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11 de junio de 2021

Huacalera, minería y el conflicto de nunca acabar

Desde hace un mes atrás la Secretaría de Minería de la provincia actualizó los pedidos de proyectos mineros en suelo jujeño, los cuales son más de 160.

Dicha situación fue alertada por las comunidades afectadas, debido a que las autoridades gubernamentales no informaron ni consultaron a la población sobre el posible desembarco de empresas extractivistas.

Los proyectos mencionados incluyen cateos, pedimentos ubicados en cercanías de edificios escolares, como así también de territorios declarados patrimonio cultural por la UNESCO.

Hoy la situación es alarmante: dos minas metalíferas en trámite aparecen en el catastro minero de la provincia, sobre la traza de ese camino. El mismo incluye, dentro del pedimento, a la Escuela de Yala de Monte Carmelo y la Escuela de Alonso. Un tercer pedimento afecta la parte sur de las Serranías de Hornocal, un paisaje que debería ser protegido en virtud de su belleza y de su pertenencia al territorio declarado Patrimonio UNESCO en el año 2003.

La lucha de comunidades en todo Jujuy en contra del uso desmedido del agua, un elemento vital para subsistencia data de largos años:

“Después de 13 años de lucha y de defensa de los bienes comunes, las localidades de la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad en la categoría Paisaje Cultural, UNESCO, nos movilizamos ante una nueva avanzada minera” manifestaron mediante redes sociales.

Y realizaron un breve recuento de los hechos que debieron atravesar desde aquel entonces. “En el año 2008, los vecinos de Tilcara y Juella, expulsamos a Uranios del Sur, una empresa de origen suizo que pretendía explotar Uranio. La Municipalidad Indígena de Tilcara, dictó una ordenanza prohibiendo la mega minería en toda su jurisdicción”.

En la misma dirección, en 2014, Huacalera siguió el ejemplo y dicta una Ordenanza Municipal en el mismo sentido: “la ordenanza se logró gracias a la movilización popular, después de meses de exigir a las autoridades protección ante la presencia de personas de origen chino en el territorio. Más tarde esas personas junto a un jujeño, fueron sorprendidas haciendo cateos ilegales, por lo que fueron expulsadas por la Policía Minera”.

“Hacia fines del año 2018, un camino se abrió paso en Huacalera derrumbando cerros, sin que mediara ningún tipo de aviso: bajo pretexto de comunicar el pueblo con la escuela rural de Alonso, Vialidad Provincial inició la apertura de un camino sin un expediente, solo con la aprobación a medias de sectores de las comunidades originarias ‘amigas’ del poder de turno, sin participación de todos los afectados, incitando a un conflicto social entre vecinos que aún permanece sin resolución. Tampoco se respetaron las leyes de protección de especies nativas: cardones centenarios, churquis entre otras especies protegidas por ley, fueron destruidas”.

Sin embargo, la mayor preocupación se da por el posible desembarco de empresas que extraen uranio: “hacia el oeste de la Quebrada y en zona de amortiguación del Patrimonio, cateos de Uranio que fueron rechazados por la movilización popular en el año 2008, pero que aún figuran en trámite, están nuevamente en cuestión. Un nuevo camino descubierto por pobladores de Huacalera en las últimas 72hs., abre paso rumbo a los cateos. Este escenario amenaza no solo a la Quebrada, ya que el gas radón que liberan los suelos ricos en Uranio, no reconoce fronteras y su alcance es difícil de mensurar en territorios tan extensos y con vientos tan fuertes como los que recorren la Quebrada y la Puna”.

Frente a ello, un grupo de vecinos y vecinas autoconvocados presentaron un pedido de informe a las autoridades gubernamentales para que ratifique o rectifique la información publicada en el sitio del Ministerio de Minería de Jujuy, en donde aparecen los más de 160 emprendimientos -ya sea otorgados o en trámite- y que afecta particularmente la zona sobre la cual se trazó la ruta provincial 73, que tenía como objetivo -según el gobierno provincial- unir la zona de la puna y quebrada con la región de los valles, aunque desde las comunidades apuntaron a que dicha traza parece responder más bien a intereses económicos devenidos de la actividad minera.

 

Corresponsal