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25 de enero de 2012

La pueblada de Famatina contra el proyecto de minería saqueadora y contaminante vuelve a poner en descubierto quiénes son los principales beneficiarios de la política del gobierno kirchnerista.

El kirchnerismo y la megaminería

Hoy 1403 / Una política proimperialista

En el terreno de la minería, los sucesivos gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han continuado y “mejorado” la política implantada con el menemismo, que abrió las puertas a un gigantesco saqueo de nuestros recursos naturales. Los monopolios imperialistas se llevan oro, plata, cobre, hierro, etc., y nos dejan veneno y miseria.
Esto es así porque la característica de la explotación minera “a cielo abierto”, es que se dinamitan miles de toneladas diarias de roca para, en un proceso de trituración y “lavado” (llamado lixiviación), de agua mezclada con cianuro, para obtener el mineral, sea oro, plata, etc. Como ejemplo de la magnitud del daño que estas explotaciones causan, consignemos que sólo para el caso de Veladero (explotación de la Barrick en San Juan), se vuelan 190.000 toneladas de roca diarias, y se utilizan casi 4.000 toneladas anuales de cianuro.
Tomando desde la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en el 2003, el incremento en inversiones mineras “es mayor al 1.570 por ciento”, decía la agencia oficial de noticias Telam, el año pasado. Estas mineras “roban descaradamente en sus declaraciones fiscales, pagan regalías miserables desconocidas en el mundo por su baja cantidad, contaminan el ambiente de varias provincias y ya exportan minerales por más valor que las carnes que exporta nuestro país” (Resoluciones del 11 Congreso del PCR).

 

De Menem a Kirchner
La estructura jurídica que ampara este saqueo está basada principalmente en: 1) dos leyes de 1993 (la 24.196 de inversiones mineras y la 24.228 denominada Acuerdo Federal Minero), cuando Menem era presidente y Kirchner gobernador de Santa Cruz, y 2) el Tratado de Integración y Complementación Minera del 29 de diciembre de 1998 con Chile, que es la entrega lisa y llana de miles de kilómetros cuadrados a ambos lados de la Cordillera de los Andes, a los monopolios mineros. Luego vinieron otras leyes complementarias que “mejoraron” la entrega de nuestros recursos mineros.
Toda la política menemista en la minería fue ratificada por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. De resultas de esta legislación, los monopolios imperialistas que controlan más del 90% de esta producción, tienen los siguientes beneficios:
• Por 30 años no se modifican las cargas impositivas. Los primeros 5 años no pagan impuestos.
• No pagan impuestos municipales ni provinciales (Ingresos Brutos, Automotor, habilitaciones, sellos, etc.).
• Las regalías son del 3%, de allí descuentan gastos, quedando hasta sólo el 1% en la mayoría de las exportaciones.
• Se les devuelve el IVA en la etapa de exploración y en los bienes que importan (por ej. automotores y maquinarias).
• Tienen deducciones especiales en impuesto a las ganancias.
• Si exportan en puertos patagónicos se les reembolsa entre el 5 y el 12%.
• No pagan: Impuesto a los contribuyentes. Impuesto por minerales extraídos, maquinarias o vehículos. Impuesto al cheque. Derechos de importación ni tasas aduaneras.
• Pueden transferir el 100% de sus capitales y ganancias al exterior.
 Esta política minera es la contracara de la empujada por distintos gobiernos reformistas, como el de Yrigoyen o Illia, y particularmente es el entierro de la concepción defendida desde los patriotas de Mayo, de considerar que el dominio originario del subsuelo pertenece a la Nación, reconociendo una justa participación de las provincias, concepción que ratificó la Constitución de 1949, en épocas del primer gobierno de Perón.

 

Socios en el saqueo
Recordemos que además de abrirle las puertas a gigantescos proyectos como el de la Barrick Gold en San Juan, entregarle a los chinos el hierro de Sierra Grande, y garantizar la continuidad de decenas de emprendimientos que están en desarrollo, como Bajo de la Alumbrera, Néstor Kirchner, en sus tiempos de gobernador santacruceño, conformó una empresa estatal, Fomicruz, que está asociada al monopolio Anglo Gold Ashanti, un consorcio británico-sudafricano de las empresas Anglogold Limited y Ashanti Goldfields Company Limited, en la explotación de Cerro Vanguardia.
Según el secretario de Minería, Jorge Mayoral, el desarrollo minero “crea mayores fuentes de empleo genuino, afincamiento de infraestructura básica y desarrollo de proveedores locales, promoviendo el arraigo poblacional y una mejor calidad de vida principalmente para las comunidades más postergadas del país”. Esto la ha ratificado el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, al decir que “la minería no es un demonio… la ciudadanía no debe decir que no a la minería”.
La pueblada de Famatina desmiente estas afirmaciones, que son la justificación de este gobierno para el gigantesco crecimiento de la minería a cielo abierto, que ha profundizado el saqueo, la destrucción del medio ambiente, la desaparición de economías regionales, constituyéndose en uno de los pilares de la Argentina dependiente de viejas y nuevas potencias imperialistas.