El 25 de junio se deben llevar adelante los próximos comicios. La Corte de Constitucionalidad (CC) aprobó el 2 de junio la exclusión del candidato Carlos Pineda, del partido Cambio a pesar de que parecía ser el de mayor intención de voto.
Tras conocer la decisión, Pineda declaró que la CC había acabado “con la democracia” de Guatemala, porque “prevaleció la cooptación del Estado, el reino de la corrupción y la dictadura”. Pidió que la población no vaya a votar. La exclusión se extiende a todos los candidatos al Congreso y a las alcaldías que se postulen junto con él.
Esta exclusión es la tercera que ejecuta la CC contra aspirantes a la presidencia. La primera fue Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y el otro, el también derechista Roberto Arzú.
Además de estos tres “vetados”, queda por definir la situación del aspirante del partido Cabal, Edmond Mulet, sobre quien la Fiscalía solicitará una investigación por hacer una presunta campaña electoral adelantada, cuando denunciaba la persecución a los periodistas. Si queda afuera, sólo habría tres candidatos: el conservador Manuel Conde, cercano al actual presidente Giammattei; las derechistas ex primera dama Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Zury Ríos, hija del ex dictador Efraín Ríos Montt .Su plataforma política es apoyada por individuos vinculados a viejas redes de corrupción militar, además de élites económicas y políticas que lideraron la cruzada del gobierno anterior contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Mulet justamente dio su apoyo a este organismo anticorrupción con respaldo internacional, (Cicig), que entabló varios casos importantes en 2019.
Las decisiones judiciales que excluyen a Pineda de la contienda tienen una apariencia de legalidad y debido proceso, pero el resultado final es uno de los muchos ejemplos recientes de la presencia de mafias políticas en el actual gobierno de Guatemala, que utilizan el control de los tribunales para eliminar a sus opositores.
En años recientes, las redes de corrupción han cooptado las principales ramas del sistema de justicia de Guatemala, afianzando su control sobre los sectores político y judicial con el objetivo de mantener el statu quo de corrupción e impunidad. Esto incluye a los tribunales que se pronuncian sobre la participación electoral, desde los tribunales administrativos menores hasta el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.
Antes de las elecciones el diario El Pe-riódico publicó su última edición digital a casi un año de la detención de su presidente y bajo presiones políticas y económicas. El medio se despidió con una recopilación de las denuncias por presunta corrupción contra el presidente Alejandro Giammattei, a las que atribuyó su cierre.
Pero la existencia de un régimen prácticamente dictatorial no es nueva en Guatemala. Veamos algunos antecedentes históricos.
La actual Guatemala se estableció en 1847, cuando se proclamó la creación de la República. Pero en la realidad se establecieron una serie de regímenes dictatoriales y poco democráticos que duraron hasta que estalló la revolución de 1944, que duró hasta 1954, año en el que un golpe retomó el poder del país y precipitó al país a una guerra civil, que comenzó en 1960 y duró hasta 1996.
En 1863 comenzó la inmigración alemana. Se instaló una gran comunidad de alemanes que llegaron a dominar las tierras del cultivo del café, donde a sus trabajadores pagaban con monedas acuñadas por cada propietario, además de que solo podían comprar en la despensa de la finca. Se facilitó la expropiación de las tierras a los indígenas en favor de los alemanes. Desde esta época, la principal actividad económica fue la agroexportadora, especialmente de café, banano y cardamomo. La propiedad comunal, dedicada a cultivos de subsistencia se convirtió en propiedad privada dirigida al cultivo y comercialización a gran escala de productos agrarios y se instaló la «servidumbre de finca» Luego fueron los terratenientes guatemaltecos los que se sumaron a este cultivo, volviendo a apoderarse de tierras indígenas. E instituyeron las rotaciones de los indígenas entre las propiedades de los terratenientes.
En 1904 llegó la tristemente célebre United Fruit con concesión por noventa y nueve años. También con mano de obra casi gratuita.
En 1951 se instaló el gobierno de Arbenz, proveniente de la revolución de 1944, que atacó los monopolios norteamericanos y promovió la reforma agraria. Además impidió que las fuerzas armadas fueran utilizadas contra las demandas de los trabajadores. Inició la construcción de la carretera al Atlántico para competir contra el monopolio del ferrocarril, que estaba controlado por la United Fruit. Desde la embajada de EEUU en Guatemala se coordinó el apoyo de la CIA al movimiento de Castillo Armas que lo depuso.
Entre 1976 y 1982 se desarrolló una guerra civil entre el ejército de Guatemala y el ejército guerrillero de los pobres, especialmente en la zona llamada Franja Transversal del Norte. Se inició una ofensiva de Tierra Arrasada, para eliminar la base social del grupo guerrillero. Como parte de esta ofensiva, se dieron intensos ataques a poblaciones civiles que resultaron en masacres que fueron registradas por el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, pero no hubo sanciones.
Escribe Alicia Sourges
Hoy N° 1966 21/06/2023
