Como se sabe, la epidemia tuvo un desarrollo explosivo en el hemisferio norte: EEUU, Canadá, México, y las informaciones iniciales dieron cuenta de una alta tasa de mortalidad en este último país. También alarmó la aparición de una epidemia de gripe (ver recuadro) en época estival. La propagación de la enfermedad viral a otras regiones del mundo motivó que la directora de la OMS, Margaret Chan, declarara la fase VI –máxima severidad– de la pandemia.
En nuestro país los primeros casos se reportaron en alumnos de colegios privados del área metropolitana, para diseminarse de modo vertiginoso primero en la Capital Federal, el Conurbano y luego en la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, y ahora el resto del país.
Los responsables del Ministerio de Salud de la Nación se concentraron en monitorear en forma ecléctica y anodina la evolución de la pandemia a nivel mundial (hubo entre fines de abril y julio más de 60 partes diarios!), pero carecieron de aptitud para ejercer el comando eficaz frente a la grave situación sanitaria planteada.
A fines de mayo se informó que había 19 casos en nuestro país, que “saltaron” a 569 el 13 de junio, y a 1.080 casos confirmados una semana después –8 días antes de las elecciones–, cuando se habían producido ya 7 fallecimientos por la enfermedad y se había dispuesto el cierre de 44 establecimientos educativos. Para el 26 de junio los casos trepaban a 26 fallecidos, cifras duplicadas por la información oficial luego de las elecciones, y asumido el ministro Manzur.
Días previos a las elecciones, los profesionales y trabajadores de la salud del área metropolitana, de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe en particular, tuvieron clara percepción de la gravedad de la situación al producirse una progresión geométrica de las consultas de síndromes tipo influenza (la Gripe A es indistinguible de la gripe estacional); una parte de los cuadros presentaban neumonía en ambos pulmones, y una proporción de estos, severa insuficiencia respiratoria que requería internación en terapias intensivas y asistencia respiratoria mecánica (respiradores). Lo “novedoso” fue la grave afección en personas jóvenes y sanas y que “observamos complicaciones que no esperábamos en mujeres embarazadas”, como reconoció el ministro bonaerense Claudio Zin.
El sistema al desnudo
Los hospitales, centros de atención primaria de la salud, consultorios médicos y aún las instituciones “privadas” se vieron desbordados frente a la demanda de atención. Los trabajadores de la salud vivieron los peores momentos sólo comparables a la grave crisis sociosanitaria del 2001, con jornadas de trabajo y guardias extenuantes. Los jóvenes médicos residentes –que venían en la Provincia de Buenos Aires de una legítima lucha por salarios y condiciones de trabajo– cumplieron un rol destacado al ser puestos como la infantería sanitaria frente a esta epidemia. Son, como otros profesionales con trabajo precario, la “mano de obra barata” con que cuenta el modelo vigente.
Las correctas recomendaciones de diagnóstico de la Gripe A realizadas por los expertos quedaron en el papel al colapsar el prestigiado Instituto Malbrán, situación que se sumó a la insuficiencia de insumos de laboratorio específico.
Como señaló la secretaria de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Roses “en la Argentina se produjo un cóctel explosivo: elecciones y epidemia”. El gobierno de los Kirchner no solo ocultó la información de las personas fallecidas por esta enfermedad, sino, lo que resulta mucho más grave, subordinó este grave problema de salud pública a sus objetivos políticos. Los líderes de la oposición del sistema tampoco reclamaron la declaración de la emergencia sanitaria y la postergación de las elecciones, como propugnaron muchos de los expertos (algunos candidatos se desvivían por participar del “Gran cuñado” de Tinelli). En contraste con esta actitud mezquina se debe considerar la experiencia mexicana: allí, un gobierno “conservador” adoptó medidas drásticas que atenuaron los efectos de la grave epidemia.
La epidemia de Gripe A desnudó la fragilidad sobre la que se asienta el sistema de salud argentino. Según la OMS, la Argentina invierte en salud un 10% del PBI (unos 100.000 millones de pesos, casi la mitad erogación de bolsillos de las familias argentinas), el doble de lo que produce el sector agropecuario o de la inversión en la construcción. Pero los indicadores sanitarios son desalentadores. La mortalidad infantil es 14 por 1.000 niños vivos (Chile invierte 5,3% del PBI en salud y la tasa de mortalidad infantil es del 8%).
Este increíble desmanejo permite que se “desvíen” recursos del PAMI (como también los del Anses), que tengamos los medicamentos “mas caros del mundo” (en el manual de los ministros de Salud locales no figura la producción estatal de medicamentos) o sucedan escandalosas maniobras con los recursos de las obras sociales como el “APE”. Este mundo feliz a costa de la salud popular, contrasta con el trabajo “chatarra” para muchos profesionales (becarios y reemplazantes crónicos en negro en hospitales provinciales/ médicos de “seguros públicos” y “comunitarios”) o con el raquítico y vergonzoso presupuesto que se destina al estudio y tratamiento de las patologías endémicas y regionales.
En materia de interrogantes abiertos, aunque en la última semana se ha observado una disminución de casos relacionados con esta epidemia en la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, aun los expertos se preguntan si no puede haber “nuevos repiques” de la enfermedad.
¿Puede pensarse en hacer frente a esta epidemia de Gripe A y otros problemas que agobian la salud de la población, sin modificar la agenda dispuesta por el Estado nacional? ¿Pueden mantenerse presupuestos de salud pública ajustados y reservar recursos para “hacer honor” al pago de “deuda odiosa” con el Club de Paris o a los 20.000 millones de dólares de “vencimientos de la deuda externa” del presente año? Por este camino, ¿puede avanzarse en mejorar el desarticulado sistema de salud?
Prioridades
• Garantizar el estricto cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Expertos de Influenza, aprobadas en reunión de COFESA del 6 de julio de 2009, en particular respecto de la provisión de oseltamivir (cuando corresponda por indicación médica).
• Pase a planta permanente, en condiciones de estabilidad, de todo el personal que se desempeña en condiciones precarias en hospitales y centros de salud nacionales, provinciales y municipales. Designación inmediata de personal de salud de refuerzo frente al incremento de la de demanda. Incremento salarial de emergencia. Condiciones de bioseguridad adecuadas.
• Comités de Crisis con la participación de círculos y asociaciones de profesionales, organizaciones gremiales y populares y las autoridades sanitarias, avanzando en las mejores experiencias de estos días para enfrentar esta epidemia y los problemas sanitarios que se planteen en el próximo período.
• Emergencia Sanitaria Nacional, para garantizar el aumento de recursos para salud y su ejecución con estricto control popular.
