Si bien Patti ha vuelto a la cárcel, en la que debía estar desde hace largos años, y ya condenado, la verdadera cuestión que refleja su caso de manera paradigmática, es la persistencia de la impunidad.
La pregunta clave es porqué represores como Patti o Bussi, que secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a compañeros que hoy forman parte de los 30.000 desaparecidos pudieron llegar a ser candidatos a diputados o a cualquier cargo público.
Merced a la impunidad, los genocidas no sólo caminan entre nosotros sino que están en diversas funciones en el aparato del Estado.
Esta situación es responsabilidad de todos los gobiernos constitucionales posteriores a la dictadura y de una justicia cómplice que intentan hacer creer que no han tenido ninguna responsabilidad sobre los hechos de impunidad.
La falta de resolución de las necesidades populares y la política de legitimación de la impunidad es la responsable fundamental de los votos que pudieron haber recibido los Patti.
También han sido votados por quienes tenían expectativas de que la mano dura garantizaría la “seguridad”. Hipótesis que se ha demostrado claramente falsa en los hechos. Como siempre, la mano dura se aplica contra el pueblo que lucha. Esto también es responsabilidad de los distintos gobiernos que han enmascarado las causas sociales de la llamada inseguridad y han protegido los nichos de corrupción, delincuencia y negociados que anidan en el aparato del Estado, que son las verdaderas fuentes de la inseguridad.
El desafuero de Patti permite resituarlo en la cárcel. Es un logro del movimiento popular. Pero no puede considerarse que estamos en camino de terminar con la impunidad. Desde la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final sólo fueron condenados 3 genocidas y uno fue asesinado por su propia fuerza para evitar que diera información sobre la apropiación de niños.
El gobierno que se autotitula de los “derechos humanos” no sólo tiene una política represiva y patotera contra los que luchan, sino que reduce a discursos y gestos grandilocuentes lo que debería ser una verdadera política que permita el castigo a los genocidas de la dictadura.
La impunidad no se vence tratando de cooptar organizaciones populares y de derechos humanos; requiere medidas de fondo que este gobierno no está dispuesto a sostener. Así lo ha demostrado cabalmente en su actitud concreta ante la exigencia popular de aparición con vida del compañero Julio López. Este gobierno no abrió los archivos de los servicios de inteligencia, siguen en sus puestos fiscales y jueces cómplices y en sus cargos oficiales funcionarios que participaron de la represión, no se han exonerado los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaron en la dictadura, como salió a la luz en el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires a raíz del secuestro de Julio López.
Seguiremos luchando por el castigo a todos y cada uno de los represores de la dictadura. Cuando uno de ellos va a la cárcel lo consideramos como un triunfo de nuestra lucha. Pero estamos claros que la impunidad será verdaderamente resuelta, que el castigo a los genocidas solo será posible efectivizarlo más allá de algún caso simbólico, en la medida en que un gobierno patriótico y popular implemente la política para garantizarlo.
02 de octubre de 2010
