A fines de julio pasado, en Moscú, miles de personas participaron en una manifestación para exigir que candidatos de la oposición pudieran participar en las elecciones locales en la capital rusa.
La manifestación no había sido autorizada y terminó con la detención de más de 1.000 personas. Es decir, una de las mayores medidas de represión masiva en los últimos años (el gobierno ruso utiliza otras medidas más sofisticadas de represión, como las misteriosas muertes de periodistas opositores).
La protesta fue prohibida bajo el argumento de que había amenazas de violencia contra la Comisión Electoral, el organismo que decidió no permitir la participación electoral de 57 aspirantes independientes. “¡Rusia será libre, esta es nuestra ciudad!”, miles de personas gritaron esta consigna, entre otras. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, calificó la manifestación de “amenaza a la seguridad” y prometió mantener el orden público.
Desde entonces, se organizaron manifestaciones de protesta casi todos los fines de semana. El 9 de septiembre se realizaron las elecciones municipales. El dirigente Alexéy Navalny, conocido por sus investigaciones sobre la corrupción de los sectores dominantes rusos, y otros, propusieron entonces la estrategia del “voto inteligente”: optar por el candidato con más opciones de desbancar al oficialista entre los partidos de la oposición parlamentaria. Son los partidos aceptados por el sistema, porque en la mayoría de las cuestiones siempre apoyan a Putin: el Partido Comunista, el socialdemócrata Rusia Justa y el nacionalista Partido Liberal-Democrático. A cambio del apoyo de los “pro democracia”, los candidatos ganadores prometieron modificar las leyes electorales. De los 45 escaños de la asamblea local de Moscú, Rusia Unida ha logrado hacerse con 25. Los restantes 20 son para la oposición.
La respuesta de Putin no se hizo esperar: el 12 de septiembre la policía allanó casas y oficinas de activistas en 200 puntos de más de 40 ciudades y pueblos, desde Murmansk a Vladivostok, en lo que constituyó la mayor redada efectuada hasta el momento contra agrupaciones políticas alineadas con el líder de la oposición Aléxei Navalny. Fueron detenidas decenas de personas.
El gobierno sostuvo que los allanamientos y detenciones fueron parte de una investigación criminal de lavado de dinero en la Fundación Anticorrupción de Navalny. Las oficinas de Golos, un grupo independiente de monitoreo de elecciones, también fueron allanadas. Obviamente los cargos fueron inmediatamente declarados como falsos y se denunció que se trata de una escalada en la represión a los opositores.
¿Se puede apoyar tal poder? tuiteó Navalny, mostrando la imagen de un detenido arrastrado por el suelo por un policía encapuchado. Otro dirigente de la Fundación calificó el hecho de “golpe masivo”, “acto de intimidación” y “robo” para frenar la organización. Nikolái Svanidze, miembro del Consejo de Derechos Humanos ruso, calificó como un “ataque total contra Navalny”.
En el trasfondo de estos hechos está la situación económica de Rusia, la reforma del régimen de pensiones y jubilaciones del 2018, el peso del presupuesto militar, y la declinación de la oleada nacionalista promovida con la anexión de Crimea, el conflicto con Ucrania y la intervención en Siria.
Hoy N° 1783 18/09/2019
