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03 de febrero de 2016

El 24 de enero se debía realizar la segunda ronda de elecciones presidenciales y legislativas en Haití. Pero fueron aplazadas dos días antes por el Consejo Electoral Provisional (CEP) ante la situación de violencia provocada por las denuncias de fraude.

Haití: rebelión popular contra el fraude electoral

Fuera las tropas argentinas del país hermano

A esta segunda vuelta habían llegado el candidato oficialista, Jovenel Moise, y el opositor, Jude Celestin, candidato de la Liga alternativa para el Progreso y la emancipación de Haití (Lapeh). Este se negó a participar denunciando el fraude en la primera ronda, el pasado 25 de octubre.

A esta segunda vuelta habían llegado el candidato oficialista, Jovenel Moise, y el opositor, Jude Celestin, candidato de la Liga alternativa para el Progreso y la emancipación de Haití (Lapeh). Este se negó a participar denunciando el fraude en la primera ronda, el pasado 25 de octubre.
Pero las elecciones tuvieron que ser anuladas por las protestas populares y de la oposición denunciando el fraude en la primera vuelta, en Puerto Príncipe, Delmas y Petionville. Exigían la salida del presidente Michel Martelly, cuyo mandato llega a término el 7 de febrero de 2016.
Decenas de miles de haitianos se lanzaron a la calle –desafiando a la muerte, el gas lacrimógeno, las palizas y la tortura policial– para exigir la anulación de las elecciones fraudulentas que dieron ventaja -en las legislativas y presidenciales- a los candidatos elegidos a dedo por el presidente Martelly.
 
Gobierno de transición democrática popular
Las protestas exigían el establecimiento de un gobierno de transición que pueda servir de base para la búsqueda de soluciones a la crisis coyuntural y estructural del país. Ni siquiera la presencia y el accionar represivo de la Minustah (Misión de las Naciones Unidas para Haití, en la participa la Argentina), como fuerza de apoyo a la Policía Nacional Haitiana han podido doblegar esa determinación popular.
  La Iniciativa Movimiento Patriótico Democrático Popular (MPDP) sostiene que sólo un gobierno de transición democrática popular puede permitir al pueblo haitiano recuperar su libertad y soberanía y luchar contra la miseria en el difícil contexto en el que se encuentra el país. El MPDP exige un gobierno que “no sea el resultado ni de una potencia extranjera, ni de un gobierno antinacional y antipopular, como el gobierno de Martelly-Paul. Este gobierno debe tener como brújula el interés nacional y el de la mayoría de la población”.
Recordemos que Haití sufre desde el 2004 el control extranjero a través de la Minustah. Su ciudad capital, Puerto Príncipe, fue prácticamente destruida en el 2010 por un terremoto que causó 316.000 muertos, 350.000 heridos y 1.500.000 personas perdieron sus viviendas. Miles de haitianos siguen viviendo en campos de desplazados, donde tienen acceso limitado o nulo a servicios básicos, como agua, cloacas, servicios de salud y escuelas.
Gran número de organizaciones han denunciado que los fondos que llegaron desde el exterior para la reconstrucción después del terremoto fueron en realidad apropiados por un grupo al que califican de “esclavistas locales, apoyados por varias organizaciones internacionales… Los mismos que se apropiaron del dinero para la reconstrucción quieren impedir que el pueblo elija su gobierno, en una conspiración a gran escala para seguir saqueando los recursos de nuestro país… Se aprovecharon de nuestro momentáneo estado de desolación y ocuparon el espacio político”.
Retiro de las tropas argentinas
El aplazamiento de las elecciones es una victoria parcial. La injerencia extranjera continúa. El actual presidente Martelly anunció que no dejará la presidencia el 7 de febrero y pidió a la OEA el envío de una Misión Especial para constituirse en árbitro de la crisis. Efectivamente, la OEA aprobó enviar a Haití una misión especial de mediación en el conflicto político y social del país, a pedido del presidente haitiano, para “preservar la institucionalidad democrática”. También la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) designó una misión de cancilleres para conocer la situación electoral de Haití a petición del gobierno de ese país caribeño.
Es necesario desplegar la solidaridad con el pueblo haitiano, cuya situación tiene muy poca difusión en los medios. Tenemos que reclamar el total retiro de las tropas argentinas de la Minustah y que cese cualquier tipo de injerencia de nuestro país. El embajador argentino en Haití, Alejandro Deimundo Escobal, en funciones desde 2014, acaba de declarar que Martelly podría seguir en su cargo hasta el 14 de mayo, y así, “Haití podría seguir adelante con este proceso electoral”. Repudiamos estas declaraciones. 
Ya en octubre pasado una declaración firmada por gran número de organizaciones políticas y sociales de Argentina y Uruguay decía “Rechazamos que en nuestro nombre se violen la dignidad y los derechos del pueblo haitiano”. Además del retiro de las tropas reclama a la ONU y los países intervinientes que reconozcan su responsabilidad por la introducción y reproducción permanente del cólera, la manipulación de las elecciones del 2010 y otras violaciones y crímenes en Haití, que pongan fin a su auto-impunidad, que detengan esta epidemia mortífera y que concreten reparaciones para las personas y comunidades afectadas.
Entre los firmantes se incluyen el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Frei Betto, las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle. También son firmantes el PTP y el PCR. Este pronunciamiento, dirigido a los gobiernos e instituciones internacionales involucradas en la ocupación de Haití ha sido entregado en Cancillerías, embajadas y sedes de la ONU desde México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua en el norte, hasta Perú, Argentina, Brasil y Uruguay en el sur.
 
Haitianos denuncian a la Minustah
También en octubre, un conjunto de organizaciones populares procedentes de todos los sectores de la vida haitiana, convocadas por el partido Rasín Kan Pèp La y la Plataforma Haitiana para un Desarrollo Alternativo (PAPDA) ha hecho oír su voz. Denuncian el proceso electoral fraudulento en curso, la incesante humillación de la ocupación militar que niega su existencia y autodeterminación, el hostigamiento permanente de la provocada migración entre República Dominicana y Haití y la amenaza de un nuevo decreto “del dictador Martelly que profundizaría la entrega de los bienes minerales del país a intereses foráneos”. Exigen el retiro inmediato de las tropas de la Minustah, la sanción penal de los crímenes y violaciones cometidos por ellas y su reparación, incluyendo el acompañamiento e indemnización de las personas afectadas, sus familias y comunidades, y las inversiones necesarias para asegurar a toda la población el acceso universal al agua potable.
La declaración agrega “Ni es la Minustah una misión de paz o una misión humanitaria, como suele ser presentada. Es una fuerza de ocupación tercerizada a las Naciones Unidas y en especial, a los países del Sur que han aceptado servir de esta manera a los intereses de los países más poderosos, como EEUU, Francia y Canadá, que durante más de dos siglos y a través de diversas formas de ocupación, siguen buscando someter a Haití y hacerle pagar la osadía de ser el primer pueblo en liberarse de la esclavitud y universalizar los derechos humanos.
“La Minustah también ha sido, y sigue siendo responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos de la población, entre ellas la violación y abuso sexual de mujeres, niñas, niños y jóvenes, y la introducción del cólera que ha resultado, hasta la fecha, en la muerte de más de 8000 personas y la infección de otras 700.000. Peor aún es la excusa de la “inmunidad diplomática” tras la cual las Naciones Unidas y todos los gobiernos e instituciones intervinientes, se autootorgan impunidad por sus crímenes.
“No aceptamos que en nuestro nombre, en nombre de las NNUU, un puñado de intereses imperialistas busca imponer su voluntad sobre un pueblo soberano. Rechazamos que en nuestro nombre se violen la dignidad y los derechos del pueblo haitiano, empezando con su derecho a la autodeterminación”.