En general, hay dos formas en las que se manifiesta el robo inflacionario por parte del Estado nacional. Una es el aumento de la recaudación por la suba de los precios, cuando el impuesto es un porcentaje sobre el precio como ocurre con el IVA, los impuestos aduaneros o al cheque. Lo mismo ocurre con el impuesto a las Ganancias, el Monotributo o a Bienes Personales, cuando no se actualizan los mínimos no imponibles o las escalas del impuesto. La mayoría de estos impuestos son coparticipables con las provincias, y otros no como a los combustibles y los aduaneros (salvo lo que se recauda del “complejo sojero”, que tras la Rebelión Agraria del 2008 se coparticipa un 30 % a las provincias).
La otra forma de robo inflacionario por parte del Estado nacional, que no se ve, es la emisión de billetes directamente para cubrir el déficit fiscal (cuando el gasto es mayor de lo que se recauda). Dicho robo consiste en la pérdida de valor de los pesos que todos tenemos en nuestros bolsillos como consecuencia de la suba de precios. Como el Estado nacional es el único que tiene la potestad para imprimir la moneda nacional (el derecho de señorío sobre la moneda), el único que gana con ese exceso de emisión es el gobierno nacional, que hace que todos los argentinos desde La Quiaca a Ushuaia lo paguemos a través del menor poder adquisitivo de esos billetes. Esto es lo que los economistas llaman el impuesto inflacionario, que no es registrado como un impuesto, pero que todos los argentinos lo sentimos en nuestros bolsillos.
