La entrevista al camarada Echazú fue realizada el 8 de diciembre. Las fuerzas fascistas, oligárquicas y proimperialistas, en particular las de los departamentos del Oriente boliviano, ya habían puesto en marcha la cuenta regresiva para llevar a un punto sin retorno la fractura del país.
Después, con la aprobación ampliamente mayoritaria de la nueva Constitución en Oruro, vendrían nuevos actos políticos y materiales de sabotaje montados por los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando y por bandas fascistas y racistas, antipopulares y antinacionales como la Unión Juvenil Cruceñista, por cuenta de los intereses terratenientes y petroleros.
El sábado 15 ilustró la hondura de esa división fabricada. En las capitales de la “Media Luna” esas oligarquías —arrastrando a parte importante de los sectores populares con su propaganda ultrarregionalista— culminaron su campaña antiboliviana proclamando públicamente los “estatutos autonómicos”, con los que pretenden consumar el robo de los territorios y de los recursos petroleros y gasíferos que son propiedad de toda la nación, y voltear a “un gobierno que se rodea de indios”, según la expresión asquerosamente racista del prefecto santacruceño Rubén Costas.
Desenlace inevitable
Simultáneamente en la Plaza Murillo de La Paz, tras una gran marcha de miles de indígenas, campesinos, trabajadores y otros sectores populares, Evo recibía la nueva Constitución de manos de los constituyentes, ante una multitud en la que predominaban rostros y vestimentas de todas las nacionalidades de Bolivia. Evo dijo allí que su gobierno garantiza las autonomías departamentales pero también las regionales e indígenas, y que no permitirá la separación político-territorial del país.
“Autonomía —subrayó— no es división de Bolivia; autonomía no es separarse de Bolivia, autonomía no es descuartizamiento de la educación, ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas”. Saludó a los jefes de éstas presentes en el acto: “Estoy segurísimo —afirmó— que ningún miembro de las Fuerzas Armadas se va a prestar al pedido de algún autonomista que quiere división o golpe de Estado”. Y desafió a la oposición a “no tener miedo y someterse al voto popular”, es decir al referéndum en el que deberá dirimirse la aprobación del nuevo texto constitucional.
Efectivamente, las fuerzas oligárquicas temen la consulta popular; pero al mismo tiempo trabajan afiebradamente y contra reloj para dividir con ella al país y a los sectores populares. Intentan adelantarse contraponiéndole consultas regionales que sancionen la “autonomía” de los departamentos del Oriente en rechazo a los aspectos democráticos y nacionalistas de la nueva Constitución. Y, mostrando la hilacha latifundista de sus organizadores y financistas, lograron sustraer del referéndum la cuestión de la tierra, y llamarán a boicotear otro convocado por el gobierno donde se decidiría si debe considerarse latifundio a las superficies superiores a 10 mil hectáreas (como defienden esos viejos ladrones de tierras que hicieron sus inmensos fundos robándoselas a las comunidades indígenas), o a 5 mil hectáreas como reclamaron en la Constituyente las organizaciones populares, reclamando la “reversión” del resto al Estado.
El sabotaje oligárquico avanza a marcha forzada a crear una situación insostenible y tornar inevitable la fractura de Bolivia. Intentará utilizar esto para dividir a las Fuerzas Armadas, desprestigiar las reformas populares de Evo y erosionar y aislar a su gobierno hasta hundirlo en el caos o voltearlo.
Los pueblos latinoamericanos no deben permanecer desarmados ante la provocación imperialista y oligárquica contra el hermano pueblo boliviano.
