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02 de abril de 2026

Soberanía nacional

El Juicio por la nacionalización de YPF

Esta semana la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió la sentencia contra la Argentina por la estatización del 51% de YPF en el año 2012. Así, dejó sin efecto el fallo de primera instancia, que condenaba a nuestro país a pagar USD 16.000 millones al fondo buitre Burford, que había comprado el derecho a litigar al grupo Eskenazi.

Desde fines de los años 90 y hasta 2016 la producción de hidrocarburos y las reservas entró en un declive (primero del petróleo y posteriormente del gas).

En el año 1999, la empresa española Repsol adquirió el 98% de YPF, que ya sido privatizada en 1992. Luego de sobreexplotar los yacimientos que tenía YPF, a partir del año 2004, ante el declive de la producción de los campos convencionales, Repsol llevó a cabo una estrategia de desinversión que apuntaba a la salida de la Argentina.

A partir de 2007, en una operación inédita, el grupo Eskenazi adquirió el 25% de la compañía de la mano de Kirchner sin poner un dólar propio, tomando préstamos internacionales y financiamiento de Repsol, a pagar con los dividendos futuros de la empresa. Con esto, Repsol se aseguraba la venia oficial para la remisión acelerada de sus ganancias al exterior, como parte de la citada estrategia de salida de la Argentina.

Así, en el trascurso de esos años, YPF minimizó sus inversiones y maximizó los dividendos, que Repsol fue remitiendo a su casa matriz. Esta política de vaciamiento deliberado de la compañía intensificó la caída de la producción de hidrocarburos, que convirtió a la Argentina en importador neto de gas, generando una crisis energética y contribuyendo a la crisis de balanza de pagos que emergió en 2011 y derivó en el denominado “cepo cambiario”.

En este crítico contexto energético, el gobierno le planteó a Repsol no continuar con su política de remisión de dividendos y volver a invertir en los yacimientos. Ante la negativa de la empresa española, con la ley 26.741 el gobierno decidió la estatización del 51% de YPF en manos de Repsol (poseía en total el 57%). Esta incluyó la declaración de utilidad pública del autoabastecimiento nacional de hidrocarburos y una indemnización a Repsol con la emisión de bonos por USD 5.000 millones, que la compañía española se cobró rápidamente. La oferta no se extendió al resto de los accionistas, entre los que se encontraba el grupo Eskenazi.

A partir de ese momento, YPF dejó de repartir dividendos para destinarlos a la inversión local.

En 2012, el grupo Petersen (Eskenazi) inició un juicio contra el Estado Nacional. Petersen adujo que la compañía incumplió una promesa contractual de sus estatutos para realizar la misma oferta a los demás accionistas y que su empresa se vio obligada a declararse en bancarrota tras la decisión del gobierno argentino de tomar el control de YPF. En 2015, el fondo Burford Capital compró los derechos de juicio al grupo Petersen por USD 15 millones, que habría incluido un porcentaje posterior sobre el monto de la sentencia.

El 15 de setiembre del 2023 la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar 18.000 millones de dólares al fondo Burford.

Esta semana la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió la sentencia contra la Argentina, por lo que nuestro país ya no tendrá que pagar la citada sentencia. La Cámara dice que no es cierto que un contrato entre privados (reglamento interno de YPF) se superior a una ley dictada por el congreso de un país. El estado prevalece sobre el estatuto de YPF. El proceso judicial aun no termino, Burford va a ir a la Corte de EEUU.

La nacionalización de YPF y el cambio en su política de reinvertir las ganancias, aun con las limitaciones de seguir siendo una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York, permitió revertir la caída de la producción de gas y petróleo en Argentina y fue fundamental en el desarrollo de la producción de Vaca Muerta.

Ahora Milei se quiere montar en el resultado favorable del juicio, cuando en repetidas ocasiones expreso que Argentina debía pagarlo, plantea que las expropiaciones a los monopolios saqueadores son un robo e intentó incluir a YPF en la lista de empresas a privatizar en la Ley Bases.

Es necesario continuar la lucha por recuperar una YPF 100% estatal, que esté al servicio de un desarrollo industrial independiente a favor del pueblo argentino, y no el actual proyecto extractivista orientado a la exportación al servicio de los grandes monopolios e imperialismos.