La propuesta de un impuesto a las grandes fortunas que financie un fondo especial para abordar la emergencia sanitaria fue presentado como proyecto de ley en el bloque del Frente de Todos por los diputados nacionales del Partido del Trabajo y del Pueblo, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva, hace unas semanas, junto a otros proyectos que están siendo considerados.
El tema se fue instalando en la opinión pública y el sábado llegó a ser tendencia en twitter con el hashtag #ImpuestoAlasRiquezas, alcanzando el 4to lugar con más de 8 mil tweets. El apoyo popular a la propuesta se basó en la necesidad de que quienes tuvieron ganancias exorbitantes durante los últimos años, millonarias e inalcanzables para la mayoría de la población, sean los que otorguen un porcentaje para un fondo destinado a una causa que es nacional, porque hacer frente a la pandemia del Covid-19 requiere del apoyo de todos los sectores.
“Que paguen los que más tienen #ImpuestoAlasRiquezas”, exigieron las redes. El impuesto a las grandes fortunas que plantea el PTP afectaría a quienes ganaron más de $1.000 millones en el último período fiscal y lo plantea poniendo sobre la mesa el debate de quién tiene que pagar el costo económico de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. La respuesta es que hay quienes están en excelentes condiciones para hacerlo y sectores muy vulnerables de salud, de trabajadores y barrios que están sufriendo fuertemente la falta de recursos básicos para la vida como alimento, agua potable, elementos de higiene, etc.
La cuarentena obligatoria, recientemente extendida hasta el 10 de mayo con algunas flexibilizaciones, logró que el número de infectados no crezca exponencialmente en el corto plazo y el gobierno nacional ha tomado medidas que buscan dar sostén a cada sector mientras se vive en estas circunstancias. La profundidad de la crisis previa y empeorada por la pandemia hacen necesario que también sea profundo el alcance de las políticas públicas.
Relatos de bronca y dolor se compartieron en twitter la tarde del sábado: “Pibes y pibas se desmayan en las filas de los comedores y merenderos porque no pueden cumplir con todas las comidas. Paolo Rocca, Pérez Companc, Bulgheroni: no están en situación de perderlo todo. Que esta vez les toque ganar menos #ImpuestoAlasRiquezas”.
Los comedores populares previo a la pandemia ya alimentaban a miles de familias que no lograban llevar un plato de comida a la mesa a diario. Con la llegada del coronavirus el número de afectados por esa situación ha crecido exponencialmente porque muchos se sostenían con empleos informales, changas esporádicas que ya no pueden conseguir dadas las condiciones de aislamiento. Cumplir una cuarentena resguardados en casas precarias en las que viven hacinados, en algunos casos sin agua potable o cloacas, y sin los recursos básicos de alimentación e higiene, es imposible y la asistencia del gobierno no llega a hacer frente a esta realidad, aunque la presencia de medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia son más que necesarias.
A las pequeñas y medianas empresas el gobierno les ha otorgado prestamos, reducción de cargas sociales y el pago de parte de los salarios, entre otras formas de contención para evitar cierres y despidos. Pero la situación del sector también era crítica antes de la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretada en el 20 de marzo por Alberto Fernández. Al plan de ayuda ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) se han inscripto 420.000 empresas y se ha habilitado hasta el momento a menos de la mitad para que la reciban. Más de 25 mil Pymes han quebrado y muchas otras están en la cuerda floja, intentando sostenerse y hacer frente al pago de sueldos. El gobierno sigue enviando medidas de apoyo, pero son insuficientes, su llegada no siempre es a tiempo y en la cantidad necesaria.
El Estado ha invertido en respiradores, readecuación de instituciones sanitarias, elementos de protección, etc., reequipando a hospitales públicos que fueron desfinanciados durante el macrismo. El esfuerzo es notable, pero quienes trabajan en el sector de la salud denuncian que no llegan en la medida en que lo requieren, que trabajan desprotegidos y que, como sucedió por ejemplo en el hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, hay profesionales que se han contagiado por la falta de barbijos, camisolines hidrorrepelentes y otros elementos de cuidado personal.
El fondo de emergencia que pretende crear el impuesto a las grandes fortunas busca dar sustento económico para profundizar las medidas estatales de sostén a cada sector, pidiendo el esfuerzo económico a quienes pueden hacerlo. Cuando se habla de personas físicas o jurídicas que ganaron más de $1.000 millones en el último período fiscal y de familias que no pueden hacer frente a su alimentación, es evidente la profunda desigualdad económica que tiene la Argentina, con una brecha honda entre ricos y pobres.
Pensar medidas populares para la emergencia requiere planificar de dónde van a salir los recursos que las sostengan. El pueblo ha demostrado su amplia solidaridad activa en las peores circunstancias, algo desconocido para los que están más arriba en la pirámide económica argentina. Las condiciones materiales para sobrellevar esta crisis tienen que salir indudablemente de quienes se enriquecieron con el viento a favor de políticas a su medida y una justicia que hizo la vista gorda frente a sus cuentas turbias. Que hoy los vientos sean favorables a las grandes mayorías.
