El 27 de abril pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de la cadena nacional de radio y televisión anunció el envío al Congreso Nacional de un proyecto de Ley denominado “Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales”.
El 27 de abril pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de la cadena nacional de radio y televisión anunció el envío al Congreso Nacional de un proyecto de Ley denominado “Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales”.
El 15 de agosto, antes de las 24 horas de conocerse el resultado electoral que le dio un amplio triunfo en las elecciones primarias, la presidenta le reclamó al Congreso la aprobación de ese proyecto, mostrando de esta manera y con un tema tan especial, que su iniciativa política no disminuyó, aún en condiciones muy favorables para su gobierno. Dijo en esta ocasión: “creo que es un punto muy importante para demostrarle a la sociedad, a los sectores productivos y al mundo la idea que las fuerzas políticas en la Argentina tenemos acerca de un recursos estratégico y vital, como es la tierra, en un momento donde esto adquiere una importancia vital”. Agregó respecto del comportamiento del capital que “se está pasando de activos financieros a activos físicos”, es decir que el precio de la tierra será cada vez más elevado y la posibilidad de compra por parte de pequeños y medianos productores cada vez más imposible.
Lo que llama poderosamente la atención es que quienes se dicen progresistas como la presidenta, y su ministro de Agricultura Julián Domínguez, se ufanen de lo bien que le va al “campo en general” dando como ejemplo de que el mejor indicador es que el precio de la tierra se elevó mucho. Sin tener en cuenta que fue justamente la ausencia de una Ley de Arrendamientos que regule el precio y la duración de los alquileres de tierras, lo que permitió que suba a niveles inaccesibles para los verdaderos productores.
En nuestro país el surgimiento o desarrollo de miles de chacareros propietarios fue posible a partir de 1948 bajo el gobierno de Perón, a pesar del predominio latifundista de la propiedad de la tierra, con una Ley de Arrendamientos, como la 13.246, que además facilitó la compra con el congelamiento de los arrendamientos y el otorgamiento de créditos a tasas muy bajas. Por ello es urgente sancionar una nueva ley de arrendamientos que permita la regulación del precio de los arrendamientos y de la tierra, y termine con el liberalismo salvaje que impera en la materia desde la dictadura de 1976 de Videla-Martínez de Hoz, que ha logrado la expulsión de más de 160.000 pequeños productores del campo, y que contando desde 1958 son más de 200 mil.
La realidad es que desde abril hasta el día de hoy no se ha hecho nada concreto para parar la extranjerización de la tierra y en el camino está ocurriendo, por ejemplo, el avance del capital chino sobre la tierra de la provincia de Río Negro, donde están en juego más de 300 mil hectáreas. También el acuerdo del gobernador Capitanich de Chaco, muy cercano a la presidenta, que tiene el propósito de entregar más de 200.000 hectáreas de tierras por 30 años a capitales de Arabia Saudita para producir soja bajo riego.
El proyecto oficial que está en el Congreso fija su objeto en su artículo 2º, en sus dos incisos. Dice el inciso a) “determinar la titularidad, catastral y dominial, situación de posesión o tenencia bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales” y el b) “regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad de tierras rurales, cualesquiera sea su destino de uso o producción”.
El hecho tiene directa relación con el objetivo del gobierno de ganar posiciones entre los sectores de pequeños y medianos productores agropecuarios de cara a las elecciones del 23 de octubre venidero. Una ley para que trate el problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión que desde hace varios años exigían en sus luchas diferentes organizaciones agrarias de campesinos pobres y medios. En el caso de la Federación Agraria Argentina (FAA) desde hace más de ocho años en sus congresos anuales denuncia que ya están en manos de capitales extranjeros más de 18 millones de hectáreas. Es más, el 3 de marzo del año 2010, con la firma de los diputados Orsolini y Forte se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un “Proyecto de Ley de restricciones y límites a la adquisición de dominios de inmuebles rurales”, que hasta ahora no había sido tratado. También la Federación Nacional Campesina de la República Argentina (Fncra), desde su fundación en el año 2009, ha llevado adelante luchas importantes por la tierra y denunciando la extranjerización de la tierra y exigiendo en su Programa una Reforma Agraria Integral. Lo mismo hacen los Pueblos Originarios en Lucha en sus Encuentros, que además plantean la aplicación efectiva de la Ley 26.160 de reordenamiento territorial, que permite señalar y devolver la tierra de los pueblos originarios.
Algunas cuestiones del contenido del Proyecto
El Artículo 7º del proyecto oficial “establece en el veinte por ciento (20%) el límite a toda titularidad de dominio de tierras rurales en el territorio nacional” que podrán poseer personas físicas o jurídicas extranjeras. Si se toma como base para este cálculo el territorio continental argentino que tiene 275 millones de hectáreas, dicho límite sería de 55 millones de hectáreas, es decir que sobre las 18 millones ya poseídas por extranjeros, estos podrían avanzar comprando 37 millones de hectáreas más.
Como el proyecto no hace ninguna diferenciación de localización y calidad de la tierra recordamos que en nuestro país existen aproximadamente 116 millones de hectáreas cuyo régimen de lluvia anual supera los 500 milímetros, es decir que son naturalmente potenciales para su cultivo en secano. De esta cantidad 69 millones de hectáreas son aptas sin que en ellas se necesiten hacer inversiones y obras de infraestructura, sin embargo la apropiación latifundista de la tierra de la que se hizo la oligarquía terrateniente argentina después de usurpar la Revolución de Mayo de 1810 determinó que hasta el presente sólo estén bajo cultivo 29 millones de hectáreas.
Este tipo de análisis del uso y tenencia de la tierra no forma parte, ni por asomo, de los fundamentos del proyecto de ley, y por tanto elude referirse al poder de los actuales terratenientes a lo largo y ancho del país y la desposesión de centenares de miles de campesinos pobres y medios, de los cuales más de 60 mil fueron expulsados del campo en lo que va del gobierno de los Kirchner.
En la Resolución del 98º Congreso de Federación Agraria Argentina se señala que en el primer Congreso de la Tierra del año 2004 se denunciaba la concentración de la tierra en la República Argentina, ya que “de los más de 170 millones de hectáreas agropecuarias de todo el país, 74,3 millones estaban en poder de tan sólo 4.000 dueños, con un total en el país de 300.000 productores apenas 4.000 poseían la mitad de la tierra, en la región pampeana había 4 millones de hectáreas en manos de sólo 116 dueños”. Y al calor de la lucha reciente de Libertador General San Martín se recordó que en el caso de la provincia de Jujuy cinco propietarios son dueños del 40 por ciento del total de las tierras con valuación fiscal rural inmobiliaria. Por esta realidad decimos que el problema de este recurso “estratégico y vital” no se limita a la extranjerización, es mucho más amplio y profundo y requiere de una solución que puede lograrse a través de una Reforma Agraria Integral como la que vienen proponiendo las organizaciones representativas de los pequeños y medianos productores, de los campesinos pobres y pueblos originarios.
Al carecer de precisiones, el Artículo 9º del proyecto de Ley resulta confuso, ya que dice que “las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 has.), cualquiera sea su lugar de ubicación”. El Artículo 10º fija el criterio de que no se considerará como inversión la adquisición de tierras rurales a los efectos de los Tratados Bilaterales de Inversión. El artículo 11º ordena que dentro del plazo de 180 días de puesta en vigencia de esta Ley, los extranjeros deban denunciar ante la autoridad de aplicación las tierras de las cuales son propietarios. Por los Artículos 13 y 14 se crea un Registro Nacional de Tierras Rurales y se dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial que determine la propiedad de las tierras rurales de todo el país, tomando como base el registro existente al 1º de enero del año 2010.
Finalmente podemos decir que en el Artículo 16º del Proyecto está una de las cuestiones esenciales pues dice que “la presente ley no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación”. Con ello los propietarios extranjeros imperialistas como Benetton, Thompskin, Soros, Turner, el grupo chileno Arauco, los italianos de Nettis Impianti y Radici, el grupo australiano Liag, el grupo alemán Thyssen, el grupo Alderman Farm de Estados Unidos, los chinos, mineras como la Barrick Gold, los fideicomisos y pooles de inversión y otros de los que ya son propietarios de 18 millones de hectáreas estarán sumamente agradecidos. Lo que demuestra que tras una aparente ley progresista, se oculta una medida que les permite mantener y acrecentar su tenencia a monopolios imperialistas o inversores extranjeros que vienen a la Argentina en medio de la actual crisis mundial a adueñarse de un recurso estratégico para la producción de alimentos, escaso y ya monopolizado.
Existen en la Argentina de hoy por lo menos 500 mil familias de campesinos que tienen problemas de tierra, ya sea porque nunca fueron dueños o porque por el paso del tiempo se fueron fraccionando por herencia, y sus pequeños propietarios expulsados del campo porque tienen que ceder sus propiedades para que las trabajen pooles o contratistas que así logran sumar parcelas y producir en grandes escalas de tamaño y volumen de producción. Al mismo tiempo en las ciudades y en el campo son millones las personas que necesitan un pedazo de tierra para producir y para construir viviendas, como se demostró en diciembre en el Indoamericano en Buenos Aires, con los originarios de La Primavera en Formosa y recientemente en Libertador General San Martín en Jujuy. En todos estos casos la lucha por la tierra costó sangre y se consumaron asesinatos que exigen justicia por parte del pueblo. Como se dijo en el reciente “Encuentro por la tierra, la vivienda y el hábitat”, realizado en La Matanza: “el problema de la tierra estalló y vino para quedarse”.
Como el título del proyecto habla de “regulación de la propiedad de la tierra”, esto significa y abre la posibilidad de que en el Congreso no sólo se trate el tema de la extranjerización sino también la cuestión del uso y tenencia de la tierra y de toda la estructura de la propiedad de la tierra en la Argentina, lo que debería concluir en una moderna Ley de Arrendamientos. Somos partidarios de la necesidad de este debate como base para que exista política para crear un millón de nuevas chacras mixtas.
El debate sobre este proyecto es una ocasión para que desde las filas de las organizaciones que representan a los campesinos pobres y medios, a los chacareros, a las comunidades de originarios, así como a las organizaciones sociales y partidos políticos democráticos y populares se debata su contenido y alcance y se denuncie la extraordinaria concentración de la propiedad de la tierra por parte de la oligarquía y extranjeros, que es la causa principal del problema por el que los campesinos no pueden acceder a la tierra y que en las ciudades haya estallado el tema de la tierra para construir viviendas.
Finalmente, el otro tema que debe incluir el debate del contenido del proyecto de ley es la prohibición de que los extranjeros arrienden tierras, cosa que ya está sucediendo en algunas regiones.
En este contexto seguiremos levantando como programa y proponiéndonos el objetivo de una Reforma Agraria Integral urgente y necesaria.
29 de agosto de 2011
