El dolor embarga a los ecuatorianos y ecuatorianas por la catástrofe del pasado 16 de abril. Al cerrar esta edición el número de víctimas fatales llega a 413, los heridos bordean los 3.000 y el Gobierno se niega a precisar el número de desaparecidos. Entre las víctimas también se encuentran personas de otros países. Es lamentable decir, pero, con seguridad ese número crecerá. El pueblo enfrenta una nueva adversidad que sabrá sobrepasarla como siempre lo ha hecho: con unidad, solidaridad y apoyándose en sus propios esfuerzos.
En la mayor parte del país la verdadera magnitud y secuelas del terremoto se pudo apreciar y entender un día después. Las imágenes que se reproducen por distintos medios son desgarradoras, pero ni de lejos permiten sentir el dolor, la desesperanza, el sufrimiento de quienes viven en las zonas más afectadas, a quienes expresamos nuestra solidaridad.
En condiciones difíciles como ésta es posible apreciar la capacidad de respuesta que tienen las sociedades y sus instituciones; en este caso, el gobierno ha dado muestras de incapacidad para dar una rápida y sólida respuesta. Debieron pasar alrededor de dos horas hasta que el vicepresidente Jorge Glas aparezca en los medios de comunicación para dar un informe escueto de la situación, minimizando o desconociendo la magnitud de los hechos, mientras por redes sociales la población denunciaba y conocía el grado de afectación. Este régimen, experto en manejar y montar rápidas cadenas de radio y televisión para imponer sus puntos de vista, ahora actuó con lentitud y ambigüedad. Zonas destrozadas por el sismo, como Pedernales o Canoa, no fueron tomadas en las primeras declaraciones oficiales del gobierno, lo que da cuenta de la desorganización o desorden en las instituciones competentes.
La gravedad de ello no radica en que esto no permitió que la ciudadanía conozca con prontitud lo que sucedía en determinados puntos del país, sino que, por tal descoordinación, la ayuda gubernamental tardó en llegar a aquellos sitios que más necesitaban. Tanto es así que en muchos puntos la ayuda espontánea, con socorristas de otras ciudades llegó antes que los equipos organizados por el Gobierno. Tal es la ineptitud e indolencia que a 36 horas de haberse producido el desastre, algunas poblaciones no conocían aun lo que es la ayuda gubernamental, o que se niegue a entregar el presupuesto adeudado a la prefectura de Esmeraldas, bajo el cínico argumento de que no ha sido muy afectada.
La vigencia de una ley de Comunicación autoritaria obligó a los medios a una autocensura por temor a las sanciones lo cual, sumado a la tardía respuesta del Gobierno, dejó a la población en la incertidumbre, desarmada frente una situación totalmente inusual, sin saber qué mismo ocurría y qué medidas debían tomarse.
No solo se ha debido soportar la incapacidad gubernamental para hacer frente a la crisis, sino también la petulancia de Rafael Correa. Preocupado en salvar su imagen se ha permitido decir que las cosas podían ser peores, insinuando que por la “revolución ciudadana” no ha ocurrido así, o que gracias a tener un avión del que puede comunicarse ha estado al tanto de lo que sucedía. ¿Acaso le parece poco que hayan fallecido 413 personas y que Pedernales, Canoa y otras poblaciones estén prácticamente devastadas?
Como ocurre generalmente, cuando se producen fenómenos naturales de esta índole, los sectores más afectados son los más pobres, los que con enorme esfuerzo han podido construir sus viviendas o arriendan edificaciones vetustas. Estos sectores requieren ayuda prioritaria, y en general todas las poblaciones afectadas. El Gobierno debe canalizar recursos económicos y materiales de manera urgente a esos sitios. La reconstrucción requiere de dinero y capacidad de gestión. Políticas económicas como las que ha planteado en este tiempo, que afectan las condiciones de vida del pueblo con impuestos deben ser archivadas. ¡Primero está la vida!, por lo tanto, recursos presupuestados por el régimen, como por ejemplo para entregar a la Oxy deben ser orientados para atender a las víctimas y las zonas de desastre.
El pueblo ecuatoriano debe mantenerse vigilante para que los recursos económicos destinados para enfrentar las secuelas del terremoto se canalicen adecuadamente y de manera urgente, así como también la ayuda internacional que los pueblos hermanos nos están brindando.
