El Reino Unido decidió extender el control sobre zonas marítimas de las Islas Malvinas, donde prohibieron la navegación y la pesca. Se trata de 166 mil km² que se sumarán a los 283 mil km² que, en 2012 con la creación de una Área Marítima protegida, impuso el Reino Unido en su momento.
El Reino Unido ignora todas las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el conflicto de soberanía en el Atlántico Sudoccidental y otros acuerdos, como el de la conservación de los recursos marinos antárticos. En base a su poder militar, Inglaterra ejerce de hecho la soberanía sobre vastos territorios que nos pertenecen, sin duda alguna, a los argentinos, para consolidar su dominio colonial y su posicionamiento geoestratégico en el Atlántico Sur.
La cuestión Malvinas
Malvinas involucra a todos los archipiélagos australes, la rica plataforma continental argentina, la Patagonia y la proyección antártica. Es la soberanía de mares que unen el Atlántico Sudoccidental, el Pacífico Sur y el Océano Índico. Es la soberanía de un paso estratégico a nivel mundial desde el punto de vista comercial y militar. Es la soberanía de las riquezas hidrocarburíferas, ictícolas, de reservorios polimetálicos, de agua dulce, etc.
No se puede hablar seriamente de la recuperación de Malvinas y la defensa de nuestros mares, territorios continentales y proyección antártica sin la anulación de los oprobiosos Acuerdos de Madrid de octubre de 1989 y febrero de 1990. El primero de ellos nos impuso el paraguas británico de soberanía, y el segundo, el control de nuestro sistema de defensa nacional con la consiguiente destrucción del sistema del complejo de ciencia y técnica autónomo.
Malvinas exige, además del repudio a esta decisión unilateral británica de extender el control sobre áreas marítima en Malvinas, la urgente derogación de la Ley de Garantía a las inversiones británicas N° 24.184.
El estricto cumplimiento de la Ley Nº 26.659 (Ley Solanas), y la Ley Nº 26.386 que prohíben las explotaciones petroleras y pesqueras en el territorio nacional (como las actuales frente a las costas de Tierra del Fuego y d ella provincia de Buenos Aires), a quienes tienen directa o indirecta relación con actividades en Malvinas y, del mismo modo la nacionalización y efectiva ejecución de la Ley Gaucho Rivero que prohíbe el uso de puertos nacionales por parte de embarcaciones británicas.
Desechar el “Acuerdo de Nueva York de 1995 sobre especies transzonales y altamente migratorias”, que el Congreso Argentino aprobó por ley Nº 25.290 de julio del 2000 y cuya anulación está pendiente por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
No aceptar integrar la “Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico”, y no ratificar la “Convención sobre el Estado rector del puerto”.
Anulación de las concesiones petroleras a empresas inglesas o asociadas a los colonialistas ingleses, como Shell y Equinor, frente a las costas de Tierra del Fuego y las de la provincia de Buenos Aires por aplicación de la Ley 26.659.
Todas estas medidas necesarias para defender los derechos argentinos ante la ocupación colonial británica van en sentido contrario de la política de Milei para Malvinas y su alineamiento internacional con EEUU, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte e Israel. Por ello no sorprendió el silencio de la cancillería argentina y de Mondino durante varios días frente a esta nueva provocación británica contra los intereses de nuestro país. La nota que finalmente envió Mondino a la embajadora británica, más que una nota de reclamo parece un pedido de disculpas por la queja tardía.
Escribe Alberto F. Cordelli
Hoy N° 2003 20/03/2024
