1. Sobre llovido, mojado
1. Sobre llovido, mojado
El martes 2 de abril amaneció con gran parte del oeste y el norte del conurbano bonaerense (partidos de La Matanza, San Martín, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro y San Fernando) y de la ciudad de Buenos Aires cubierto por las aguas de una intensa lluvia, que se amontonaban sobre los barrios bajos sin encontrar cauces para salir hacia el Río de la Plata. Decenas de miles de hogares y comercios inundados, decenas de miles de familias en el desamparo en toda el área metropolitana y seis muertes reconocidas en la ciudad fueron el trasfondo de una jornada que mostró las lacras del sistema y las miserabilidades de sus funcionarios.
Pero una tragedia aun mayor se azotaría esa misma noche y en la madrugada del 3 de abril sobre la ciudad de La Plata y prácticamente toda el área del Gran La Plata, Berisso y Ensenada. La situación dramática de la inundación que vivían los barrios del conurbano y de la Capital Federal se repetía multiplicada al menos por diez veces en los barrios y en el propio centro de la capital provincial bonaerense, con un saldo hasta ahora declarado de 51 muertos.
¿Qué podía esperar uno? Que ante la magnitud de la catástrofe, el gobierno nacional y los gobiernos locales (Ciudad, provincia y municipios) decretaran la emergencia hídrica y sanitaria para todas las ciudades y zonas afectadas, disponiendo la movilización de fuerzas y de todos los recursos necesarios para afrontar esas tragedias en lo inmediato y en todas sus consecuencias económicas, sociales y sanitarias. Sin embargo, ese mismo día 3 de abril, lo que apareció publicado en el Boletín Oficial fue el decreto 309/13, que dispone el pago de los vencimientos de capital y los intereses con los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el BID, con reservas del Banco Central. Son 2.323,7 millones de dólares para vencimientos de este año y 11,3 millones de dólares por un ajuste de 2012, cuando se pagaron 2.190,3 millones de dólares. ¡Una patética muestra de cuales son las prioridades del gobierno kirchnerista!
2. ¿A qué se destina la plata?
La coincidencia de las inundaciones con la publicación de este decreto, aunque casual debido a la demora en la impresión del Boletín Oficial por el feriado largo, muestra a las claras a qué extremos ha llevado al país la llamada política de “desendeudamiento”, es decir, de renegociación con los usureros imperialistas, de validación y de pago en consecuencia de la deuda externa ilegítima y usuraria: miles de millones de dólares que se carcomen las reservas de diez años de trabajo de nuestro pueblo, que son utilizadas para esos pagos en vez de destinárselos al desarrollo de la inversión y la producción nacionales y promover un mayor bienestar del pueblo.
Con esta política asistimos a diez años de deterioro de los ferrocarriles y las obras hidráulicas que requieren las grandes urbes, para mencionar sólo algunas causales de las principales tragedias humanas y sociales de los últimos años. Otro tanto ocurre con las inversiones en la producción de combustibles y de hidroelectricidad imprescindibles también para el desarrollo de la producción y el bienestar del pueblo.
Un ejemplo que volvió en estos días a raíz de la inundación, que muestra en pequeño los resultados de esta política, es el de la disputa entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Nacional por el entubamiento del arroyo Vega. Más allá de las responsabilidades del macrismo en la priorización de las obras necesarias para la ciudad, lo cierto es que la iniciación de esa obra viene demorada desde 2008, por la deliberada inacción del gobierno nacional en cuanto a otorgar el visto bueno para un crédito del Banco Mundial de apenas ¡el 10%! que lo que viene pagando de deuda año a año nada más que a los llamados organismos financieros internacionales. ¡Qué no se podría decir de las demoradas obras hidráulicas en La Plata, cuya financiación prometió el gobierno nacional desde antes de las elecciones de 2005!
Estamos hablando de un país con siete u ocho años de crecimiento casi ininterrumpido y de un Estado cuyos recursos se incrementaron a un ritmo muy superior, por la mayor presión impositiva y la emisión de moneda inflacionaria, llegando hoy a disponer del 40% del PBI. Pero esa gigantesca masa de dinero no ha sido utilizada ni para reconstruir el sistema ferroviario, ni para autovías, ni para represas hidroeléctricas o refinerías, ni para obras hidráulicas, etc. El Estado no ha crecido en mayor producción y bienestar del pueblo sino en corrupción, subsidios a los monopolios amigos, pago de deudas espurias, etc. y “obras de vidriera”.
Otra pequeña muestra de esto se recordó por la inundación de los barrios Maipú en San Martín y Mitre y Saavedra en Capital Federal, motivada principalmente por la derivación de las aguas debida a la construcción de Tecnópolis. Por ejemplo que se sacaron para ello incluso fondos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, del fideicomiso creado en 2006 con un impuesto sobre las naftas destinado, entre otros objetivos, a la "mitigación de inundaciones". Por eso en su posterior discurso, contradiciendo a los vecinos que vieron desde donde venía el agua (nota en pág. 11), elogió sorpresivamente la construcción de Tecnópolis, diciendo que generó un reservorio de agua y evitó "que el barrio de Saavedra se hubiera convertido en Venecia o en Atlántida (¡sic!)".
3. Urge un cambio de política
Es cierto que ahora golpea al país la crisis internacional del capitalismo, de la que el gobierno kirchnerista se burló diciendo que estábamos “blindados” tirando “la casa por la ventana”, no para hacer las inversiones necesarias al desarrollo de la producción nacional y el bienestar del pueblo, sino para ganar las elecciones de octubre de 2011. Logrado este objetivo, prácticamente al otro día afirmó que “el mundo se nos vino encima”. Pero no para hacer pagar la crisis a los que “la juntaron con pala” ni para eliminar la corrupción concomitante, sino para descargar la crisis con el ajuste inflacionario sobre los salarios de los trabajadores y el pueblo, la pequeña y mediana producción, las economías regionales y las provincias y municipios.
Si con crecimiento era necesario priorizar la inversión productiva y en infraestructura económica y social, en momento de crisis es mucho más necesario priorizar los recursos que escasean. En lugar de ello, el gobierno ahora vuelve a chantajear a los trabajadores y el pueblo con la desocupación, para que acepten el ajuste inflacionario en sus salarios e ingresos, lo mismo a las provincias y municipios en su reducida coparticipación de impuestos o a los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad para que trabajen a pérdida, etc.
En lo inmediato, la magnitud de la catástrofe hídrica y la estrechez que sufren los gobiernos locales (provinciales y municipales) por la política kirchnerista, urge exigir al gobierno nacional que decrete la emergencia hídrica y sanitaria para todas las localidades y zonas afectadas. No basta con que se decreten exenciones o prórrogas de impuestos que de todas maneras no se podrían cobrar, o anuncios de subsidios temporarios y limitados a las personas en “la zona afectada” (ver Comentario en pág. 3), sin determinar siquiera las zonas de emergencia, autoelogiándose y descargando responsabilidades sobre los niveles inferiores, como si fuera el gobierno de otro país.
La declaración de la emergencia por el gobierno nacional y su extensión a todos los niveles gubernamentales es fundamental para que puedan disponerse de forma inmediata los fondos necesarios para garantizar una atención adecuada a todas las secuelas sociales y sanitarias de la catástrofe, la reconstrucción de todo lo destruido y la inmediata puesta en marcha de todas las demoradas obras, tantas veces anunciadas como olvidadas, hasta que las repetidas tragedias de las inundaciones vuelven a recordarlas.
