La presidenta Rousseff está acusada de haber alterado partidas presupuestarias votadas por el Parlamento. Es decir, no hay ninguna acusación de corrupción, y se trata de un mecanismo habitual utilizado no sólo en Brasil, sino también en otros países como el nuestro.
La presidenta Rousseff está acusada de haber alterado partidas presupuestarias votadas por el Parlamento. Es decir, no hay ninguna acusación de corrupción, y se trata de un mecanismo habitual utilizado no sólo en Brasil, sino también en otros países como el nuestro.
El resultado de la votación se debe a que se ha roto la coalición que llevó al gobierno por segunda vez a Dilma. Esta coalición estaba integrada por el PT (Partido de los Trabajadores), el PCdoB (Partido Comunista de Brasil), y el PMDB (Partido Movimiento Democrático Brasileño).
Esta coalición retrocedió en las últimas elecciones presidenciales en las que Dilma Rousseff tuvo que ir a balotaje pero mantenía mayoría en las cámaras. En el balotaje el triunfo de Dilma fue por un margen estrecho, el 51,64% de los votos, contra el 48,36% de Aécio Neves. El PMDB resolvió votar a favor del impeachment, con lo que Temer, vicepresidente y dirigente de esa fuerza, pasó a ocupar la presidencia, con el apoyo de la coalición que había apoyado a Neves: el PSDB (Partido Social Demócrata Brasileño), el PSD (Partido Social Democrático), y el DEM (Demócratas).
La crisis económica
En el trasfondo de esta crisis política se encuentra la crisis económica que afecta a Brasil. El PBI cayó el 3,8% durante 2015 y la previsión para 2016 es de una nueva caída, del 3,43%. Una caída significativa dos años seguidos no se veía en Brasil desde la crisis de 1930. La devaluación del real alcanzó un 48% durante el 2015. El desempleo llegó a un 10% según las estadísticas oficiales. El déficit fiscal es del 10% del PBI.
Ya en el 2012 el PBI de Brasil había crecido sólo un 0,9%. Desde entonces el gobierno de Dilma Rousseff aplicó una serie de medidas de ajuste antipopular como reacción a los efectos de la crisis internacional y los problemas estructurales de la economía brasileña. Estos problemas fueron agravados por una prolongada sequía.
A pesar de que Brasil llegó ese año a posicionarse como sexta economía mundial, desplazando a Gran Bretaña, y del fuerte desarrollo industrial, especialmente en San Pablo y los estados del sur, su economía había sufrido un proceso de primarización. Por primera vez en años, se produjeron grandes huelgas y procesos de lucha como respuesta a las medidas de ajuste.
El 11 de julio del 2013, proclamado como día nacional de lucha, se calcula que hubo unos 60 cortes de rutas en todo el país. Esto fue novedad absoluta en Brasil. En el ABC paulista pararon muchos obreros del automotor. Participó el Movimiento Sin Tierra, que no había hecho nada por la reforma agraria desde la asunción de Lula.
De diversas formas se expresó la gran disconformidad por el contraste entre la situación socioeconómica del pueblo, incluyendo el desastre de la salud pública, y los gastos para la Copa del Mundo de Fútbol 2014 y las Olimpíadas 2016. Si bien las inversiones realizadas por el gobierno, en grandes obras de infraestructura, y los preparativos para estos eventos significaron un boom en el sector de la construcción, debido a las condiciones de trabajo se produjeron miles de accidentes.
Las luchas continuaron por los problemas en salud, educación, viviendas populares, etc. Luchas en las que se planteaba hasta un repudio a la realización del Mundial de Fútbol. Cientos de miles de trabajadores brasileños convocaron a manifestaciones, paros, protestas y huelgas, algunas de las cuales fueron sofocadas por la policía. Fue muy importante el paro de los trabajadores del subte, hasta el momento mismo de comenzar el Mundial.
La corrupción
En ese marco, en 2014 comienza la investigación judicial del llamado “petrolao”. Esta causa investiga la corrupción en Petrobras, la empresa estatal de petróleo de Brasil. Brasil pudo ampliar su producción de petróleo por la perforación en el mar, en grandes profundidades.
Quedaron a la luz las coimas millonarias que empresas de la construcción, particularmente Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, OAS, que actuaron cartelizadas, es decir de acuerdo, para repartirse fabulosos contratos de la petrolera. Pagaron a funcionarios del gobierno e incluso de la oposición.
Un juez, Sergio Moro, utilizando un mecanismo legal, premia la delación bajando las condenas y con detención domiciliaria de los implicados. Las condenas no son sólo a políticos sino también a directivos de las empresas. Por ejemplo condenó a Odebrecht hijo a prisión, y éste ha tenido que reconocer el pago de coimas para achicar la condena. Se calcula en 2.000 millones de dólares las pérdidas de la petrolera por estos contratos. Esto ha ido avanzando hasta tocar al propio Lula. El dinero proveniente de la corrupción es utilizado para el enriquecimiento personal y para financiar campañas políticas electorales.
Mientras tanto se denunciaron los intentos de privatizar la explotación “presal” de Petrobras, es decir la explotación submarina, sobre la base de la caída del precio del petróleo, la devaluación, y la corrupción en Petrobras. Hubo demostraciones de trabajadores del petróleo en contra de esta posibilidad.
También en Brasil la corrupción mata: se vino abajo un puente recién construido durante el Mundial y hace pocos días murió un ciclista al caerse una ciclovía recién inaugurada para las olimpíadas.
Desde principios del 2016 comienzan manifestaciones pidiendo la dimisión de Dilma, integradas por sectores de capas medias y fogoneadas por la FIESP, la poderosa central empresaria paulista. En algunos casos el repudio se extiende a todos los políticos, como ocurrió con Aécio Neves cuando quiso hablar en una de ellas.
Se realizaron también grandes manifestaciones de apoyo a Dilma, y contra el golpe institucional. El MST (Movimiento de los Sin Tierra), realizó grandes actos de repudio. Lula mantiene apoyo popular en sectores más pobres, favorecidos por sus medidas. El viernes 13, miles de personas ocuparon la céntrica plaza de Cinelandia, en Río de Janeiro, para mostrar su apoyo a Dilma Rousseff, y rechazar el plan de gobierno presentado por el presidente interino, Michel Temer.
El ajuste de Temer
No bien asumida la presidencia interina, Temer, que ya tenía listo su gabinete, nombró a Meirelles, ex presidente del Banco de Boston, y presidente del Banco Central de Brasil durante los dos períodos de Lula, como ministro de Finanzas. Este anunció una serie de medidas que profundizan el ajuste. Entre otras, el despido inmediato de 4.000 trabajadores del Estado. Además, si bien sostuvo que se mantendrían los programas sociales, “serán investigados y dados de baja los que no correspondan”. Especialmente se va a revisar el sistema de jubilaciones y pensiones, para subir la edad jubilatoria. Se prevé que intentarán privatizar el Correo, la Casa de la Moneda y las empresas de energía eléctrica.
No está todo dicho
El proceso brasileño no está cerrado. Además de las alternativas del juicio político, dependerá de las luchas del pueblo brasileño. Joa Pedro Stedile, dirigente de los Sin Tierra, planteó: “En el cuadro de la crisis general –económica, política, ambiental– que estamos atravesando, la corrupción es el síntoma de una crisis dle sistema, no la causa. Para resolverla no basta algún proceso, sino la necesidad de una Asamblea Constituyente que lleve soluciones a todas las anomalías de esta política”.
A su vez, los sectores de izquierda revolucionaria se oponen al impeachment, planteando la lucha contra el ajuste, y para salir de la crisis, la necesidad de una reforma agraria popular, impuesto a las grandes fortunas, control popular de los medios de comunicación, cárcel para todos los corruptos, y resolver los grandes problemas de vivienda, salud y educación de las masas populares.
