Un llamado tractorazo convocado el sábado 23 de abril por “autoconvocados del campo”, fue claramente un acto del Pro, con cotillón ruralista. Fueron muy pocos los productores que se movilizaron a Plaza de Mayo, la mayor presencia fue la de ciudadanos de CABA; algunos deben tener campo en el interior y otros directamente militantes del espacio político de Macri, acompañado por dirigentes y legisladores del PRO, como Patricia Bullrich, Larreta, Vidal , Santilli, López Murphy, etc.
Más allá de quiénes convocaron y quiénes asistieron, lo preocupante es el contenido del reclamo, que en materia económica fue exigir menor presión fiscal, menor intervención del Estado en la producción agropecuaria, con consignas como «dejen de asfixiar al Campo”. Este reclamo aparece como reacción a una medida y un anuncio.
La medida del gobierno es el aumento de las retenciones a la exportación de harina y aceite de soja, que realizan siete multinacionales, que pasarían de pagar el 31% al 33%. Con lo recaudado, que se estima en 400 millones de dólares, se constituiría un fideicomiso para abaratar el precio de la harina de trigo y por ende del pan o fideos.
La otra causa de la reacción es el anuncio del envío del proyecto de ley para gravar la “renta inesperada” a las empresas que ganaron más de $1.000 millones en el año 2021, que son el 3,2% del total de las empresas y están teniendo ganancias por fuera de lo “normal”, como consecuencia del aumento del precio internacional e interno de cereales y alimentos a causa de la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Esta es una medida totalmente justa, necesaria para distribuir un mínimo de la riqueza que se apoderan unos pocos monopolios y terratenientes en detrimento de las inmensa mayoría del pueblo, en un país donde oficialmente se reconoce que hay un 37 por ciento de habitantes que viven en la pobreza y que en la realidad son muchos más. Esto es lo que está en el trasfondo de la protesta.
Hay motivos para reclamar
Las reivindicaciones y los intereses que se defendieron el 23 de abril tienen que ver con los grandes grupos empresariales monopólicos concentrados, las multinacionales, los terratenientes y pooles de siembra.
Por su parte los pequeños y medianos productores, la agricultura familiar, tienen muchos motivos para reclamar. La situación es muy complicada para la mayoría de ellos, es por eso que le exigimos al gobierno que reglamente y le dé presupuesto a la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, campesina e indígena, que aprueben la ley de acceso a la tierra presentada en el Congreso de la Nación, que sancionen una ley de arrendamiento rural, que le ponga límite a la cantidad de hectáreas que se pueden alquilar y regule el precio de los alquileres, que segmente las retenciones a favor de pequeños y medianos productores y todas la políticas públicas dirigidas al sector, que establezca un control público en la comercialización y la exportación de la producción agropecuaria y un seguro multi riesgos, el acceso al crédito, etc.
Si el gobierno no avanza en esta dirección sin lugar a dudas las próximas protestas serán de los que están quedando afuera de este modelo económico, donde el mercado y el poder económico imponen las reglas de juego en el campo argentino, donde hay cada vez menos verdaderos chacareros pequeños y medianos.
Corresponsal
Hoy N° 1911 04/05/2022
