La movilización exigió la implementación urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada pero paralizada por el Gobierno. Con antorchas, los participantes denunciaron el congelamiento presupuestario, los recortes en programas esenciales, y la amenaza al Hospital Garrahan, en continuidad con los reclamos que organizaciones del sector vienen sosteniendo. En una jornada que combinó dolor, cansancio y firmeza, la consigna fue clara: defender derechos básicos frente a un gobierno que profundiza el ajuste sobre las poblaciones más vulneradas.
El sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina atraviesa un derrumbe anunciado, profundizado y acelerado por las políticas del gobierno de Javier Milei. Escuelas especiales, centros de día, hogares, transportistas y prestadores funcionan hoy con un financiamiento que cubre apenas un 30% de sus costos reales. El resultado es un escenario que las familias describen como “catastrófico”, “cruel” y “humanamente insostenible”.
La actriz y referente en discapacidad, Valentina Bassi, no suaviza su diagnóstico: “La situación es calamitosa, catastrófica. Mirés donde mirés, está todo colapsado y nos están dando por todos lados”.
Su hijo Lisandro, de 17 años, asiste a una escuela especial en riesgo de cierre. No es un caso aislado: hay instituciones en convocatoria de acreedores y otras endeudadas tras tomar hasta diez créditos distintos para poder seguir funcionando. “Es muy angustiante para todas las mamás”, apunta Bassi.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en ambas cámaras, promulgada y, tras ser vetada por Milei, volvió a ser ratificada por el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo se niega a aplicarla.
Una trabajadora de un Centro de Día explica: “El Ejecutivo dice que los diputados deben decir de dónde sacar el dinero. Eso es falso. Cuando la ley se promulga, es el Ejecutivo quien debe disponer los fondos. El veto fue rechazado. Tienen que aplicarla ya”.
Mientras Milei predica “libertad” desde los medios, las instituciones que sostienen la vida cotidiana de miles de personas dependen de migajas presupuestarias. Los aumentos otorgados -25 a 30%- están muy por debajo del 70% fijado por ley. Este desfinanciamiento es una decisión política coherente con la doctrina del ajuste permanente que prioriza “el orden fiscal” sobre derechos básicos.
Testimonios que exponen la crueldad de esta política
Los testimonios recogidos durante la marcha revelan el impacto concreto de las políticas del gobierno.
Una de las entrevistadas, representante de un centro de día, decía que “Nosotros por suerte, no nos hemos visto afectados, pero porque nuestra prestadora es muy organizada y tiene dinero para pagar sueldos y aportes. Pero tenemos colegas que no tienen los aportes al día, que están en riesgo con el pago del aguinaldo o que se los van a pagar en cuotas. En relación a las auditorías de discapacidad, nuestros afiliados tuvieron auditorías en condiciones totalmente inhumanas. Han tenido que ir a lugares muy alejados de su casa, llevando al familiar con discapacidad para ‘acreditar la discapacidad’, cuando ya tienen un certificado que justamente acredita eso. Es totalmente inaudito.
“Y con todo esto de la Andis, las personas están siendo juzgadas, investigadas, y se sigue dilatando todo. Ahora dicen que “los audios fueron editados”, una pavada total. La verdad es que este gobierno ha demostrado una crueldad absoluta con el colectivo, no solo el de discapacidad. También con la gente del Garrahan, que es una población sumamente vulnerable, muy perjudicada en el acceso a la salud, a la educación y al transporte”.
Gabriela, directora de la Murga Los Rengos del Bajo, nos explicaba que “Es una murga inclusiva y ensayamos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahora tenemos bastantes restricciones. Tenemos dos hijos discapacitados en silla de ruedas y estamos con muchos problemas: falta de pago a los acompañantes, el centro de día está por cerrar, y no me aceptan en otro centro de día porque mi obra social no es una prepaga.
La murga también está resentida porque los chicos no tienen cómo llegar a los ensayos. Ya no tienen los traslados que tenían antes porque casi no quedan transportistas. Yo, para poder mover las dos sillas de ruedas, tengo una camioneta especial, y no hay persona que no me pida traslados a los colegios porque ya no hay transportistas. Los padres tienen que ir en colectivo”, y remata “Que se cumpla la Ley de Emergencia ya”.
Martín nos dice que es discapacitado “porque tengo el certificado. Cuando hablo de esto me pongo a llorar. Me duele que tengamos que llegar a esto, y que nos discriminen, en una palabra. ¿Por qué nos tienen que discriminar? ¿Por qué somos chicos discapacitados? ¿Por qué no nos quieren en la parte de la sociedad? Están muy equivocados. Esta parte presidencial, lo único que sabe es darles a los ricos. Después, los discapacitados que se mueran todos. No les importa”.
La emergencia en discapacidad es la consecuencia directa de un proyecto político que considera el gasto social como despilfarro y los derechos humanos como obstáculos.
Mientras el presidente habla de “la casta”, quienes pagan su ajuste son las familias trabajadoras, los niños, los jóvenes y adultos con discapacidad, y las instituciones que sostienen su vida cotidiana.
Es un gobierno que eligió la crueldad. Y contra eso luchan familiares, prestadores y trabajadores. Trabajamos por extender esta pelea en todos los rincones del país.
hoy N° 2090 17/12/2025
