Héctor Febres, el único represor de la ESMA que estaba siendo sometido a juicio, murió envenenado con cianuro el 10 de diciembre, día de la asunción de Cristina Kirchner, y cuatro días antes de conocerse la sentencia de su juicio.
Esta muerte vuelve a mostrar, luego de la segunda desaparición de Julio López hace ya más de un año, la vigencia de la impunidad de los genocidas, es una clara amenaza al conjunto del pueblo y un tiro por elevación al gobierno. Es un grave hecho que desnuda la mentira de la política kirchnerista, antes con Néstor y hoy con Cristina, en el terreno de los derechos humanos.
Febres era subprefecto, es decir un oficial de la Prefectura Naval Argentina, como se sabe en una situación de subordinación respecto a la Armada Argentina. Este represor había sido llevado a juicio por torturas a cuatro sobrevivientes, en una causa armada de tal manera que la pena máxima fuera sólo de 25 años. No se lo juzga por los secuestros.
Las mentiras K
Esto es otra demostración de la verdadera política del gobierno sobre el juzgamiento a los represores de la dictadura. Cristina dijo en su discurso inaugural que “hemos finalmente derribado el muro de la impunidad” y que “espero que en estos cuatro años de mi mandato, estos juicios que han demorado más de treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados”.
Esto es otra mentira K. Sólo en la ESMA hay identificados 300 represores, y el único que fue llevado a juicio era Febres. La llamada “megacausa” de la ESMA involucra sólo a 9 de 72 represores. Adriana Calvo, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos ha demostrado que en el denominado “Circuito Camps”, se hallan identificados 1304 represores, de los cuales sólo están procesados 28.
De la manera que están armados los juicios, lejos estamos de que se terminen durante el mandato de CK, como ella dice querer.
La verdadera lucha
contra la impunidad
Como se ha visto todos estos años, la lucha contra la impunidad es simultánea con la batalla por las verdaderas transformaciones de fondo en nuestro país. Así fue con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, que hoy abren las puertas a estos juicios que están mostrando la punta del iceberg de un sistema político y jurídico oligárquico que es el verdadero garante de la impunidad.
Porque para afectar en serio el aparato represivo, hacen falta medidas políticas. Por ejemplo, se sabe que Febres era uno de los responsables de la apropiación de hijos de desaparecidos, y es probable que el envenenamiento tenga que ver con el temor de los fascistas de que hablara de más durante el alegato, ya que Febres había dicho ¿por qué me juzgan a mí solo? Dijo Ambito Financiero, que algo debe saber sobre el envenenamiento: “un mensaje claro: que nadie hable” (17/12)
¿Por qué el “gobierno de los derechos humanos” nunca aceptó el reclamo de abrir los archivos de la SIDE y de las fuerzas armadas? Porque así elude la responsabilidad del Estado en contestar sobre los chicos apropiados, y sobre el destino de miles de desaparecidos.
Es decir que esta política del gobierno, no solo oculta la represión actual, sino también la magnitud del terror dictatorial, negándose al reclamo de juicio a todos los represores por todos los compañeros, reconociendo los diferentes niveles de responsabilidad. Una política que no hace más que envalentonar a la derecha fascista, manchada con la sangre de miles de argentinos.
