Sorprendida por la “imprevista” corrida al dólar y suba de las tasas de interés –algo que venía de hace meses y que se ocultaba a si misma en su “relato” preelectoral–, la Presidenta también descubrió que algo andaba mal en su “relato” sobre los subsidios. Pero esta vez encontró una estrategia comunicacional digna de mejor causa.
Sorprendida por la “imprevista” corrida al dólar y suba de las tasas de interés –algo que venía de hace meses y que se ocultaba a si misma en su “relato” preelectoral–, la Presidenta también descubrió que algo andaba mal en su “relato” sobre los subsidios. Pero esta vez encontró una estrategia comunicacional digna de mejor causa.
Sin decir agua va agua viene, lo que todos estos años era una política de redistribución de los ingresos a favor de los trabajadores y la producción, pasó a ser el demonio a combatir. Por supuesto comenzando por lo que nadie se atrevería a cuestionar: quitarles el subsidio en gas, electricidad y agua a los bancos, casinos, aeropuertos, telefónicas y mineras. Tras dos semanas, el ajuste se extendió a “grandes empresas” de los sectores de refinamientos de combustible, gas natural, biodisel y aceites de exportación y agroquímicos. Asimismo, se avanzó hacia los consumos domiciliarios en los lugares que viven los sectores de población de “altos ingresos” en la Capital Federal, es decir Puerto Madero y Barrio Parque (parte de Palermo y Recolecta), y en los countries y barrios cerrados de todo el país. Y se anunció que se proseguirá hacia el cinturón costero norte de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en este caso exceptuando del aumento a quienes lo soliciten por el formulario de declaración jurada que ya han comenzado a remitir: un verdadero certificado de pobreza que será controlado por visitadores sociales y publicado en Internet…
Es decir que lo que presentó como una cruzada para hacer pagar más a los que fueron los principales beneficiarios de los subsidios en los años de la fiesta kirchnerista, en definitiva va a terminar siendo un ajuste que pagará la mayoría de los trabajadores y el pueblo argentino, al mismo precio de la tarifa sin subsidios, que hoy se presenta como afectando solo a los “sectores pudientes”. Será por eso que el gobierno se resiste a establecer por ley una tarifa social para todos los trabajadores según su nivel de ingresos, en vez de someterlos a la discriminación que implica tener que certificar su pobreza para poder acceder a una tarifa subsidiada.
