En momentos en que se viven las consecuencias desastrosas del modelo macrista y las cuentas fiscales nacionales y provinciales demuestran ser insuficientes para siquiera contener la situación de emergencia que vive nuestro pueblo, se hizo imperioso para los gobiernos encaminarse hacia reformas impositivas que empiecen a exigir más aportes a los sectores que ganaron millones a costa de beneficios estatales y políticas públicas apuntadas a mejorarles su rentabilidad, mientras el pueblo sufría el rumbo del gobierno de CEOs.
Paralelamente el pueblo de Santa Fe, y de la Argentina en general, dio un mensaje claro en las calles y en las últimas elecciones: los bolsillos no dan más, es hora de que paguen más los que más tienen. Y como en la grandiosa lucha del pueblo mendocino, y en un contexto de rebeliones latinoamericanas, está claro que no hay espacio para ajustes ni para medidas antipopulares.
En ese marco se instala la necesidad de leyes de emergencia y del debate por la reforma impositiva en la provincia. Este debate vuelve a poner sobre la mesa lo que venimos planteando desde el Partido del Trabajo y del Pueblo y desde las bancas de la Cámara de Diputados con nuestros diputados Carlos Del Frade y Mercedes Meier desde hace años: la riqueza está concentrada en pocas manos en Santa Fe y esos sectores aportan poco al fisco en comparación con lo que ganan.
Sin que paguen más lo que más tienen no hay salida para las grandes mayorías. En Santa Fe estamos hablando de los sectores financieros (bancos) y principalmente los grandes terratenientes y las empresas agroexportadoras.
El sector bancario registró utilidades durante 2018 por $ 172.106,2 millones a lo largo de todo el año, cifra que superó en un 121,5% los números de 2017, de acuerdo con el último Informe sobre Bancos difundido por el Banco Central.
De aprobarse la reforma impositiva planteada por el gobierno provincial pasarán a pagar una alícuota única del 7% (excepto el Banco Municipal de Rosario y los cooperativos que seguirán con el 5,5%), siendo que en 2019 había tres alícuotas 4,55%, 5,50% y 7%.
Por otra parte, el aumento del inmobiliario rural llega al 40% haciendo una muy débil diferenciación de escalas beneficiando así a los grandes propietarios que terminan pagando el mismo aumento que los medianos y pequeños, y el gobierno negoció con los senadores un tope del 65% de aumento que termina diluyendo cualquier progresividad del impuesto.
Si bien congela el inmobiliario para los dueños campos de menos de 50 has (que trabajen la tierra), esto se transforma en la práctica en un techo muy bajo para lo que es la propiedad en el campo santafesino donde de 19829 explotaciones agropecuarias existentes, solo 3839 son de hasta 50 has (y apenas 2000 trabajan ellos mismos los campos) y en el escalón siguiente hay 3258 de 50 a 100 y 3943 de 100 a 200 quedan fuera del beneficio pagando los mismo que los grandes propietarios. Pierden los medianos.
Con respecto a los ingresos brutos que pagan las agroexportadoras (en su mayoría multinacionales) hoy solo tributan en la provincia el 0,25% en concepto de Ingresos Brutos, pero no por los millonarios montos exportados sino por lo que venden para procesamiento interno (para hacer harina, aceite, biodiesel, etc).
De los puertos de Santa Fe se despacha el 80% de la producción agraria, por lo que se puede calcular que en 2018 salieron granos y subproductos por un valor aproximado de 16.000 millones de dólares. Pero no solo ganaron por la cantidad exportada, sino que además tuvieron los beneficios de la devaluación de nuestra moneda y una gran cantidad de medidas otorgadas por el gobierno de Mauricio Macri y de Miguel Liftchitz para mejorar su rentabilidad y la obra pública (tanto nacional, como provincial) estuvo orientada casi exclusivamente a mejorar las ganancias de este sector (rutas, Belgrano Carga, accesos ferroviarios a los puertos, etc).
En el mismo día que se discutía la ley las cámaras que agrupan a las agroexportadoras (CIARA_CEC) anunciaban un ingreso de “divisas record” con una facturación en diciembre mayor a lo recaudado en los últimos 17 años para este período. El monto liquidado durante todo 2019 ascendió a US$ 23.719 millones cifra que superó los US$ 20.200 millones de 2018.
Sin embargo, no tributan en la provincia, ni tributarán con la nueva reforma, por esos montos sino solo por lo que utilizan para procesar. Si bien la característica del polo agroexportador santafesino es el de ser en su mayoría puertos/fábricas, no todas las empresas que exportan cereales y oleaginosas los procesan. El sector llegará apenas a aportar 700 millones de pesos más según el mismo Ministro de Economía Walter Agosto.
De hecho las empresas anuncian que “la balanza exportadora se ha primarizado significativamente, con un incremento sustancial de exportaciones de poroto de soja frente a productos industrializados como la harina y el aceite de soja”.
Por ejemplo, ADM (Archer Daniels Midland, ex Toepfer) que en 2018 exportó el 11% de la producción agrícola argentina con más de 7 millones de toneladas de granos no paga ingresos brutos por esas ventas porque son sin procesar. Cargill, Bunge y COFCO (las primeras en el ranking agroexportador argentino), enviaron en 2018 al exterior más granos que subproductos (harina, aceite y biodiesel).
La reforma impositiva propuesta por el gobierno provincial de Omar Perotti reconoce que esos son los sectores que más han ganado y propone el aumento de algunas alícuotas lo que es un avance en el debate de quienes son los que tienen que aportar para el desarrollo provincial.
Sin embargo, también queda al descubierto lo poco que estos sectores aportan en comparación con lo que facturan y con lo que la provincia (con sus obras, el trabajo de su gente y su infraestructura) les aporta.
Habrá que seguir de cerca su aplicación y seguir exigiendo mecanismos que profundicen la redistribución de la riqueza concentrada en estos sectores de la economía que han sido privilegiados por las políticas estatales siempre gracias a la cobardía política de los gobiernos.
Escribe Mercedes Meier. Diputada provincial mandato cumplido por el Frente Social y Popular y dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo
