La Cámara de Diputados aprobó cambios drásticos a la Ley de Glaciares. Para lograr su aprobación, el gobierno extorsionó y presionó a las provincias. En medio de una caída de la recaudación y de grandes protestas de trabajadores estatales, Javier Milei adelantó fondos de coparticipación a una serie de provincias “aliadas”. Esta “zanahoria”, que los gobernadores deberán devolver con intereses, se entrega a cambio de una brutal cesión de recursos, con consecuencias irremediables. Se trata de una ley al servicio de las grandes mineras extranjeras, impulsada por legisladores lobistas que incluso han sido empleados directos de estos monopolios estadounidenses, canadienses, rusos, chinos, australianos, etc.
El ataque a la Ley de Glaciares encontró un amplio rechazo. Cien mil personas se inscribieron para manifestarse contra la farsa de la audiencia pública; se multiplicaron las declaraciones de la comunidad científica y universitaria, de personalidades de la cultura, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales. El día en que Diputados trató la modificación, hubo protestas y movilizaciones en más de 50 ciudades y localidades. La respuesta del gobierno fue la represión, como ocurrió en el Congreso y en Mendoza, con ocho detenidos y una razzia de gran magnitud.
La Ley de Glaciares y el ecocidio
La Ley de Glaciares nació al calor de la lucha contra el saqueo y la contaminación. Permitió registrar, proteger y monitorear los glaciares y las zonas periglaciares como bienes estratégicos. A partir de esta norma se identificaron en Argentina cerca de 17.000 glaciares, responsables de alimentar aproximadamente el 40 % de las cuencas hídricas nacionales. Es decir, casi la mitad del agua utilizada para consumo y riego depende de ellos.
Argentina se encuentra entre los 15 países con mayor cantidad de glaciares del mundo, con una superficie de 8.484 km², equivalente a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires. Estos ecosistemas son fundamentales y altamente vulnerables, y vienen disminuyendo de forma progresiva por el impacto del cambio climático y las actividades extractivas.
La modificación recientemente aprobada permite la explotación en zonas periglaciares que antes estaban protegidas. Además, transfiere el registro y control de estas áreas a las provincias, desplazando a organismos nacionales especializados como el Ianigla. La maniobra es tan burda, que los gobiernos provinciales, muchos ligados a intereses megamineros, son los que pasan a determinar, por encima de los investigadores especializados, cuál es una zona periglaciar y cuál no.
Un plan de entrega descomunal
La modificación de la Ley de Glaciares no es una medida aislada, sino parte de un plan integral de saqueo y explotación. El gobierno apuesta a profundizar la dependencia, subordinando el destino nacional a los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Como la oligarquía de comienzos del siglo pasado, que condicionó el desarrollo nacional a cambio de exportar carne y granos, hoy el gobierno y sus socios buscan entregar recursos estratégicos a cambio de actuar como intermediarios del negocio.
Se pretende transformar a la Argentina en un conjunto de enclaves de producción minera, petrolera y sojera, además de base para centros de datos y polos tecnológicos. Todas estas actividades demandan grandes cantidades de energía y agua. El resto de las actividades económicas debería adaptarse al “derrame” de estas supuestas usinas del desarrollo, lo que en muchos casos implicaría su inviabilidad.
En un contexto donde crecen los factores de guerra y la agresión imperialista, el control de los recursos estratégicos adquiere un valor central. Basta recordar las declaraciones de la ex generala Laura Richardson, quien señaló que la región posee minerales clave y el 31 % del agua dulce del mundo, y que su control es una cuestión de “seguridad nacional” para Estados Unidos. En la misma línea, el actual embajador Marc Stanley Lamela, sostuvo la importancia de los recursos minerales argentinos y la necesidad de que las provincias realizarán solo acuerdos con EEUU. A esto se suma un reciente acuerdo comercial -aún pendiente de aprobación en el Congreso- que propone, entre otros puntos, un trato preferencial para Estados Unidos en la explotación y exportación de minerales críticos.
Para concretar este plan, el gobierno necesita atraer inversiones que hasta ahora no han llegado. En su política de subordinación, impulsa medidas orientadas a favorecer a los capitales extranjeros: aprobó el RIGI para otorgar beneficios impositivos, impulsó la reforma laboral para “reducir el costo laboral” y ahora avanza con la modificación de la Ley de Glaciares, facilitando el acceso a recursos hídricos claves.
Pero esto no termina aquí. La semana pasada, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se presentó en el Congreso para defender la Ley de Propiedad Privada y proponer nuevas modificaciones. Entre ellas, la reforma de la Ley de Tierras, que habilitaría la compra sin límites por parte de capitales extranjeros, incluso en zonas de frontera. También propuso cambios en la Ley de Expropiación, restringiendo la capacidad del Estado de intervenir por utilidad pública. Por último, planteó modificar la Ley de Fuego, flexibilizando las restricciones al cambio de uso del suelo tras incendios, lo que abre la puerta a procesos especulativos sobre tierras afectadas.
Se trata de un plan integral de saqueo que, como señaló Marx, expresa la lógica del capitalismo, que en su búsqueda de ganancia tiende a destruir sus propias fuentes de riqueza: la naturaleza y el ser humano.
Enfrentar la entrega con un plan soberano
El gobierno está comprometido con un plan que implica una fuerte pérdida de soberanía y un salto cualitativo en la dependencia. Es un retroceso histórico de gran magnitud, y buscará imponerse incluso mediante la represión. Sin embargo, cada aprobación de estas medidas en el Congreso, incrementan proporcionalmente la bronca y el enojo por abajo.
Frente a este escenario, crece la necesidad de impulsar un proyecto basado en la soberanía y el desarrollo industrial, que defienda el territorio y proteja los recursos estratégicos. Se requiere una política que rompa con la dependencia y promueva la industrialización en origen, evitando la exportación de materias primas a bajo costo para luego reimportarlas con alto valor agregado. Como afirmaba Manuel Belgrano: “No exportemos cuero, exportemos zapatos”.
La derogación a la modificación a la Ley de Glaciares se suma a la lucha contra el resto de las reformas ajustadoras y entreguistas. Frente a la soberbia e impunidad de arriba, organizar la bronca y el escarmiento que crece desde abajo.
Foto: Mendoza, marcha contra la reforma a la Ley de Glaciares
hoy N° 2104 15/04/2026
