El jueves 7, el gobierno macrista anunció 7 un acuerdo técnio con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo “stand-by” por 36 meses (3 años) que totalizaría 50.000 millones de dólares. El mismo todavía está sujeto a la aprobación de su directorio ejecutivo, que examinará el plan económico de Argentina en una reunión programada para el próximo 20 de junio. El crédito “stand by” es un instrumento que se utiliza para garantizar que se efectúe el pago de diversos tipos de obligaciones, si el titular no cumple.
“Dentro del paquete está previsto un desembolso inmediato del 30 por ciento, 15.000 millones de dólares, y después iremos viendo», dijo en conferencia de prensa el ministro Nicolás Dujovne. También precisó que el acuerdo incluye la meta de acelerar el ritmo de reducción del déficit del gobierno federal para alcanzar un balance en 2020. Además, unas metas de inflación del 17% para 2019, 13% en 2020 y 9% en 2021.
El mayor recorte al que ya se venía haciendo equivale a 9.000 millones de dólares más: es decir unos 225.000 millones de pesos al cambio actual. El pacto obliga a dejar el déficit a fin del año próximo en sólo el 1,3% del PBI. En relación a lo que planteaba el Presupuesto 2018 –3,2 % del PBI–- el recorte será aún mayor: de unos 300.000 millones de pesos. Las autoridades también se han comprometido a mantener un tope para el gasto en asistencia social durante los tres años de la duración del programa. Sólo se contempla en la llamada cláusula social un alivio de apenas 0,2% del PBI (unos 30.000 millones pesos, apenas un 10% del total de recorte) «si las condiciones sociales empeoran».
Si bien Dujovne no detalló de qué manera el gobierno planea cumplir con una reducción acumulada del déficit fiscal equivalente a 19.300 millones de dólares hasta 2021, en una planilla adicional que distribuyó el Ministerio de Hacienda detalla que la obra pública (gastos de capital) se achicará un 0,7% del PBI: unos $105.000 millones de pesos menos. Otra fuente del ajuste serán los «salarios y compra de bienes y servicios (gastos de funcionamiento)» del Estado: la reducción prevista es de 0,4% del PBI, unos $60.000 millones menos en términos reales. El resto es fundamentalmente subsidios: una reducción de $45.000 millones (0,3% del PBI). Y una caída de 0,2% del PBI en transferencias discrecionales a provincias.
Para 2019, la meta de achicar el déficit fiscal primario al 1,3% del PBI (originalmente era de 2,2% del PBI) supone una reducción del déficit en $210.000 millones a valores de hoy. Y para lograrlo el esquema es similar al de este año. Recorte de obra pública de 0,6% del PBI respecto de este año ($90.000 millones). Apretón adicional en subsidios de 0,4% del PBI ($60.000 millones), aún mayor a la cuenta de este año, lo que implicará aumento de tarifas de servicios públicos bien por arriba de la inflación. Recorte en la transferencia a provincias (-0,3% del PBI); y de salarios públicos y gastos de funcionamiento en términos reales (-0,2% del PBI).
En cuanto a la meta de inflación para este año del 15%, ya borrada por la realidad inflacionaria, pareciera que ahora será tratar de que no supere el 27,4% del consenso de las consultoras privadas, manteniéndose el objetivo se seguir achatando los ingresos de los trabajadores. Lo que acaba de ratificar el gobierno con un decreto que dice que sólo se admitirán las renegociaciones por la inflación hasta alcanzar un incremento total del 5% no acumulativo para el trimestre inmediatamente posterior a la suscripción de los convenios, pudiendo pactarse hasta en un 2,5% de incremento mensual y en dos cuotas. Es decir que lo que se pretende es garantizar un robo de más de 10.000 pesos mensuales a todos los salarios y demás ingresos de los trabajadores.
Todo esto para garantizar el pago de los intereses (y su reciclaje) de una deuda pública interna y externa, en pesos y moneda extranjera, que en 2017 aumentó en US$45.488 millones: subió de US$ 275.446 millones a U$S 320.934 millones. Y que hasta este momento, con el pacto con el FMI (en lo inmediato US$15 mil millones, de un total de US$50 mil millones) y las colocaciones de deuda en pesos y dólares en lo que va del año 2018, ya a unos US$365 mil millones, que a fin de año podrían resultar en unos US$400 mil millones.
A esto hay que agregar que la deuda pública bruta no incluye lo que adeudan las provincias. Tampoco la deuda del Banco Central en Lebac y otros en pesos y moneda extranjera y lo que aún se adeuda del cupón PBI.
Por lo visto, el pacto con el FMI no es para “atemperar” el ajuste sobre los trabajadores y la producción nacional sino para profundizarlo, para garantizar el pago de los crecientes intereses para los usureros internacionales acrecentando aún más el endeudamiento del país. El PTP y el PCR están en la primera fila de la lucha para repudiar este pacto de mayor hambre y entrega, trabajando en el reagrupamiento de todas las fuerzas obreras y populares, patrióticas, democráticas y antiimperialistas y, en unidad con las organizaciones sociales y políticas amigas, acumular fuerzas para conquistar otra política, una política que sea a favor de los trabajadores, el pueblo y la producción nacional. Y para esa otra política es necesario otro gobierno, un gobierno popular, nacional y democrático protagonizado por los trabajadores/as, los campesinos/as, los originarios/as, las mujeres, las y los jóvenes y los demás sectores populares.
Escribe Eugenio Gastiazoro
