; establece una vigilancia masiva sobre las organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, etc.; incorpora a las Fuerzas Armadas a esta red de espionaje y las subordina a la dirección de la SIDE, y autoriza a personal de inteligencia a detener personas.
Además, el decreto pone a la SIDE en el centro de un gran aparato estatal, creando la llamada “Comunidad de Inteligencia Nacional” y la “Comunidad Informativa Nacional”, obligando a otros organismos del Estado a compartir datos con la SIDE.
Todo el lenguaje del decreto está hecho a propósito de manera totalmente imprecisa, para habilitar a los servicios de inteligencia para hacer lo que les dé la gana sin rendir cuentas.
Es una nueva muestra del verso de Milei y su gobierno que son “topos” que vienen a “destruir” el Estado. Lo que hacen es reforzar la esencia de este Estado oligárquico-imperialista: su aparato represivo.
Una larga historia de persecución y espionaje
No hay que sorprenderse. El Estado viene desarrollando el espionaje y persecución de opositores desde el siglo 19. Sólo para mencionarlas. A comienzos del siglo 20, en medio de una gran oleada de luchas protagonizada por nuestra clase obrera, la policía de la ciudad de Buenos Aires creó la llamada Sección de Orden Social (SOS), para espiar, infiltrar y perseguir a los gremios y organizaciones en ese entonces dirigidas por anarquistas, socialistas y sindicalistas.
Años después, tras la Revolución Rusa y el crecimiento de la influencia del comunismo en el movimiento obrero, se creó la Sección Especial de Represión contra el Comunismo (SERC) en la década del 30 del siglo 20, de nefasta actuación y responsable de persecuciones y torturas.
Siempre se ha buscado, desde los distintos gobiernos, de manera más abierta o encubierta, perseguir a las organizaciones obreras y populares, gremiales y políticas, y a sus dirigentes.
El gobierno de Milei da un salto de calidad en la pretensión de “legalizar” estas prácticas, involucrar a las Fuerzas Armadas y darle poder de policía a la SIDE.
Crece el rechazo al decreto represor
Distintos sectores políticos, diputados y organismos de derechos humanos vienen denunciando la “inconstitucionalidad” del decreto y realizaron presentaciones judiciales reclamando suspender su ejecución. También plantean que el Congreso rechace el DNU.
El decreto plantea la centralización obligatoria de datos hacia la SIDE, de un conjunto de organismos estatales y provinciales, con lo que los espías tendrían acceso “legal” a las bases de datos de migraciones, Renaper, Aduanas, CNEA, registro de armas, entre otras.
Además, el mismo decreto crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), como organismo descentralizado dependiente de la Jefatura de Gabinete, el encargado del “ciberpatrullaje” de las redes sociales.
El gobierno de Milei no esconde sus objetivos, en lo que hace al fortalecimiento del aparato represor del Estado. Dice un párrafo del Decreto 941/2025: “… la falta de comunicación y cooperación efectiva entre los distintos entes estatales limita la posibilidad de integrar información para su análisis conjunto, dificultando la anticipación de riesgos y la neutralización de acciones que podrían poner en peligro la estabilidad del Estado (subrayado nuestro) y la seguridad de sus ciudadanos”.
La lucha por voltear este decreto represor se une la pelea general de la clase obrera y el pueblo contra la política de hambre y entrega de Milei, que como venimos diciendo desde el momento que asumió, no pasa sin represión.
hoy N° 2094 28/01/2026
