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02 de octubre de 2010

Al salir esta edición a la calle, el Senado estará discutiendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma a la ley de matrimonio civil que lo habilita.

El matrimonio homosexual

Hoy 1326 / Un avance en los derechos democráticos

Hemos dicho ya en estas páginas que estamos a favor de esta reforma, ya que implica un avance en los derechos democráticos de los homosexuales.
Al llegar el tema al Senado, y verse la posibilidad concreta que la Argentina sea el primer país de América en sancionar este tipo de norma, salieron a jugar con fuerza los sectores que se oponen, en particular los más reaccionarios de las jerarquías de las congregaciones religiosas, como la Iglesia Católica,  evangelistas, del rabinato judío, etc.
Los Kirchner, hábilmente, se han puesto en defensores del “matrimonio gay”, luego de haber pateado durante años propuestas de leyes similares. Les sirve para polarizar con sectores que tienen posturas tremendamente reaccionarias en este tema, corriendo del centro de la escena política temas “peligrosos” para su gobierno, como el desboque inflacionario, o el seguro veto al 82% móvil para los jubilados.
La reforma, que ha agitado aguas muy profundas en la sociedad, consiste en reemplazar la definición “hombre-mujer” por “contrayente” en el matrimonio civil tal cual está contemplado en el Código Civil. De la Comisión de Legislación General del Senado salieron dos dictámenes: el mayoritario que rechaza lo que viene de diputados y propone una “unión civil” sin derecho a la adopción, y una de minoría ratificando la ley aprobada en la Cámara de Diputados.

Un avance democrático
Concientes de las limitaciones que este tipo de leyes tienen en una sociedad atrasada y dependiente como la nuestra, hay que considerarlas un avance, ya que permiten, además del derecho a contraer matrimonio, beneficios en todo lo que hace a los aspectos previsionales, licencias especiales y extraordinarias, asignaciones familiares y de cobertura de obras sociales, acceso al crédito conjunto e incluso a las deducciones correspondientes al impuesto a las ganancias. Particularmente con esta ley se habilita la adopción por parte de las parejas homosexuales, quedando los niños nacidos de una relación heterosexual o por fertilidad asistida (en el caso de las mujeres) o adoptados –aceptados como hijos de ambos contrayentes–, en igualdad de derechos con los hijos de matrimonios heterosexuales o extramatrimoniales (cuyo reconocimiento legal recién se logró a mediados del siglo XX). Lo que implica además la paternidad compartida, derecho que tantos años llevó conquistar al movimiento de mujeres.
Como dijimos en un artículo anterior, todo esto muestra el peso de la “institución matrimonial” en nuestra sociedad, en la obtención de derechos elementales para las parejas y sus hijos, que muchas veces por no estar casadas según la ley, ven dificultado su acceso a la salud, la educación, el trabajo o la vivienda. Y en relación a la legalidad burguesa imperante, el matrimonio es fundamental a la hora de determinar la propiedad de los bienes, y la herencia.

¿Orden “natural” o institucional?
En estos últimos días los sectores más reaccionarios de la jerarquía de la Iglesia Católica se han puesto al frente de esta “guerra de Dios”, con argumentos sacados de las prácticas de la Inquisición. Que este matrimonio destruye “el plan de Dios”, que “puede herir gravemente a la familia”, etc., etc. Sectores evangélicos no le han ido en zaga, argumentando que “matrimonio” es “entre papá y mamá”, en nombre de una supuesta base biológica de las relaciones matrimoniales, con lo que pretenden mantener en realidad el orden de sus instituciones y, con ello, mantener su discriminación contra quienes no las acepten y contra los niños según nazcan o crezcan dentro de las mismas o no.
Tratemos de abstraernos un instante de la hipocresía de la mayoría de estas declaraciones (tanto la de los oponentes como la de algunos a favor), para poder ver algunas cuestiones de fondo. Porque ni la “familia” tal cual la declama el arzobispo Aguer existió siempre ni existe en todos los sectores sociales, ni esta ley es un “matrimonio igualitario”, como dice Néstor Kirchner.
El matrimonio es una convención social que, al igual que la familia, ha cambiado a lo largo de la historia, y tampoco se concibe de la misma manera en las distintas clases sociales. Federico Engels, hace bastante más de 100 años, se ocupó de este tema, dando cuenta de los estudios antropológicos que mostraban la diversidad de uniones sexuales existente a lo largo de la historia, y contemporáneamente según las culturas y sociedades, con criterios que iban mucho más allá de la sola reproducción de la especie.
No se nos escapa que hay otro debate más de fondo, que es el de la homosexualidad en sí misma, más allá de si matrimonio o unión civil, y de su consideración, al ser un rasgo de un sector que no es mayoritario en la población humana, con adjetivos tales como “aberración”, “desviación”, “enfermedad”, etc. Sobre esto, basta decir que los mismos argumentos se usaban hasta hace pocos años para los que escribían con la mano izquierda, y se siguen usando para todo lo que algunos sectores consideran “distinto”.
Hay sobrados ejemplos en la historia de sociedades que admitían las relaciones homosexuales, así como de “familias” totalmente distintas al modelo que quieren imponer las clases dominantes en la actualidad. Sin ir más lejos, recordemos que en nuestra sociedad colonial, y posteriormente durante muchos años, la norma en los casamientos de los sectores “decentes” era el arreglo entre las familias, sobre la base de cuestiones económicas, donde la mujer era “entregada”, como una cosa, y los hijos eran dados al cuidado de las “criadas”.

Una sociedad patriarcal
La base de esta concepción hipócrita se mantiene en la actualidad, porque nuestra sociedad es patriarcal, y subordina a la mujer. Esto no va a cambiar -si no se cambian las relaciones sociales con una revolución-, con esta ley, ni hará del matrimonio entre personas del mismo sexo una institución “igualitaria”. Porque estamos en una sociedad en la que hasta hace poco las mujeres eran consideradas “menores de edad” sin la posibilidad de disponer de bienes, en la cual el aborto sigue estando penado, y los derechos sociales de las mujeres son sólo letra muerta si no se efectivizan por la lucha de las masas. Esto vale tanto para algo tan elemental como igual salario para igual trabajo, como para un conjunto de derechos sociales. Y su “institución matrimonial”, sea entre personas de distinto sexo o del mismo, tiende a perpetuar los valores dominantes.
Por algo, las revoluciones triunfantes, ya sea en Rusia, China o Cuba, cambiaron las leyes matrimoniales favoreciendo el divorcio, combatiendo la subordinación de la mujer, de la mano de grandes movilizaciones de los explotados por conseguir ampliar sus derechos sociales.
Por eso no podemos ceder a la tentación, para finalizar, de repetir unas palabras de Engels, cuando señalaba que “el matrimonio no se concertará con toda libertad sino cuando, suprimiéndose la producción capitalista y las condiciones de propiedad creadas por ella, se aparten las consideraciones económicas accesorias que aún ejercen tan poderosa influencia sobre la elección de los esposos. Entonces el matrimonio ya no tendrá más causa determinante que la inclinación recíproca”.