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02 de octubre de 2010

Europa persigue, encarcela y deporta

Hoy 1222 / Crisis y ley fascista contra los inmigrantes

Las burguesías europeas, acosadas por la crisis, se unen en una directiva fascista para expulsar inmigrantes. Comercio “libre”, cárcel a los “indocumentados”. Frente latinoamericano de repudio.
El pasado 18 de junio el Parlamento de la Unión Europea (UE) aprobó, por aplastante mayoría, la llamada “Directiva de retorno”. No en vano fue bautizada enseguida como la “Directiva de la vergüenza”.
El objetivo de la ley europea es frenar drásticamente la llegada de inmigrantes, que provienen principalmente de países de Africa y América Latina o de Turquía, y a los que de hecho se responsabiliza de la crisis y el aumento del desempleo, algo más que “un fantasma” que recorre Europa.
Hay alrededor de 8 millones de inmigrantes en el continente. La “directiva” permitirá deportarlos, previo encarcelamiento por un período de hasta 18 meses (¡un año y medio!) sin haber cometido ningún delito; permitirá la expulsión de los menores de edad a otros países aunque no sean los de origen; y se les prohibirá volver a la UE durante cinco años.
Dos días después, apoyándose en ese esperpento comunitario, la España del gobierno “socialista” (¿o social-fascista?) de Rodríguez Zapatero presentó su propio proyecto de “ley de extranjería”. Amplía de 40 a 60 días el tiempo de prisión a extranjeros sin documentos en regla antes de concretar su expulsión. Limita la “reagrupación familiar” al cónyuge y a los hijos menores de edad (sin abuelos, ni hermanos, ni hijos mayores de 18 años). El gobierno español les dará dinero a los inmigrantes “legales” sin trabajo que acepten irse.
A fines de mayo, el gobierno italiano del filo-fascista Berlusconi había presentado su propio proyecto para convertir en delito la inmigración ilegal y penar a los indocumentados hasta con cuatro años de cárcel. 

Los dueños de la crisis
Los monopolios europeos siguen expoliando a los países africanos y latinoamericanos de donde provienen los inmigrantes, pero ellos tienen que exhibir un papel para vivir y trabajar en los países europeos. La ley europea equipara la categoría de inmigrante pobre a la de delincuente. Europa se convierte en una gigantesca prisión, una especie de campo de concentración y “repatriación” para los extranjeros buscadores de trabajo. La crisis económica estremece a la ex Europa del “bienestar”. Esta “directiva” y la próxima imposición de la semana laboral de 65 horas muestra a las claras sobre qué espaldas descargan sus efectos los monopolios que gobiernan la Unión Europea. 

Un Frente de repudio
El presidente del Ecuador Rafael Correa propuso un Frente Latinoamericano contra la llamada “Directiva del Retorno”.
Hugo Chávez unirá a Venezuela a ese frente. Advirtió que su gobierno evaluará si sigue vendiendo petróleo a los gobiernos europeos que apliquen esa directiva “del bochorno”, violatoria de los derechos humanos. También revisará la lista de empresas que esos países tengan en Venezuela para evaluar su repatriación. Chávez dijo que aunque desde Venezuela no hay emigraciones importantes hacia Europa, cualquier agresión a ciudadanos de países hermanos será considerada como un ataque a los venezolanos.
El presidente boliviano protestó ante la “directiva” con una carta pública. “A los países de América Latina y Norteamérica llegaron los europeos, masivamente, sin visas ni condiciones impuestas por las autoridades. Fueron siempre bienvenidos”, les recordó Evo Morales. Mientras proscriben a los inmigrantes “la Unión Europea trata de convencer a la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) de firmar un ‘acuerdo de asociación’ que incluye un Tratado de Libre Comercio, de misma naturaleza y contenido que los que imponen los Estados Unidos. Estamos bajo intensa presión de la Comisión Europea para aceptar condiciones de profunda liberalización para el comercio, los servicios financieros, propiedad intelectual o nuestros servicios públicos. Además, a título de la protección jurídica se nos presiona por el proceso de nacionalización del agua, el gas y las telecomunicaciones”.
También el presidente electo del Paraguay, Fernando Lugo, rechazó la norma del parlamento europeo: Lugo lamentó que en las Cumbres Iberoamericanas e internacionales, los europeos hablen de “colaboración” y “unión” en un “mundo globalizado”, “sin fronteras” y con solidaridad internacional, pero luego hagan todo lo contrario.