Por segundo día consecutivo los griegos salieron a las calles el jueves 20 de octubre en repudio al proyecto de ley de recortes sociales del gobierno que discutía el Parlamento. Igual que el miércoles, millones de griegos adhirieron a una huelga general de 48 horas y cientos de miles ocuparon el centro de Atenas y rodearon el Parlamento en un intento de impedir que los diputados ingresaran al mismo a votar las infames medidas antipopulares exigidas por la “troika” (FMI, Unión Europea y Banco Central Europeo) e impuestas a sangre y fuego por el gobierno socialdemócrata entreguista de Papandreu.
La ley, finalmente aprobada por la mayoría oficialista, implica el despido de 30.000 empleados estatales, una rebaja del 40 por ciento en el sueldo y las pensiones de los restantes, la suspensión de los convenios colectivos de trabajo y la rebaja del piso de ingresos para pagar impuestos: éste pasará de 8.000 a 5.000 euros anuales, lo que significa que ahora deberán pagar impuestos hasta los pobres, ya que la Unión Europea establece el “límite de pobreza” en Grecia en los ingresos menores a 6.500 euros anuales.
La votación se hizo mientras la policía apaleaba y dispersaba a los manifestantes en la Plaza Syntagma frente al Congreso. “¡Abajo la barbarie económica!”; “¡No robé y no pago!”, clamaban las pancartas. Grupos de manifestantes incendiaron contenedores de basura y rompieron vidrieras, paradas de colectivos y las fachadas de los hoteles de lujo situados en la plaza Syntagma (Constitución). También hubo enfrentamientos con la policía en otras grandes ciudades como Salónica, Patras y Volos.
Pararon los controladores aéreos, los trabajadores de ministerios y empresas estatales, bancos, farmacias, estaciones de servicio, hospitales y comercios. Ya antes del paro general estaban en lucha los ferroviarios, taxistas, bancarios, periodistas, tripulantes de transbordadores, los recolectores de basura, los de oficinas fiscales y los abogados.
La receta de Menem-Cavallo-De la Rúa con membrete europeo
El nuevo ajustazo antipopular era exigido por la “troika” imperialista como condición previa para otorgarle a Grecia una nueva cuota de 8.000 millones de euros (unos 11.000 millones de dólares) de su pretendida “ayuda” para que Grecia no fuera declarada oficialmente en quiebra. Grecia tiene un déficit fiscal descomunal, y su deuda externa (unos 330.000 millones de euros) supera el 160 por ciento de su PBI de todo un año; pero los imperialistas –y el gobierno de Atenas, autoconvertido en peón de los monopolios bancarios e industriales de Europa– no le hace pagar esa crisis abrumadora a los gobiernos y a los bancos nacionales y extranjeros (principalmente franceses, ingleses y alemanes) que endeudaron brutalmente al país y se llenaron los bolsillos con grandes negociados a costa de Grecia, sino que la descargan sobre las espaldas del pueblo con recortes de salarios y jubilaciones, despidos masivos, aumentos de impuestos y estrangulamiento presupuestario de la salud y la educación públicas. La desocupación reconocida es de 820.000 personas, pero se estima que es mucho mayor.
Los gobiernos y monopolios de la UE buscan evitar a toda costa que Grecia entre en quiebra, no para restarle padecimientos al pueblo griego sino para que éste pague la supervivencia de los mismos pulpos bancarios europeos que lo llevaron a la situación actual. Haciéndose vocero de esos intereses el ministro de Finanzas de Atenas, Evangelos Venizelos, anunció que incluso el hambre y la desocupación actuales no serán suficientes, ya que aún “lo que el país está experimentando no es la peor etapa de la crisis”.
