Iniciada el 8 de marzo desde el Pangui –en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe–, la extensa Marcha Plurinacional por la Vida, el Agua y la Dignidad culminó el jueves 22, Día Internacional del Agua en el Parque del Arbolito de Quito, tras haber recorrido a pie y en vehículos 700 kilómetros durante 14 días con la participación y solidaridad de 30.000 personas.
Iniciada el 8 de marzo desde el Pangui –en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe–, la extensa Marcha Plurinacional por la Vida, el Agua y la Dignidad culminó el jueves 22, Día Internacional del Agua en el Parque del Arbolito de Quito, tras haber recorrido a pie y en vehículos 700 kilómetros durante 14 días con la participación y solidaridad de 30.000 personas.
El Pangui es la región donde el presidente Rafael Correa decidió lanzar el primer emprendimiento megaminero del país, concedido por 25 años a la corporación china Ecuacorriente (ECSA) para explotar un gran yacimiento de cobre (además tiene otros en carpeta con corporaciones de otros países imperialistas). El contrato, violatorio del “Mandato Minero” aprobado por la Asamblea Constituyente, motivó protestas de numerosas organizaciones indígenas y movimientos sociales, que un par de semanas atrás fueron reprimidos violentamente por la policía al intentar irrumpir en la embajada china en Quito.
También para Correa los movimientos sociales son “golpistas”
Correa montó, con sindicatos y organizaciones afines, una especie de “operativo clamor” de algunos miles de personas, que ocuparon la plaza de Quito para impedir el desemboque de la Marcha por el Agua. Allí, mientras sus partidarios pedían su reelección a la presidencia, Correa –repitiendo el hábito de los Kirchner– acusó a los marchistas de oponerse al “desarrollo” y agitó el espantajo de la “desestabilización” y el “golpismo”, clamando que “nada ni nadie” desviará su pretendida “revolución ciudadana”.
“No es que nosotros no queramos desarrollo”, replicó Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), “lo que no queremos es que se vuelva a colonizar el país a costa de perjudicar a la gran mayoría de las comunidades indígenas campesinas”. La Conaie fue una de las organizaciones convocantes de la Marcha, junto con la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y el Movimiento Popular Democrático.
Además de oponerse a lo que llaman “minería a gran escala”, esos movimientos reclaman una redistribución de tierras y del acceso al agua, entre otras demandas como definir el límite de la entrega de áreas cultivables, anulación de contratos para la explotación minera a gran escala, suspensión de proyectos petroleros e hidroeléctricos, suspensión de las negociaciones con la Unión Europea para un Tratado de Libre Comercio (TLC), y protección a las economías populares y campesinas frente a los impuestos, además de amnistía para los 197 procesados por causas políticas.
Los dirigentes obreros y campesinos anunciaron que en un mes y medio convocarán a una “asamblea plurinacional” con la asistencia de todas las organizaciones aglutinadas en la marcha, para evaluar el avance en la solución de sus reclamos.
En su discurso en Quito, Correa –en sintonía con Cristina y los K– defendió a rajatabla sus proyectos megamineros asegurando que se puede tener “buena agua y buena minería”. Aseguró –copiando a nuestra ministra Nilda Garré– que no dialogará con “mentirosos” y “malcriados”, y clamó: “Nuestros adversarios son inmensos, minoritarios, pero poderosísimos”, refiriéndose a la prensa, grupos empresariales e intereses internacionales.
Repitió así el ya cansador estribillo de los modernos neodesarrollistas latinoamericanos, actuales entregadores de nuestros recursos nacionales y verdaderos abrepuertas de “grupos empresariales e intereses internacionales” chinos, rusos y otros. Dirigentes cuya “heterodoxia” se muestra firme contra los yanquis pero regalona con imperialismos rivales de aquellos.
