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13 de febrero de 2013

Siguen impunes las cuatro muertes provocadas por las fuerzas represivas y Ledesma el 28 de julio de 2011, en el desalojo que puso por encima la protección a la propiedad privada de un predio que la vida digna y la vida misma de un pueblo.

El pueblo aún los llora y grita ¡justicia!

Las cuatro muertes en la represión de Libertador, Jujuy

El gobierno y Ledesma, con sus lacayos como el fiscal Parentis, lejos están del olvido a las acciones de quienes en medio de la represión y sus balas, mantuvieron la posesión del terreno, como único camino para resolver la problemática de la vivienda en una localidad en las que las familias vivían hacinadas, cercadas por la propiedad privada de Ledesma; como hoy sigue ocurriendo ya que no alcanza lo que se consiguió con la lucha para resolver el problema habitacional de la totalidad del pueblo.

El gobierno y Ledesma, con sus lacayos como el fiscal Parentis, lejos están del olvido a las acciones de quienes en medio de la represión y sus balas, mantuvieron la posesión del terreno, como único camino para resolver la problemática de la vivienda en una localidad en las que las familias vivían hacinadas, cercadas por la propiedad privada de Ledesma; como hoy sigue ocurriendo ya que no alcanza lo que se consiguió con la lucha para resolver el problema habitacional de la totalidad del pueblo.
Porque el poder no olvida a quienes lo enfrentan abriendo caminos para el conjunto del pueblo -las ocupaciones masivas en toda la provincia que siguieron al 28 de julio del 2011 son muestras de ello-, hoy se persigue a dirigentes y participantes de esa gloriosa lucha que miles de vecinos del pueblo de Libertador recuerdan en cada rincón de su nuevo lote que hoy se les ha adjudicado donde antes un cartel de propiedad privada indicaba que el dueño era Ledesma. Hoy ya no es de Ledesma.
Por ello el fiscal Parentis acusó por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, daño calificado e instigación a cometer delitos a dirigentes de la CCC como Kike Mosquera, Pepe Ibañez, Manolo Chigre, Mono Córdoba y otros.
Y la jueza Perez Rojas promovió acción penal. Los acusados, fueron citados a designar abogado defensor el 6 y 7 de febrero informándoseles las causas por las que se los acusa.
El 28 de febrero, desde las 8 hs., prestarán todos ellos declaración indagatoria, fecha que será una cita de honor en la lucha contra la criminalización de la protesta social que tanto el gobierno nacional como provincial impulsan, y por justicia por los crímenes del 28 de julio de 2011.
 
Los crímenes y las acusaciones a los policías
En el expediente, obran pruebas más que suficientes que dejan clara la participación de la policía en los asesinatos. Se acreditó sobradamente que las balas de los tres últimos crímenes partieron del pelotón de fuerzas de seguridad, que a las 12.30 hs. seguía combatiendo frente a la sede de infantería que luego fue incendiada tras los crímenes. No se necesita saber de cuál de los individuos salieron las balas -muchas, de las cuales algunas mataron y otras hirieron de gravedad-, para tener por acreditada la participación de por los menos los jefes policiales en los crímenes.
Sin embargo, desde hace un año, venimos insistiendo que desde el 28 de julio estaba también acreditada la desobediencia de la orden judicial que las 9.30 hs. mandó a detener el desalojo. Un año y siete meses después, recién se acusa a los jefes policiales por tal delito, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se acusa a los jefes policiales porque la fiscalía no podía sostener no hacerlo, pero acusando a ellos y a los dirigentes populares en la misma causa, se deja claro que avanzar contra unos (policías) implica avanzar contra otros (dirigentes populares). No importa que la “resistencia” haya sido contra un accionar policial delictivo. Esto marca el absurdo de las acusaciones a los dirigentes populares. Tampoco importa que el propio Estado haya reconocido la justeza de la lucha, al punto de expropiar esas tierras a Ledesma, y sacar el plan “Un lote para cada familia que lo necesite” a nivel provincial.
Los crímenes siguen impunes. Seguimos luchando por justicia para Alejandro y Ariel Farfán, Félix Reyes y Juan José Velazquez. Aunque el Estado se haya empecinado en la impunidad.
No los olvidan quienes presenciaron sus muertes, quienes sobre la tierra que los vio morir construyen sus casas. El pueblo jujeño que después de la gesta supo y se apropió del camino de las ocupaciones masivas para obtener un pedazo de tierra, y del conjunto del pueblo argentino que aún los llora y grita ¡justicia!