El gobierno popular revolucionario en el orden nacional será ejercido a través de la Asamblea Nacional del Pueblo, la que designará su Comité Ejecutivo y los miembros del Tribunal Supremo. Se unificarán las funciones legislativa y ejecutiva. Se garantizará el sistema federal mediante la autonomía de las provincias y su adecuada representación en la Asamblea Nacional.
Todos los ciudadanos de ambos sexos podrán elegir y ser electos. Los representantes populares deberán rendir cuentas periódicamente a sus mandantes y estarán sometidos a la revocabilidad de sus mandatos, al igual que los funcionarios estatales. Se garantizará el derecho a la constitución y funcionamiento de partidos políticos populares, los que podrán presentar candidatos en todas las instancias electorales. Los ciudadanos no inscriptos en ningún partido también podrán presentarse como candidatos.
El mismo sistema de gobierno regirá en los órdenes provincial, departamental y municipal. Se formarán organismos interprovinciales e interdepartamentales de coordinación regional, que funcionarán adjuntos a la Asamblea Nacional del Pueblo y a las asambleas provinciales, respectivamente.
El gobierno popular revolucionario disolverá las fuerzas armadas y de seguridad del Estado del imperialismo, los terratenientes y la gran burguesía intermediaria. Garantizará la defensa del nuevo Estado contra sus enemigos con la organización de las fuerzas armadas revolucionarias y del pueblo en armas.
La justicia popular se ejercerá a través de los tribunales populares. Los jueces y miembros de estos tribunales serán electos por los consejos y asambleas populares, siendo sus cargos revocables sólo por estos organismos. Tendrán plena independencia para realizar su labor específica. Se establecerá el juicio por jurado. Los acusados serán juzgados en forma oral y pública. Gozarán de amplias garantías de defensa. El domicilio privado será inviolable salvo orden expresa de los tribunales populares y la seguridad personal garantizada por aplicación del habeas corpus y el derecho de amparo. Se prohibirá todo tipo de torturas y se castigará severamente a los que violen esta disposición. Los crímenes contra el pueblo son imprescriptibles.