—¿Cómo interpretan las acciones de Aníbal Fernández de judicializar a asambleístas de Gualeguaychú?
—El anuncio de Aníbal Fernández significa que quiere hacernos cargo del fracaso político del gobierno nacional con relación al conflicto con Uruguay. Fernández habla de un monitoreo fuera de la planta para garantizar que Botnia no contamina, contradiciendo incluso las presentaciones de pruebas que ha hecho el Estado frente a La Haya.
Nosotros logramos comprobar que Botnia contamina. Hay una contradicción entre lo que el Estado viene planteando y lo que dijo Aníbal Fernández el otro día.
Fernández nos acusa de 18 delitos (sedición, desacato a la autoridad, etc.), pide que el Estado querelle. Primero habló de 11 asambleístas, ahora no se sabe cuántos son. El decreto de la presidenta respalda esa querella, porque se lo requirió el juez.
El gobierno decidió judicializar la protesta, y eso va de la mano con su práctica. Hay en el país más de 4 mil procesados por luchar, hay procesados en otras asambleas enfrentando otros conflictos ambientales.
Pese a que todavía no hay lista y no se sabe quiénes son los miembros de la asamblea que va a querellar el gobierno -lo que hay son trascendidos periodísticos donde nos nombran a algunos de nosotros, y no ha habido ninguna notificación-, se ha armado toda una red de solidaridad impresionante.
Nosotros en dos asambleas posteriores a la conferencia de Fernández hemos discutido acciones: si nos notifican vamos todos al Juzgado. Hay voluntad de los vecinos de involucrarse en las causas –se dice “todos somos Gualeguaychú”, “todos somos Arroyo Verde”-, para romperle la intención del gobierno de querer individualizar las causas. Y el otro punto que hemos discutido es sostener el corte de Arroyo Verde. Lo que está en debate, y es lo que vamos a discutir el miércoles –al cierre de esta edición- son distintas propuestas de cómo vamos a seguir. Porque el gobierno decidió cerrar el canal de diálogo y la puerta de reclamo que nosotros teníamos con ellos. Nosotros venimos de hacer acciones pidiendo la aplicación del Código Aduanero, que no transiten barcos con materiales por el río Uruguay, que no se comercialice madera, ni que químicos argentinos transiten por la ruta 14; que empresas argentinas no compren la producción de Botina ni en químicos ni en pasta de celulosa.
Ellos nos quieren correr el eje poniendo el centro en que el problema es el corte, cuando en realidad el problema es Botnia.
El gobierno ha mostrado su esencia y las cosas están planteadas así. Hoy (14/6) nos vino a notificar gendarmería, y estamos minuto a minuto viendo lo que pasa.
—En los medios apareció una versión de levantar el corte para que se cumpla el monitoreo…
—El monitoreo del que habla Aníbal Fernández no es lo que plantea el fallo de La Haya, en el que “los Estados tienen que permitirse ingresar” o sea tienen que ingresar a la planta y controlar la fábrica desde adentro de la planta. Evidentemente Uruguay y Botnia no acuerdan con eso, porque Botnia contamina y eso es innegable. Entonces, el tipo de monitoreo que plantea Aníbal Fernández y el que han conversado con Uruguay es que sea a lo largo y lo ancho del río Uruguay, los 400 km compartidos, etc.
Nosotros planteamos que como Asamblea, no controlamos ni monitoreamos. Sostenemos que Botnia tiene que ser desmantelada, pero si el Estado se compromete a cumplir el fallo de La Haya, que lo cumpla.
Hay asambleístas que plantean “ya que ellos nos extorsionan con el tema del corte, que si ellos no pueden hacer el monitoreo porque está el corte”, lo que es una falacia total, plantean que nos correríamos en el caso de que se tomaran medidas concretas como la aplicación del fallo, lo del código aduanero, y demás… Plantean: “en ese caso consideraríamos corrernos” una cantidad de días, con plazos garantizando que se cumplan los acuerdos. Pero esa es una propuesta, frente al manotazo del gobierno, que está en debate con otras propuestas que también están en discusión y seguramente se irán definiendo a partir de la asamblea del miércoles, donde opine toda la ciudadanía.
—¿Cómo ve el pueblo de Gualeguaychú este cambio, luego de ser “causa nacional” a la judicialización?
—Quienes tuvieron expectativas en el gobierno, tuvieron una profunda decepción. Y quienes hemos planteado que al gobierno nunca le interesó resolver el conflicto sino utilizarlo en sus negociaciones -en el ámbito del Mercosur, la presidencia del Unasur de Kircher, sus relaciones comerciales con el Uruguay, etc.-, entendemos que el gobierno ha mostrado su esencia, lo que es de fondo este gobierno.
Porque no es que sólo judicializa la lucha de Gualeguaychú, judicializa un montón de otras luchas y otros reclamos. Persigue y judicializa a quienes enfrentamos o nos oponemos al modelo que ellos representan, porque ellos representan la aplicación del Irsa, representan la contaminación minera y el saqueo de los recursos naturales.
Alrededor de todo esto hay muchas opiniones, porque la asamblea está compuesta por ciudadanos que se decepcionaron, otros que se sorprendieron, otros que pensamos que el gobierno mostró su esencia. No deja de ser una sorpresa para todos, porque la verdad es que fue un volantazo muy brusco el que dio. Vinieron acá, hicieron acto, “causa nacional”, salimos hace dos meses del juicio de La Haya donde ellos van porque Gualeguaychú presiona para la aplicación del Estatuto; y a los dos meses salen a decir que el problema somos nosotros. Hay un cambio abrupto ahí.
La gente está muy indignada con la actitud del gobierno. Al otro día de la conferencia de Fernández, la gente se convocó en la puerta de la Municipalidad para exigirle al intendente Bahilo que como representante del poder central de la localidad, al gobernador Uribarri, al senador Guastavino den explicaciones –los tres kirchneristas-, si están del lado de la comunidad o están de acuerdo con lo que plantea Fernández.
El intendente salió a despegarse diciendo que él no estaba de acuerdo con judicializar la protesta, que iba a tratar de generar canal de diálogo. Se han manifestado distintos sectores políticos a favor de la asamblea, solidarizándose con nosotros.
Nuestra propuesta es tomar el tema de la judicialización de la protesta social, por un lado, unido a los más de 4 mil procesados. Y exigirle al gobierno que ponga como centro el problema de la contaminación de Botnia.
Hay mucha bronca, la asamblea lo que resolvió fue no caer en acciones individuales. Tampoco en escrachar a las tres o cuatro familias que se prestaron para hacer las denuncias contra la asamblea, porque vienen trabajados desde el gobierno. Sabemos que se reunieron con Aníbal Fernández un par de semanas antes, se sacaron la foto. Llamativamente, a Abel Martínez Garbino le extienden la concesión de las máquinas tragamonedas por diez años en tres lugares de la provincia, manejadas por el kirchnerismo. También está la cuestión del fútbol. Es muy llamativo. Y da la sensación que estos vecinos han sido más que útiles a un propósito de desarticularnos del gobierno.
Hay una voluntad general de sostener Arroyo Verde, muy sentido desde la comunidad. En estos tres, cuatro días estuvo yendo la gente a ver cómo venía la cosa… está todo en discusión y en ebullición.
