La compraventa de cereales en negro y la triangulación de operaciones de exportación con países vecinos, son las fórmulas usadas por los monopolios imperialistas del cereal para evitar pagar al fisco cifras millonarias.
La compraventa de cereales en negro y la triangulación de operaciones de exportación con países vecinos, son las fórmulas usadas por los monopolios imperialistas del cereal para evitar pagar al fisco cifras millonarias.
En relación a la compraventa de cereales en negro la AFIP, luego de realizar 117 allanamientos, denunció que “para encubrir sus operaciones las firmas multinacionales crearon ‘sociedades pantalla’ a nombre de personas de escasos recursos económicos e incluso utilizaron los nombres de personas fallecidas”. A la vez acusó a dichas empresas de usar acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte y de realizar extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo sin poder demostrar su destino. Sólo en este rubro el organismo reclama el pago de 150 millones de pesos.
En cambio para la triangulación de exportaciones se requiere de un entramado más complejo, debido a que las operaciones de comercio exterior son facturadas a empresas fantasmas, creadas y radicadas por los evasores en países considerados “paraísos fiscales”. Es conocido cómo contadores o ingenieros de las cerealeras o empresas de otros rubros como Repsol o Siderca, son indemnizados y reubicados en subsidiarias radicadas, por ejemplo, en Montevideo. La estafa se completa con la facturación de estas empresas intermediarias al verdadero comprador y al precio del mercado internacional.
Con la triangulación, los monopolios imperialistas buscan reducir la base imponible del impuesto a las Ganancias. Si bien la subfacturación –la diferencia entre lo que se factura a la empresa intermediaria y lo que abona el comprador- oscila entre el 5 y el 10%, teniendo en cuenta que la producción de granos de la cosecha 2009-2010 fue de 90 millones de toneladas, y que la mayoría tuvo como destino el mercado externo, estaríamos en presencia de un delito que requeriría de una investigación y castigo ejemplar.
Los números de la estafa
Según la AFIP, uno de los focos de la evasión es la triangulación a través de Uruguay. El organismo, basado en informes aduaneros, ha detectado que en 2009 las exportaciones a ese país totalizaron algo más de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, según datos obtenidos a través de las declaraciones juradas de IVA, en ese período la facturación de empresas locales a firmas de ese país ascendió a 9.000 millones de dólares. Un ejemplo por demás elocuente de cómo funciona la triangulación: 7.000 millones de dólares de exportaciones que tenían como destino China, Europa u otros lugares del mundo fueron facturados a empresas intermediarias de Uruguay.
Con Suiza sucedió algo similar: según la Aduana se exportaron 1.500 millones de dólares y según la AFIP, la facturación a empresas de ese país fue de 4.300 millones.
Por más que cacaree, el kirchnerismo no frenará la evasión
La reciente suspensión provisoria del registro de Operadores de Granos de ADM Argentina, Cargill y Alfred C. Toepfer –acusadas de triangulación- es de dudosa eficacia, ya que en el caso de verse definitivamente excluidas del listado, éstas sólo perderán beneficios de alícuotas diferenciales de retenciones. A la vez los monopolios imperialistas apelarán la medida y se entrará en un laberinto judicial en el que siempre gana “el caballo del comisario”, como se vio en los procesamientos de algunos funcionarios de las cerealeras, que invariablemente terminaron con el sobreseimiento de los imputados.
El problema de fondo es que el kirchnerismo no tiene la decisión política de frenar la evasión. Por ejemplo, al presente no ha avanzado en medidas concretas contra la estafa de fines de 2007 cuando conociendo de antemano que las retenciones a la soja aumentarían del 27 al 35%, los exportadores presentaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por un total de 25 millones de toneladas. Como la mercadería no había sido adquirida, el objetivo de las presentaciones era liquidar retenciones al estado por el 27% y cobrarle al productor el 35%.
Como por entonces la legislación daba un plazo de un año para ejecutar las DJVE, desde el kirchnerismo se argumentaba que se trataba de una “avivada” legal. Luego el marco jurídico fue modificado por la ley Martínez Raymonda que obliga a acreditar la tenencia de la mercadería al momento de presentar la DJVE. Debido a que la norma se votó con carácter retroactivo, la AFIP reclamó a las empresas 827 millones de dólares, demanda que fue rechazada por éstas argumentando la improcedencia de la retroactividad. En la actualidad, algunos voceros oficiales justifican al planteo como “razonable”.
Como se ve, mucho ruido y pocas nueces. Con la evasión, al igual que en tantos otros temas, el gobierno arma un gran alboroto pero al final no se hace nada. Sólo con la recuperación del IAPI –reorganizado a partir de 1963 como Junta Nacional de Granos- y la nacionalización del comercio exterior, se podrá acabar con esta sangría que tanto afecta los intereses nacionales. Para esto habrá que derrotar las concepciones neoliberales del kirchnerismo sobre el comercio exterior.
