La decisión de no convocar a sesiones extraordinarias fue una de las novedades trascendentes que dejó la primera reunión de Gabinete que encabezó Mauricio Macri tras su vuelta la Casa Rosada. En su conferencia de prensa el mismo martes 11, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se refirió, entre otros temas, a las posibles sesiones extraordinarias previstas para febrero. Pese a que a finales de 2017 el funcionario había sostenido que habría, ahora indicó que “el Presidente no va a convocar a sesiones extraordinarias”, y señaló que la actividad parlamentaria comenzará tras la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso por parte del jefe de Estado, prevista para el 1 de marzo próximo.
Cuestión con la que pretendió justificar la firma del megadecreto desregulador firmado por Macri la semana anterior desde su lugar de vacaciones, al expresar que es una “herramienta constitucional” en el marco del “receso parlamentario”. La misma hipocresía de siempre para encubrir la decisión de gobernar por decreto, ya que que el megadecreto fue firmado antes que resolviera no convocar a extraordinarias. Decisión que volvió a ratificar al limitar la próxima paritaria nacional mediante un decreto publicado el miércoles 17. El decreto DNU Nº 52 pone fin a la discusión de la retribución mínima de los trabajadores docentes, como se mencionaba en la Ley de Financiamiento Educativo al salario básico nacional, y termina con las negociaciones de “índole económica”, también tenidas en cuenta en la reglamentación original. Este decreto modifica la Ley, eliminando la negociación paritaria del salario mínimo nacional docente para establecer un sueldo piso en todo el país y apunta contra el gremio de mayor representación, Ctera, eliminando la participación proporcional en la mesa de negociación (nota en pág. 12). n
