El ingeniero agrónomo y militante de FAA, Tettamanti aseveró que “es necesaria y urgente una nueva ley de arrendamientos para poner reglas claras en nuestra actividad porque tiene una gran implicancia social y económica que conlleva a la vida de todos los pueblos del interior”.
El ingeniero agrónomo y militante de FAA, Tettamanti aseveró que “es necesaria y urgente una nueva ley de arrendamientos para poner reglas claras en nuestra actividad porque tiene una gran implicancia social y económica que conlleva a la vida de todos los pueblos del interior”.
“Los precios de los arrendamientos están determinados por las leyes del mercado capitalista, es decir, por la oferta y la demanda, y como por cada campo que se alquila aparecen como mínimo tres oferentes, en la mayoría de los casos terminan arrendando los que producen en escala y tienen bajos costos, por lo que es necesario sancionar una ley de arrendamientos”, advirtió el diputado nacional Omar Barchetta, mientras que agregó que los grandes productores no compran el gas oil en las estaciones de servicio sino que lo hacen directamente en las petroleras.
Con la maquinaria, los fertilizantes, los agroquímicos, las semillas y el resto de los insumos pasa algo similar, ya que no los adquieren en la cooperativa o los negocios de los pueblos, sino que acuden a los fabricantes donde consiguen importantes descuentos. Estas ventajas les permiten abaratar los costos, ofrecer más altos alquileres por los suelos y desplazar a los productores y contratistas del lugar. La irrupción de las cerealeras en el negocio ha agravado aún más la situación. En la zona de Máximo Paz, por ejemplo, han llegado a ofrecer hasta 23 quintales de soja por hectárea. Sólo pueden pagar esos precios porque no les interesa ganar con la producción en sí, sino que su negocio está en la comercialización de los granos.
AGD también ofertó 23 quintales por hectárea en forma adelantada y los contratos actuales en Bigand se rigen en 20 o 21 quintales aproximadamente. “Ningún productor puede competir con esas megaempresas porque no tienen la espalda suficiente. La sequía afectó muchísimo a la zona donde están ubicados los campos de Bigand y eso perjudicó de manera considerable los rendimientos, dando como resultado un promedio de 24 quintales (en épocas buenas rinden alrededor de 40)”, detalló Vicente Valeri, productor de Bigand y secretario de la filial de FAA.
Los pequeños contratistas están pagando alrededor de 20 quintales por hectárea, a esto es necesario sumarle los 12 quintales que tienen de costo de producción (cosecha, traslado, insumos, etc.), por lo que el punto de inferencia es de 32 quintales. O sea que si se tiene un costo de producción de 32 quintales y al final de la cosecha la producción rinde 24, se está perdiendo en 8 quintales por hectáreas. Ese pequeño contratista o productor se funde y es allí cuando los pooles aparecen a provocar el juicio final ofreciendo 23 quintales por adelantado.
“Nos están borrando del mapa”
Bigand se convirtió en el caso emblemático, pero no es la única localidad insertada en esta realidad. SURsuelo dialogó con un pequeño contratista del pueblo de Acebal, zona legumbrera, quien explicó que apareció una empresa llamada Aibe de Pavón Arriba que es acopiadora y corredora de cereal y que está ofreciendo uno o dos puntos más por hectárea.
“Esta empresa está ofreciendo dos o tres quintales más de lo que se rige en el mercado y contrata todos los servicios. Se da la paradoja que los mismos productores terminan siendo idiotas útiles a la empresa. A lo mejor un productor perdió su campo y se quedó con mano ociosa o herramientas ociosas, entonces viene la empresa y te dice que tiene 100 hectáreas para que trabajes vos y que te paga tanto. O sea que la empresa es la que fija el precio. Esos productores terminan siendo útiles al planteo de la empresa. Tenemos al enemigo en la silla de al lado y es otro productor desesperado por sobrevivir”, reflexionó el contratista.
Según el productor, la situación es desesperante y él es una especie en extinción porque con la sequía en lugar de negociar bajas en los alquileres, tuvieron que negociar una suba: “Con la sequía esta empresa tomó la decisión de avanzar más fuerte porque muchos contratistas tambalearon en tomar la decisión de seguir alquilando o no, entonces al dueño del campo le aparece esta oportunidad. El contratista no lo puede pagar por los bajos rindes y la poca rentabilidad y es allí cuando la empresa te terminó ahorcando”.
Con daños a terceros
La instalación de AGD en Bigand no sólo es una amenaza para los productores chicos y medianos y para los contratistas pequeños sino también para los trabajadores relacionados al sector y para el pueblo en general.
“Esto a la larga nos va a afectar a todos porque al no haber divisas dentro del pueblo, la gente no invierte, va a haber menos cosecha y la plata se va a ir toda afuera. Somos 80 familias las que estamos en el pueblo afiliadas a Uatre viviendo de la agricultura, de los acopios, cargamos camiones, bolsas y los demás trabajos particulares que se hacen en el campo. Por lo tanto, al no entrar el cereal en los acopios, no vamos a poder cargar y descargar los camiones, se va a achicar mucho el mapa y no vamos a poder sobrevivir todos”, le contó a este periódico Pedro Vargas, secretario general de Uatre Bigand.
“Un pool o gran contratista viene con máquina de afuera e insumos de afuera. En el pueblo no emplea mano de obra, no entrega la producción y eso afecta a los acopios locales y al transporte. Además, no compra ni un kilo de yerba, lo que daña al comercio y al nivel general de la comunidad. Una familia de esos campos vive en el pueblo, los hijos se educan en el pueblo, van a los clubes, entonces tienen una implicancia local directa. Parece una cuestión utópica la nuestra, pero la clase política se tiene que dar cuenta de las consecuencias negativas del modelo de concentración que lleva puesto a los pueblos del interior”, detalló Tettamanti.
Lo último que se pierde y negocia es la esperanza
Uno de los principales temores es lo que sucederá en el 2015, cuando se venzan los contratos de los productores que aún persisten en las 3.000 hectáreas de Bigand. “Esta empresa vino por las 800 hectáreas, pero está esperando esa fecha para cumplir con la idea que tiene desde un principio que es sacar a todos de las 3.000”, denunció el presidente comunal.
Los colonos del lugar han decidido luchar hasta el final para enfrentar esta situación porque entienden que estas megaempresas van por todo. “Es importante aclarar que una de las mandas del testamento de María Mercedes Bigand expresa que ‘se establecen con el cargo de no enajenar los campos que la integran durante el plazo de 10 años contados desde el vencimiento del último contrato de arrendamiento vigente a la época de su fallecimiento, y la obligación de que en oportunidad de enajenarse se ofrezca prioritariamente su compra a los arrendatarios’”, sumó Sandra Marinucci, una colona del campo de Bigand. Esto pone en evidencia que no se respetó en ningún momento el testamento firmado por la última heredera del Campo Bigand.
La comunidad bigandense volverá a poner a prueba las fortalezas con que hace un tiempo se movilizó para defender y exigir el cumplimiento del legado de la última heredera del fundador del pueblo, María Mercedes Bigand, quien en su testamento manifestó la voluntad de destinar el producido de sus tierras, las 3.800 hectáreas, a la creación de una Fundación para ayudar fundamentalmente a instituciones locales.
A esa lucha se sumó una fuerte movida para evitar el desalojo de los colonos que trabajan las tierras que pertenecieron a Bigand. Luego de una serie de marchas y contramarchas, se logró la renovación de los contratos de arrendamiento hasta 2015, lo cual atenuó el malestar aunque abrió el interrogante sobre qué sucederá cuando venza tal plazo. La única salida será la que se definió en aquella asamblea de Bigand: luchar todos juntos para lograr que esas tierras se queden en la localidad, ya que como FAA enarboló en Villa María en la década del ‘70: “La Argentina se recuperará con el campo, nunca sin el campo, menos contra el campo”.
