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06 de noviembre de 2013

“Fuimos solidarios y no cometimos delito”

Luciano Nardulli y Diosnel Pérez, alegatos en la Causa Indoamericano

 El 30 de octubre se llevó adelante la audiencia pública de la causa de la ocupación del Indoamericano, donde el gobierno en una maniobra judicial y política dirige su ataque contra Luciano Nardulli y Diosnel Pérez. En quince días, la jueza a cargo de la causa responderá si elevará a juicio o será archivado. 

 El 30 de octubre se llevó adelante la audiencia pública de la causa de la ocupación del Indoamericano, donde el gobierno en una maniobra judicial y política dirige su ataque contra Luciano Nardulli y Diosnel Pérez. En quince días, la jueza a cargo de la causa responderá si elevará a juicio o será archivado. 
Durante la audiencia, cientos de compañeros de la CCC y la Darío Santillán, al ruido de bombos y redoblantes, acompañaron a Nardulli y Pérez. A continuación, reproducimos la declaración de Luciano Nardulli en su defensa contra esta persecución política y judicialización de la protesta social.
“Quiero expresar mi profunda preocupación ante los hechos ocurridos en diciembre de 2010 y a posteriori. La gente que vivía y sigue viviendo en situación de extrema precariedad social y habitacional, luego de que fueron ocupando los potreros aledaños al mal llamado Parque Indoamericano, que en ese entonces fueron reprimidos y desalojados por las dos policías, conjuntamenteFederal y Metropolitana y en el perímetro de la Villa 20, fueron duramente reprimidos con gases, hidrantes, balas de goma y de plomo. Así se cobraron sus vidas: la de Bernardo Salgueiro y la de Rosmary Churra Puña. A los dos días, teniendo zona liberada, bandas organizadas se tomaron la vida de Canaviri Alvarez.
La noche posterior, al tener conocimiento de la misma, junto con Diosnel Pérez, al encontrarnos en Encalada, sobre el puente por donde pasa el ferrocarril, al ver la cantidad de gente que se encontraba en ella, nos dijimos que algo se tenía que hacer por ellos, expresando el deseo solidario de que se pudiera arribar a una solución.
Precisamente, por eso, para evitar que se siguieran produciendo hechos que pudieran cobrarse otras vidas y para arribar a alguna solución, hemos sido convocados entre otras reuniones, primero por el juez Gallardo y por varios diputados y legisladores, y luego a la Casa de Gobierno, al ser Diosnel y yo dirigentes reconocidos de esa zona.
Llama poderosamente la atención que después de haberse comprometido ambos gobiernos a poner un peso y otro para resolver el tema habitacional de ese conglomerado de gente -acuerdo incumplido-, se avanzó en la criminalización de aquellos, aparecieron públicamente que eran seis personas, quedamos involucrados en este proceso solamente dos personas al rechazar la acusación de haber organizado una usurpación que no hemos hecho.
Fuimos solidarios y no cometimos ningún delito. Los cuatro restantes fueron excluidos de la causa por su compromiso con ambos oficialismos. Por lo tanto, entiendo que esta acusación encierra una clara persecución política. 
Somos militantes políticos y sociales. Yo tengo en mi haber cincuenta y un años de militancia política, social y vecinal. Soy sobreviviente de una generación, que como el cura Mujica, siempre estuvimos y estaremos al lado de los más humildes, los trabajadores, el pueblo todo, defendiendo los intereses nacionales. Los hechos del Indoamericano destaparon la olla del drama habitacional de los más pobres y los nuevos pobres que en este momento quisieron enfrentar a unos contra otros.
Ahora ese drama se ha agravado aun más porque la gente y las familias no están en los terrenos, están en situación de calle, bajo los puentes, las ochavas del Cabildo, de los ministerios, de las iglesias, en las plazas, en los subtes.
Esto desnuda la irresponsabilidad de quienes gobiernan ante este drama. 
Lo indignante de todo esto es que mientras nos criminalizan a Diosnel y a mí, los verdaderos criminales, los uniformados que mataron a Salgueiro y a Chura Puña, en su momento han quedado excluidos de toda responsabilidad sin ni siquiera haber sido indagados.
Por lo tanto, rechazo de raíz cualquier imputación que quieran hacerme porque no he cometido ningún delito. Si ser solidario es un delito, acepto esa culpa”.