Se estima que en la actualidad 1,5 millón de asalariados (un 20% de los trabajadores en blanco) pagan el gravamen y que otros 350.000 pasarán a tributarlo este año por la falta de actualización del mínimo no imponible. También en esta situación se encuentran más de 200 mil jubilados, que han hecho aportes extraordinarios, como es el caso de los trabajadores de Ciencia y Técnica.
Se estima que en la actualidad 1,5 millón de asalariados (un 20% de los trabajadores en blanco) pagan el gravamen y que otros 350.000 pasarán a tributarlo este año por la falta de actualización del mínimo no imponible. También en esta situación se encuentran más de 200 mil jubilados, que han hecho aportes extraordinarios, como es el caso de los trabajadores de Ciencia y Técnica.
Según el nivel salarial, el impuesto a las Ganancias se puede llevar 2, 5, 8, 10 por ciento del sueldo y más. Esos casi 2 millones de trabajadores en relación de dependencia, van desde obreros petroleros, de la siderurgia, camioneros, químicos y petroquímicos, de luz y fuerza, gráficos, plásticos, papeleros y mecánicos, hasta trabajadores bancarios, telefónicos, ferroviarios, docentes y de tantos otros gremios que son alcanzados por el impuesto si logran hacer horas extras, ya que su piso mínimo –de 7.998 pesos para los trabajadores casados con dos hijos y de 5.782 pesos para los solteros– no se actualiza desde hace más de un año (a lo que se suma el arrastre de su no actualización en 2009 y que la actualización en 2011 fue de solo 20%, cuando la inflación y los aumentos salariales de ese año rondaron un 30%). Como consecuencia de esta demora, una porción significativa de las subas salariales acordadas recientemente en paritarias serán apropiadas por el gobierno.
A medida que los salarios suben acompañando a la inflación (es decir, no porque tengan mayor poder de compra o “dejen más ganancia”), se producen tres efectos: cada vez más empleados cobran sueldos que traspasan el piso y, por ende, empiezan a pagar; los que ya pagaban pasan a tributar porcentajes mayores, ya que, por cada tramo más alto de salario se pagan porcentajes mayores (la llamada “tablita de Machinea”, que nunca eliminó el kirchnerismo); el monto que se puede restar de la base imponible (todo lo que se cobra en el año) por deducciones (por familiares a cargo, por ejemplo) queda congelado, aunque criar un hijo, en el ejemplo, sea cada vez más caro. Así, aumenta la base imponible.
Se calcula que por no ajustar el “mínimo”, el gobierno se quedaría este año con unos $4.000 millones que debería haber ingresado en las familias de los trabajadores. Además, por no actualizar el tope salarial que da derecho a cobrar las asignaciones familiares, el gobierno se queda con otros $1.800 millones que también deberían haber sido percibidos por familias trabajadoras.
Lo personeros del kirchnerismo aducen que dejar de cobrar este impuesto afectaría a las provincias ya que es coparticipable, pero lo cierto es que con solo aplicárselo a las rentas financieras, que siguen exceptuadas, se podrían obtener $5.000 millones, cifra que sobrepasa el robo a los trabajadores. Y ni qué hablar de gravar otras actividades que están exceptuadas de pagar impuestos, como las transacciones financieras, el juego, la minería, etc.
