Cualquier economista sabe, o debería saber, que el salario es una cosa y la ganancia otra muy distinta. El salario es el precio de la fuerza de trabajo, lo que se paga a un trabajador por el tiempo que es contratado, sea por un día (jornal), por quince días (quincena) o por mes. En cambio, la ganancia es lo que le queda de remanente al patrón o capitalista (empresario) cuando vende lo que ha producido el trabajador en ese tiempo que fue contratado, después de pagarle el salario y descontarse lo que le costó la materia prima y el desgaste de la maquinaria. Ese remanente es lo que se llama plusvalía o plusvalor, es decir el mayor valor que le queda al empresario después de cubrir lo que le pagó al trabajador asalariado. Por tanto, la fuente de la ganancia (y de la renta, en el campo o la minería) es el plusvalor, o sea la parte del valor agregado en la producción que sobrepasa lo que se paga en salarios.
Esto que describimos es lo que se llama distribución primaria del valor agregado o producto interno bruto (PIB), que es a lo que se refieren los economistas cuando hablan de la participación de los asalariados. O sea el porcentaje que representa la masa salarial sobre el total del valor agregado, y que da una idea del “primer reparto”. En el caso de nuestro país, por los estudios que registramos en nuestra edición anterior (Cae la participación de los trabajadores en el PBI, hoy nº 1425), la masa salarial representó un 37,6% del PIB en 2011, correspondiendo el resto (62,8%) a los cuentapropistas y los empresarios en general. De esto último, la mayor parte se lo llevan como ganancia los monopolios imperialistas o como renta los grandes terratenientes, dada la estructura latifundista y dependiente que el “modelo” kirchnerista no ha hecho más que reforzar en estos años.
Pero este “primer reparto” no termina aquí, pues el Estado oligárquico-imperialista se apropia de una gran parte de ese valor agregado, a través de los impuestos directos e indirectos. Un ejemplo típico de impuesto directo es el impuesto a las Ganancias, que en principio tendría que afectar solo a los empresarios. Y un ejemplo de impuesto indirecto es el llamado Impuesto al Valor Agregado (IVA), en realidad un impuesto no a la ganancia o renta sino al consumo. Como en el caso de los trabajadores asalariados casi todo su ingreso se destina al consumo (alimentos, vestimenta, servicios gravados por el IVA), con sólo este impuesto (al que se suma el robo inflacionario mes a mes) el Estado se apropia de casi un 20% del total de la masa salarial, la participación de los asalariados en el PBI se reduce en la misma proporción, es decir que en vez de un 37,6% en realidad la participación de los asalariados es de menos del 30% (asumiendo que el Estado no se quede también con parte del salario diferido, como ocurre cuando no paga el 82% móvil a las jubilaciones, o se queda con parte de las contribuciones para las asignaciones familiares o las obras sociales).
La trampa “conceptual”
Pero, para encubrir la diferencia entre salario y ganancia o renta, la economía burguesa llama a todos ingresos o réditos. Así el salario sería el rédito del trabajo, la ganancia el rédito del capital y la renta el rédito de la tierra. De esta manera, el Impuesto a los Réditos (hoy llamado Ganancias) terminó siendo un impuesto a todos los ingresos, incluyendo la llamada Cuarta Categoría que grava al trabajo personal a partir de cierto monto mínimo del salario o de la “ganancia” del trabajador, sea asalariado, trabajador independiente e incluso jubilado. Esto se ha convertido en el tema del día por la inflación que ha hecho que dicho monto mínimo se haya convertido en realidad en un mínimo de subsistencia, a partir del cual todos los trabajadores tienen que pagar Ganancias. Lo que la señora presidenta considera una minoría, más de 2 millones de asalariados y de 200 mil jubilados, no hace más que indicar que el 80% de los asalariados registrados, el 100% de los precarizados y el 95% de los jubilados, cobra menos que lo necesario para su subsistencia.
Para colmo, mientras se grava a las “rentas” del trabajo personal, y la mayoría de las actividades productivas, se exceptúa a las rentas financieras, mineras e incluso del juego. Además tenemos un impuesto a los débitos y créditos bancarios (el llamado impuesto al cheque) que afecta a las actividades productivas y comerciales, mientras las transacciones financieras (compra y venta de bonos y acciones) no tienen ningún impuesto.
Se impone, entonces, la necesidad de unir las fuerzas obreras y populares para luchar por la inmediata eliminación del impuesto al trabajo (ni los salarios, ni las jubilaciones, son ganancia), junto a la lucha por la segmentación de las retenciones eliminándolas a los pequeños productores hasta 300 toneladas y la creación de un impuesto especial a los monopolios, la minería, las transacciones financieras, el juego, etc., como plantean el PTP y el PCR en sus 5 medidas de emergencia. En la lucha por una política económica e impositiva para aumentar la producción nacional y promover la creación de empleos, como se plantea en el punto 7 de nuestras 10 propuestas programáticas, para que la crisis la paguen los que se enriquecieron estos años.
