En Misiones, el corazón yerbatero del país, se vive una crisis profunda. Desde la firma del Decreto 70/2023, dictado por el gobierno de Milei en su primer mes de mandato, miles de pequeños productores están siendo arruinados, y miles de tareferos trabajan más, por menos ingresos.
El decreto, que el presidente presentó como parte de su “reforma económica integral” destruyó en los hechos toda regulación estatal sobre el mercado de la yerba mate. Al despojar al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de sus facultades, el gobierno “vació” el único organismo que equilibraba mínimamente la relación entre la producción primaria -los colonos y cooperativas- y las grandes industrias concentradas.
“El decreto fue un traje hecho a medida de las grandes empresas”, explica Federico, “Cada capítulo del DNU parecía escrito por una multinacional o un grupo económico local. En el nuestro, el nombre propio era ‘Las Marías’, de los Navajas Artaza”.
De 300 a 180 pesos: un desplome planificado
Antes del vaciamiento, en diciembre del 2023 el INYM había fijado el precio oficial de la hoja verde en $300 por kilo, y en marzo del 2024 el precio fijado fue de $370. No obstante, al comenzar la “cosecha gruesa” (marzo/abril), el “oligopolio yerbatero (conglomerado de grandes industrias), se dio una política de “destrucción” del precio de la materia prima, pagando el kg en $180 a la producción primaria, pese a una inflación acumulada del 95%.
“El resultado fue brutal -dice Federico-. Aumentaron todos los costos de producción (gasoil, electricidad, insumos, etc.) y de la canasta familiar de las familias argentinas, pero el precio de la materia prima que le pagan al productor se desplomó tornando inviable ‘la chacra misionera’. El decreto de Milei fue la sentencia de muerte para miles de familias campesinas”.
El “negocio” yerbatero argentino está concentrado como pocos: el 99% de los productores de materia prima, en su mayoría del sector denominado “agricultura familiar” (cerca de 13 mil productores) controlan el 71% de la materia prima.
En el otro extremo, nos encontramos con “empresas integradas” que solo representan al 1% de los productores, y se “autoabastecen” de materia prima en un 29%, controlando miles de hectáreas de cultivo, además de sus propios secaderos, plantas de molienda y envasados y la comercialización. “Estos grupos actúan como terratenientes y como industriales al mismo tiempo. Se autoabastecen, manipulan los precios y dejan sin aire al productor chico que no tiene espalda financiera ni redes de comercialización”, señala Federico.
La destrucción del precio de la materia prima llevada adelante por el “oligopolio yerbatero” fue habilitada por la política del gobierno de Milei quién habilitó la importación de “yerba mate canchada” (yerba mate sometida a una primera molienda gruesa), que se incrementó en un 500%. Es decir que por un lado vaciaron el Instituto que establecía el precio “mínimo” de la materia prima (para que sea sustentable) y por otro, ingresaron yerba de menor calidad) desde Paraguay y Brasil a muy bajo costo (como consecuencia de la política cambiaria).
Con ello, se instauró una nueva regulación de facto, que le permitió al “oligopolio yerbatero” llevar adelante un verdadero saqueo: una brutal transferencia de riquezas desde el sector primario (compuesto por productores y tareferos, los trabajadores herederos de los mensúes) hacia las tres o cuatro empresas que controlan el negocio “Las Marías (Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita), “Coop. Liebig” (Playadito) la Cachuera (Amanda), estimada en 140 mil millones de pesos en el año 2024, tendencia que se mantiene durante el 2025.
En los tribunales y en la calle
Frente a esta ofensiva, los productores no se quedaron quietos. En enero de 2024 presentaron un amparo judicial para suspender la aplicación del DNU. La jueza de primera instancia les dio la razón, y la Cámara Federal de Posadas ratificó el fallo. “Con dichas resoluciones, el ‘capítulo yerbatero’ del DNU 70/2023 se encontraba suspendido por la decisión judicial que el gobierno nacional no acató”, denuncia Padolsky. Dicha desobediencia motivó a que en el mes de marzo del 2025, dirigentes del sector de la producción realizaran una denuncia penal contra el presidente Milei, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, causa que aún tramita en Buenos Aires.
En el marco de dicha investigación (llevada adelante por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n.º 2 de la Capital), distintas asociaciones, cooperativas, el Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR) y productores a título personal, decidieron promover una petición al Juzgado a los fines de que cese el estado de delito que, en opinión del sector, está cometiendo Milei al no designar al presidente del INYM. Dicha presentación fue acompañada por un abrazo al INYM en el que participaron productores y distintos actores de la provincia. “Fue un hecho muy importante”, sostiene Federico, ya que independientemente de los resultados, se fue forjando una importante unidad entre las distintas asociaciones de productores y tareferos, en una provincia donde hay más de setenta municipios.
La desregulación de Milei y el modelo agroexportador
El impacto social es devastador. El Banco Macro registró un crecimiento “exponencial” de la morosidad entre las familias productoras, que antes prácticamente no tenían deudas. “Hoy hay intimaciones, ejecuciones y remates”. El golpe también alcanza a las pymes y cooperativas que gestionan secaderos, la primera etapa de industrialización de la yerba. “La yerba canchada -que surge del secado de la hoja verde- se paga en función del precio de esta hoja verde. Si ese precio se desploma, también se hunden las pymes.
“La destrucción de la economía de los pequeños productores se está dando a un ritmo mucho más veloz que en los ‘90. Queremos una regulación con control social, un precio justo para el productor y trabajo digno para el tarefero”, plantea.
Pese a la magnitud de la crisis, el tema casi no aparece en la campaña electoral. “Todos hablan de la yerba mate, pero nadie va al fondo. El oficialismo pretende usarlo como bandera, soslayando que han sido actores claves para que el gobierno de Milei pueda sostener el DNU 70/2023 y avanzar en la sanción de sus leyes (Ley Bases) y los vetos presidenciales. Asimismo parte de la oposición sólo repite consignas sin tocar los intereses de fondo”, señala Padolsky. “No van al núcleo del problema: la concentración económica y la dominación de los monopolios yerbateros”, agrega.
Los productores preparan nuevas acciones judiciales y asambleas para exigir que se restituya la autoridad del INYM y se castigue a las empresas que pagan por debajo del precio oficial.
hoy N° 2081 15/10/2025
