Dicho profesional, ahora devenido en kirchnerista, señalaba que la devaluación conlleva inmediatamente un alza de los precios internos, principalmente de aquellos que componen la Canasta Básica de Alimentos, tras lo cual ante “la caída de los salarios reales provoca una reacción rápida de los trabajadores que demandan aumentos de salarios para compensar la disminución de sus ingresos”. Esta realidad se verifica en la lucha paritaria que en estos días llevan adelante los trabajadores de la actividad privada y pública. El objetivo principal y la consecuencia inmediata de la devaluación es el aumento de la tasa de ganancia del sector privado.
En el sector público, el objetivo y resultado es el aumento de los fondos disponibles, a través del impuesto más importante, el inflacionario, para cubrir gastos, cuyo destino es la caja que manejan los K a su antojo y para prebenda de sus capitalistas amigos. El gasto es creciente y se concentra a nivel nacional. A pesar de la presión tributaria sin precedentes, no cubren el déficit y generan con emisión monetaria lo que les falta (la emisión se multiplicó por 5 respecto al primer trimestre del 2013). Los K siguen pateando la pelota para adelante y comprometiendo el futuro del pueblo y la nación.
Se profundizó la dependencia de las provincias
El sector público nacional y provincial es el ámbito donde se concentra la discusión relacionada con el tema de los recursos disponibles para responder a la demanda de los trabajadores estatales. Mientras el Estado nacional echa manos a los fondos de la Anses y del PAMI, para cubrir el cada vez más abultado déficit fiscal en las provincias, por lo general no se dispone de este tipo de “cajas” y el gasto público depende en una gran proporción de los ingresos que provienen de la recaudación tributaria nacional. En los años del actual gobierno se ha profundizado dicha dependencia y existen provincias cuyos presupuestos dependen entre el 85% y el 92% de la llamada “coparticipación federal de impuestos”, que resulta ser una ironía antifederal porque lo que se practica es un sistema unitario liso y llano. La dependencia extrema de la mayoría de las provincias también tiene un componente propio ya que los gobiernos provinciales no les cobran impuestos de jurisdicción provincial (particularmente el impuesto inmobiliario e ingresos brutos), en el nivel de la capacidad de pago de los terratenientes y monopolios que existen en sus territorios que logran renta y ganancias extraordinarias. En conclusión el Estado nacional, al no gravar la renta de la tierra al estilo de como lo hacen otros países capitalistas en el mundo y los Estados provinciales al no cobrar el impuesto inmobiliario a “sus” grandes terratenientes, en los hechos los subsidian mientras que sectores de pequeños y medianos industriales, comerciantes, profesionales, productores agropecuarios y el pueblo en general pagan más impuestos provinciales que los terratenientes, los monopolios y el capital imperialista. Es el pueblo todo con sus impuestos quien financia las arcas provinciales para pagar salarios. Por ello los gobiernos provinciales que expresan los intereses de las clases dominantes de sus provincias son cómplices del unitarismo centralista y en los hechos acuerdan con el manipuleo del régimen de coparticipación federal.
La estafa en números
Son varios los cálculos que pueden hacerse respecto a lo que las provincias han dejado de percibir porque no se cumple con la Ley 23.548 por parte de sucesivos gobiernos nacionales. Comenzó Carlos Menem, le siguió De la Rúa y lo profundizó Duhalde con un “Pacto Federal” que es lo que actualmente se aplica. Las provincias por dicha Ley debían percibir el 56,66% de la masa de recursos coparticipables, el 1% se destinaba al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias y el 42,34% se quedaba en manos de la Nación. Además esta Ley, en el artículo 7º, sancionó una clausula de garantía a través de la cual las provincias tendrían un piso del 34% de toda la recaudación tributaria nacional, “tengan o no carácter coparticipable”, es decir que para el cálculo se sumaban los ingresos provenientes del comercio exterior y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Según los datos oficiales del primer trimestre de este año la recaudación tributaria nacional ascendió a $250.190 millones. La nación se quedó con el 71% y a las provincias les llegó el 29% restante; o sea $72.741, si se suman la coparticipación diaria y automática y los recursos no presupuestados que incluye el 30% de los recursos provenientes del “complejo sojero” que la Rebelión Agraria logró arrancarle al kirchnerismo en el año 2008 para las provincias y éstas en igual porcentaje deben asignarle a los municipios.
De haberse respetado la claúsula de garantía del artículo 7º mencionado las provincias tendrían que haber recibido $85.064 millones, es decir que recibieron $12.323 millones menos; lo que proyectado hasta fin de año con el supuesto de que habría inflación cero de aquí en más quiere decir que a las provincias se las despojará de aproximadamente $50 mil millones. La cifra real lo dará el nivel del impuesto inflacionario y se conocerá cuando finalice el año, cuando se conozca la recaudación del IVA, impuesto a las ganancias, al cheque, combustibles, etc. Si a este monto lo tomamos como referencia de actualidad proyectado a 10 años atrás de gobierno kirchnerista las provincias fueron despojadas de $500 mil millones. En esta friolera cifra consiste la estafa K en contra del federalismo. De allí la importancia de la medida de emergencia inmediata que proponen el PCR y el PTP que bajo el título “Como se Financia” en el punto 5 propone la plena vigencia de la Ley 23.548 en su texto original.
