Hace 100 años se gestaba en la historia argentina una de las luchas agrarias más importantes: el Grito de Alcorta. Y una de sus principales consignas, que aún sigue sin resolverse, es la de aquellos pioneros que decían que “la tierra debe permanecer en propiedad de quien la trabaja”. Hoy, 100 años después, en la Sociedad Italiana de Bigand se reunieron los colonos, los trabajadores, la Federación Agraria Argentina y el municipio local para denunciar el avance de la con- centración de la tierra y la producción y gritar que “nos han prestado la tierra por 100 años”.
La creciente concentración de la tierra en pocas manos, el avance de los pooles de siembra y el arrendamiento de campos a grandes empresas se están convirtiendo en moneda corriente y en una seria amenaza para la economía de las pequeñas comunidades santafesinas que basan su sustentabilidad en la actividad agraria. Y Bigand no parece ser la excepción.
A mediados del corriente mes, en la localidad de Bigand, se convocó a una multisectorial para reclamar por una nueva ley de arrendamientos y para frenar la concentración de la tierra y de la producción por causa de la posible instalación de AGD (Aceitera General Deheza) en 800 hectáreas.
Bigand fue fundado hace 96 años por Víctor Aureliano Bigand, hijo de un inmigrante francés. Tuvo tres hijos, dos mujeres y un varón, que fallecieron sin dejar descendencia. En el 2004, a sus 93 años, soltera y sin hijos, murió María Mercedes, última heredera, quien vivía en Barrio Norte, lejos del pueblo que la vio nacer y donde ahora está sepultada. Uno de los puntos que plantea el testamento es que sus 3.800 hectáreas iban a quedar para la Fundación Honorio Bigand.
Según el presidente de la filial de Bigand de la Federación Agraria Argentina, Gustavo Tettamanti: “Todo comenzó cuando nos enteramos que AGD se iba a instalar en las 800 hectáreas que ya no forman parte de la Fundación, sino que son propiedad del abogado Alaimo en concepto de honorarios por su trabajo de sucesión”.
Actualmente, a la Fundación le pertenecen 3.000 hectáreas, las cuales están siendo ocupadas por 32 colonos. La preocupación se trasladó al pueblo de Bigand cuando se corrió el rumor de que AGD alquiló esas 800 hectáreas por 70 quintales por adelantado, es decir, 23 quintales por año, un total de 56 mil quintales de soja.
La tierra para qué, para quiénes y para cuántos
La instalación de AGD en Bigand convierte al pueblo en un caso emblemático. “La concentración de la tierra que se viene dando a nivel país es cada vez mayor, y en estos lugares donde son los pequeños y medianos productores los que hacen fuerte a nuestra economía, estamos viendo que los cimientos se van ablandando. Hoy tenemos 800 hectáreas de campo que nunca deberían haber salido de la órbita de la Fundación y de los productores locales y que están en manos de un abogado de Buenos Aires. Le hubiera venido bien al pueblo y a la economía local que esas 800 hectáreas fueran trabajadas por los colonos de Bigand o por otros productores de la localidad”, le comentó a SURsuelo el presidente comunal del pueblo, Patricio Erceg.
En la actualidad, la estructura agraria en nuestro país se encuentra profundamente desequilibrada. El 4% de los propietarios concentran más del 50% de la tierra, y el 35% de los pequeños y medianos productores controlan sólo el 0,5% de la superficie agrícola.
“Este proceso de concentración de la tierra está avalado por el gobierno nacional, ya que desde hace años la FAA viene reclamando la sanción de una nueva ley de arrendamientos y aparcerías rurales que proteja al pequeño y mediano productor y lo vuelva a ubicar como el sujeto agrario motor del desarrollo del interior profundo de la Argentina. Hasta tanto no cambien las reglas de juego, los chacareros seguiremos siendo expulsados de nuestras tierras y se seguirán engrosando los cordones de marginalidad en los grandes centros urbanos”, comentó Eduardo Buzzi, presidente de FAA, en su discurso en Bigand.
Y es que este es un modelo concentrador, donde la explotación de millones de hectáreas (el 50% del total) de las mejores tierras agrícolas permanece en manos de no más de 1.600 grandes propietarios y pooles, que no sólo van controlando el uso de los suelos sino que también concentran progresivamente porciones cada vez más importantes de la producción. Desde el Estado no se han tomado medidas para modificar esta ecuación: no se ha sancionado una ley que ponga coto a los arrendamientos, no se han segmentado las retenciones diferenciando las escalas de producción y, si bien la Ley de Tierras significó un avance, no se ha logrado revertir la extranjerización.
Ahora bien, ¿qué es un pool de siembra? Podría ser definido como una sociedad de inversionistas que integran capital, con el objetivo de obtener un rendimiento económico a través de una explotación agraria. A la vez, habría que decir que el pool de siembra es una categoría muy imprecisa, ya que con ese nombre se podría caracterizar a un emprendimiento de un grupo de chacareros que se propone operar en conjunto (un pool chico) o a una megaempresa con miles de hectáreas propias. En muchos casos, terrateniente y pool son un único sujeto: por ejemplo Grobocopatel tiene por lo menos 17.700 hectáreas en propiedad; Adecoagro, 248 mil y Agronor, 118.500.
El funcionamiento es sencillo. Luego de constituir el capital, los organizadores y administradores arriendan grandes extensiones de tierra para llevar a cabo la producción propiamente dicha, contratan equipos de siembra, fumigación, cosecha y transporte, con el fin de generar economías de escala y altos rendimientos. Finalmente, venden la cosecha, descuentan los gastos –entre ellos los de administración–, y distribuyen las ganancias o utilidades entre los inversores. ¿Qué dejan para la comunidad? Ni los granos, ni el consumo de gasoil, ni la compra de la comida para los trabajadores. Sólo los caminos rotos y la destrucción de la cultura del trabajo agrario de los pequeños y medianos productores, hasta lograr su definitiva desaparición.
Desaparición silenciosa
“Durante la década de los ‘90, según datos del INTA, desaparecía un productor cada ocho horas, lo que dejó como saldo la desaparición de 100 mil pequeños y medianos productores. Esos productores eran corridos por el endeudamiento con el Banco Nación que los intimaba y cuando se acababa la moratoria, se venía la ejecución. El productor era expulsado por el sistema financiero. Hoy, a diferencia de los ‘90, te acorralan los pooles de siembra. Y desde el 2003 hasta el 2008, según datos oficiales, desaparecieron silen- ciosamente más de 60 mil pequeños y medianos productores”, explicó Pablo Paillole, abogado y director del Distrito VI de FAA.
En esas 800 hectáreas podrían vivir 16 familias con aproximadamente 50 hectáreas para cada una (como actualmente tienen los colonos de Campo Bigand). Esto implica que serían 60 personas las que trabajarían en el campo en forma directa y más de 120 en forma indirecta. Y es por esta misma razón que, según Paillole, hace falta una nueva ley de arrendamientos.
“Es indispensable que se aplique una nueva ley de arrendamientos en la que el eje central sea fijar límites a la concentración, donde una persona no pueda alquilar más de 10 unidades económicas –se está buscando disminuir la cantidad de unidades económicas para esta zona–, que los contratos de arrendamientos no sean menores a cinco años y que entre el dueño de la tierra y el arrendatario se discuta y regule el tema de los precios del alquiler. Cuando desaparece un productor no viene otro productor, sino que viene un pool de siembra”, finalizó Paillole.
