En un mundo convulsionado, el 28 de junio de 1966 el general Juan Carlos Onganía derrocó al presidente radical Arturo Illia, lo que dio inicio a la dictadura de la “Revolución Argentina”. Frente a estos acontecimientos, Juan Domingo Perón, exiliado desde 1955, llamó a “desensillar hasta que aclare”, generando en el campo popular un compás de espera.
Una de las fuerzas que se había opuesto al golpe de Estado fue el movimiento estudiantil, nucleado principalmente en la Federación Universitaria Argentina (FUA), presidida en ese momento por Raúl Salvarredy –estudiante de medicina y miembro fundador del PCR–. Quizás por ello una de las primeras medidas de la dictadura, el 29 de julio, a sólo un mes del derrocamiento de Illia, fue la intervención a las universidades nacionales, suprimiendo la autonomía universitaria y el co-gobierno. Luego fueron disueltas las organizaciones estudiantiles.
En Tucumán esta dictadura, como parte de su política de “racionalización económica”, cerró 11 de los 27 ingenios azucareros existentes. En la provincia, cuya actividad económica más importante giraba y gira en torno a esta agroindustria, el cierre de la principal fuente de trabajo generó una crisis económica y social sin precedentes. A pesar de las promesas de Onganía y de su ministro de Economía, Néstor Salimei, de que no se perdería ni un puesto de trabajo, la dictadura eliminó más de 50.000 puestos de trabajo, arruinó a miles de productores cañeros y obligó a que más de un cuarto de la población abandonara la provincia. Muchos de estos ex obreros azucareros, no mejoraron en sus condiciones de vida ya que la mayoría fue a engrosar las villas miserias de los grandes centros urbanos.
El hambre recorrió todas las localidades de ingenios cerrados. También la lucha de los obreros y el pueblo se expandió. Los trabajadores azucareros organizados en la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia), realizaron distintas medidas de protesta, con la instalación de ollas populares en los sindicatos. En una de esas movilizaciones, el 12 de enero de 1967, en Bella Vista fue asesinada por balas policiales Hilda Guerrero de Molina, una de las mujeres que se había puesto al frente de la organización de las ollas populares. Ello generó un gran malestar en la población que se enfrentó a las fuerzas represivas, produciéndose la primera pueblada en la Argentina en contra de la dictadura.
Pueblada en Villa Quinteros
En ese contexto de manifestaciones populares en los pueblos de ingenios, el 9 de abril de 1969, en la localidad de Villa Quinteros –ubicada a 67 kilómetros de San Miguel de Tucumán–, las familias obreras al conocer que iba a pasar cerca de allí el interventor de la provincia, Roberto Avellaneda, se apostaron sobre la ruta con la intención de que éste pudiera ver de primera mano la situación de miseria en la que vivían, producto del cierre del ingenio San Ramón.
Sin embargo, las fuerzas de la policía provincial y federal reprimieron la concentración. Poco les importó que entre los manifestantes se encontraran familias enteras. Ante la represión, los trabajadores se defendieron y opusieron resistencia por alrededor de 7 horas. La jornada culminó con un saldo de 21 pobladores heridos y 11 policías lesionados.
La represión en Villa Quinteros generó un revuelo de protestas por toda la provincia, especialmente en San Miguel de Tucumán, en donde el movimiento obrero y el movimiento estudiantil protagonizaron significativas luchas, empalmando con el proceso nacional.
28 de mayo de 1969: El primer Tucumanazo
En el marco de una situación explosiva a nivel nacional, la chispa que finalmente encendió la pradera fue el Correntinazo, luego del asesinato del estudiante Juan José Cabral. A lo largo y ancho de la Argentina emergieron focos de protestas, destacándose los acontecimientos sucedidos en Rosario luego del asesinato del estudiante Adolfo Bello.
Frente a los hechos de Corrientes y Rosario, la FUA, presidida en esos momentos por Jorge Rocha –estudiante de abogacía y miembro fundador del PCR–, agitó un plan de lucha con un paro nacional para el 21 de mayo. En Tucumán, estudiantes universitarios y secundarios acataron ampliamente la medida de lucha, ocupando las calles del centro de la Ciudad, a través de “actos relámpagos”, que eran acciones de protestas coordinadas y realizadas rápidamente con el propósito de evitar ser apresados.
En este escenario, la CGT de los Argentinos y la CGT de Azopardo convocaron a una huelga nacional para el 30 de mayo. Al igual que en Córdoba, en Tucumán los ritmos de las protestas se fueron intensificando y se anticiparon a la huelga. El día 26, se organizó una misa en conmemoración de los estudiantes asesinados, la que terminó siendo reprimida por la policía. Ese mismo día la policía tomó por asalto el edificio de la Fotia.
El 28 de mayo, la regional de Tucumán de la CGT de los Argentinos, presidida por el dirigente peronista Benito Romano, convocó a una concentración obrera-estudiantil en la sede de la Fotia. Desde la madrugada, la Ciudad apareció envuelta en el humo de las barricadas. A la tarde, se realizó el acto en la calle debido a la gran cantidad de concurrentes que sobrepasó la capacidad del salón de actos de la Federación. Así, desde los balcones de la Fotia hablaron destacados dirigentes obreros como Romano, Ángel Manfredi –dirigente de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, militante del PCR–, Leandro Fote –dirigente del ingenio cerrado San José, militante del PRT–, Isauro Arancibia –presidente del gremio de los maestros de ATEP– entre otros. Todos los dirigentes mencionados fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura genocida.
En ese acto obrero-estudiantil, la única mujer que habló fue Rosa Nassif –miembro de la Junta Representativa de la FUA y fundadora del PCR–. Tiempo después, Rosa caracterizó a esa jornada de “combativa” y afirmó que “…desde la FUA, nosotros llamábamos a profundizar la unidad obrera–estudiantil y la resistencia por todo el país. La consigna era por la reapertura de las universidades y en repudio por los asesinatos de los estudiantes Cabral y Bello.”
Al finalizar el acto se decidió movilizar hacia la Casa de Gobierno en Plaza Independencia, levantando barricadas en las esquinas y ocupando alrededor de 15 manzanas. Mientras tanto, arribaban a la provincia más efectivos de la Gendarmería Nacional y a partir de la cero horas del día 29, el gobierno nacional inauguró los Consejos de Guerra Especiales en todo el país. Ello no amedrentó a las fuerzas populares, como lo demostraron los hechos del Cordobazo que hirió de muerte a la dictadura de Onganía.
Hoy N° 1770 12/06/2019
