Mónica Mexicano es miembro de la Asamblea de Mexicanos en la Argentina donde viene trabajando hace tres años. Explica que los mexicanos en Argentina, en momentos coyunturales siempre hicieron actividades acompañando los movimientos de su país: “No más sangre”, “Estamos hasta la madre”, “yo soy 132”, “caravana por la paz”. Explica: “Somos unas 14 personas, algunos van y vienen, otros se van integrando. El crimen de Ayotzinapa nos agarró organizados, recibimos la solidaridad de otras organizaciones sociales y de derechos humanos, entonces hemos podido accionar. Desde hace dos meses hacemos dos actividades por semana. Hemos ido a la Embajada de México en repetidas ocasiones para pedirle al embajador que nos informe cómo viene el caso de Ayotzinapa y para exigir la aparición con vida de los 43 chicos. Volvimos en una segunda ocasión y su respuesta fue indiferencia: nos dio una carpeta con recortes periodísticos recién impresos. Eso evidencia la actitud en general del Estado mexicano que se maneja con informalidad y cinismo para minimizar la protesta social. Como reflejo de lo que ocurre en México, salieron los patoteros, bien al estilo de los del PRI (Partido Revolucionario Institucional) que dirige Peña Nieto. La política de esta embajada es seguir instalando a México como paraíso turístico y como un estado democrático, sin embargo, no hay una sola mención a la situación de violencia del terrorismo estatal. Ahí se entiende un poco la dificultad de que el Estado se investigue y se castigue a sí mismo por las violaciones a los derechos humanos que está haciendo.
“El miércoles 27 por la noche en Plaza de Mayo hicimos una vigilia cuando se cumplieron dos meses de la desaparición forzada de los 43 compañeros, donde recibimos mucha solidaridad”.
—¿Qué podés contar de Ayotzinapa?
—Los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa eran jóvenes entre 20 y 22 años de la Escuela Rural Isidro Burgos, todos campesinos pobres y la mitad de comunidades indígenas. De esa escuela, que tiene una tradición de luchas, en los 60 salen dos guerrilleros, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que al terminar sus estudios se van a la sierra a defender las luchas campesinas e indígenas en esa zona y que a lo largo de la historia mexicana han sido reivindicados por la lucha social, de alguna manera son como nuestros “Che Guevara”.
También Guerrero es una zona donde hay muchos accidentes naturales: ciclones, inundaciones, y siempre iban los chicos de Ayotzinapa a socorrer a la población. Por eso, ante este crimen, la gente se organiza y se potencia tanto esta lucha. Porque fue una afrenta al movimiento social.
Además, cerca de Iguala está la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina. Los chicos ya habían denunciado lo que pasaba allí, que había gente trabajando en condiciones casi de esclavitud. El Estado venía cercándolos desde hace muchos años. De hecho en 2011 fueron asesinados dos normalistas cuando se encontraban realizando un piquete en la ruta exigiendo que se diera más presupuesto; porque además hay un ataque general a la educación pública, sobre todo el Estado pretende hacer desaparecer las escuelas normales rurales que son una posibilidad para la gente de escasos recursos, porque los requisitos para entrar son ser pobre y campesino.
Ese día, ellos específicamente se fueron a Iguala para juntar plata para poder participar en el Distrito Federal de una marcha que se hace todos los años, esta vez por los 46 años de la Masacre de Tlatelolco, que fue cuando el Ejército disparó contra una manifestación de estudiantes en 1968. Los estudiantes de Ayotzinapa iban a asistir, los ataca la policía de Iguala, les dispara junto con un comando armado que se dice que es del narcotráfico, lo que puede ser porque siempre actúan bajo las órdenes del Estado mexicano.
—Es un crimen de Estado…
—Se está denunciando como un crimen de Estado no sólo porque los que dispararon fueron policías municipales sino porque había presencia del Ejército en ese mismo momento y éste, no sólo no los ayudó a los chicos sino que les impidió llegar a los hospitales a los heridos, los mantuvo retenidos en las calles durante toda la noche. Además, se trata de desapariciones forzadas; no en todas las provincias de México está tipificada la desaparición forzada de personas, en Guerrero sí, esto gracias a la lucha de los ’60, ’70 donde hubo mucha desaparición forzada. De hecho los vuelos de la muerte que acá fueron conocidos en los 70, en México se inauguraron en los 60, cuando diferentes luchadores del Estado de Guerrero eran atrapados y arrojados al mar. Mientras México en los 60-70 tenía una política exterior de solidaridad con los latinoamericanos, hacia el interior aniquilaba, asesinaba, torturaba y arrojaba a campesinos e indígenas al mar.
—¿Cómo funciona lo que ustedes denuncian como narco-Estado?
—Hemos visto que del 2006 a la fecha se acrecentó la militarización del país. Eso tiene que ver con que el presidente Felipe Calderón implementó una mal llamada “guerra contra el narco” que en realidad es la militarización de todo el territorio mexicano. Esta guerra en realidad fue una pugna entre dos mafias, protegidas por fracciones del Estado peleando por el control del territorio para la producción y siembra de droga, el tráfico de personas, tráfico de inmigrantes, tráfico de órganos, prostitución y pornografía infantil, extorsión y secuestro.
El resultado: de 2006 a la fecha, 120.000 personas fueron asesinadas; 40.000 desaparecidas; 300.000 desplazadas y montón de ciudades fantasma a causa de la violencia. Unos 100.000 que en su intento de llegar a los Estados Unidos, “se pierden” en el territorio mexicano, porque son capturados por la policía migratoria en combinación con los cárteles del crimen organizado, los secuestran, piden rescate, si no los pagan los asesinan; la otra es que los secuestran para trabajar como sicarios para los narcos. En el último año van 5.000 personas desaparecidas. Solamente con la complicidad del Estado que no sólo facilita sino que propicia y encubre. Es una política de Estado para la apropiación de los recursos naturales. Quieren los recursos, quieren la tierra y la quieren sin nosotros.
—¿Cómo es la reacción del pueblo ante este atropello estatal?
—La sociedad mexicana siempre estuvo movilizada, lo que pasa es que se conoce poco porque la represión es muy feroz. En Latinoamérica hubo periodos terribles de terrorismo de Estado pero siempre ubicaba un actor: la junta militar, la dictadura… no digo que hoy no pase, diversas organizaciones sociales denuncian aquí casos de gatillo fácil y represión a la protesta social, pero hay una lógica que cambió: en México lo difícil es poder señalar a alguien, porque es todo el Estado y ha sido así desde hace años, no es que es un gobierno, no es que es un partido político, es lo estatal, lo municipal y lo federal. Diversas organizaciones sociales y periodísticas han documentado que las campañas electorales están financiadas por el crimen organizado o directamente los candidatos son jefes de los cárteles.
—¿Qué perspectivas ves para el futuro de México?
—El nivel de respuesta que hay hoy es inédito. Nunca antes se había movilizado tanta gente organizada en la calle. Porque no solo hay movilizaciones en el Distrito Federal o por Guerrero, hay en Monterrey -que es un estado un poco más conservador- la gente está movilizada y en la calle. Ayotzinapa es la gota que rebalsó el vaso, la gente está harta y está dispuesta a que caiga quien caiga. Ahora, si me preguntas por una perspectiva concreta, no puedo decirte. Esto hay que verlo como un proceso que va a durar mucho tiempo. Esto va a largo plazo y también tenemos que prepararnos para acompañar desde el exterior. En más de 200 ciudades en el mundo se han hecho movilizaciones. Hoy sale toda la cloaca mexicana: Tlataya, que fue hace cuatro meses, 22 personas asesinadas por el ejército; Allende 2011, 300 personas desaparecidas por el narcotráfico, nunca se supo más de esos niños, bebés, ancianos; el caso de los 31 estudiantes desaparecidos de la zona cerquita de Iguala; y van a seguir saliendo historias, hay cientos y cientos de historias de desapariciones, asesinatos. El 20 de noviembre, en el Zócalo (es diez veces Plaza de Mayo), estaba llena de gente, entró la policía y los sacó a todos. Como resultado niños golpeados, gente herida, todos gaseados. Esa es la política del Estado mexicano, entonces el presidente sale a decir que él no va reparar en poner la fuerza para restablecer el orden. Es grave y por eso hacemos un llamado a la solidaridad internacional, estar atentos a este proceso.
—Los familiares han dicho que si no les devuelven los 43 chicos, van a ir con las policías comunitarias a buscarlos…
—Las policías comunitarias son experiencias que tienen entre 20 y 30 años en Guerrero. También son conocidas las autodefensas en Michuacaro… La gente está hasta la madre que les lleguen los militares, que les violen sus hijas, que los maten, entonces se organizan, les sacan las armas a la policía y de alguna manera “limpian” algunas zonas del narcotráfico; van desarrollando pequeños proyectos económicos, políticos y sociales que les permitan funcionar y sostenerse en el tiempo. El ejemplo mayor es el EZLN, que enfrentan el embate del gobierno federal y estatal. Son experiencias interesantes, se sabe poco de ellas, pero permiten pensar formas de resistencia.
Al finalizar la entrevista, Mónica nos contaba de la marcha a la Cancillería argentina realizada el lunes 1 de diciembre –al cumplirse dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, “para presentar una carta pidiéndole al gobierno argentino que rompa el silencio y que haga algo. La tradición del pueblo argentino y las organizaciones es la defensa de los derechos humanos; además, la relación de México que cobijó a muchos argentinos durante la dictadura. Por lo tanto nos quisiéramos contar con el gesto político”.
