En diciembre de 2009 las autoridades de la Facultad obstaculizaron la transparencia de los concursos docentes para la carrera de Geografía (a la fecha no regularizados). Ante esto, los estudiantes reunidos en una multitudinaria asamblea, decidieron acampar pa- cíficamente en el pasillo de Decanato de la Facultad a la espera de una respuesta. Tras la deliberada indiferencia de las autoridades, los estudiantes decidieron tomar el Decanato y dar a conocer la situación a la comunidad. Causa por la que once compañeros recibieron una citación para declarar como imputados; la denuncia incluía pedido de expulsión y suspensión.
Esta contraofensiva de la gestión no fue casual, esta persecución política se da en el contexto en el que todas las carreras de Unmdp están siendo acreditadas a la Coneau. Para poder aplicar más y mejor estas medidas privatistas, la gestión intenta amedrentar y meter miedo a los estudiantes procesándolos, para evitar en el futuro cualquier medida de lucha en defensa de la educación pública.
Ante esta situación se decidió, en una asamblea multitudinaria, llamada desde el Centro de Estudiantes de Humanidades (conducido por la Unidad-CEPA), tomar la Facultad. “Durante las dos semanas que duró el conflicto, se disputaron diferentes posiciones en las asambleas, donde decidimos priorizar la unidad ante el purismo personal de cada agrupación, para poder obtener una victoria” dijo un compañero de la CEPA.
Esta medida duro más de diez días y fue acompañada por otras, como movilizaciones, acampes frente a Rectorado; se realizaron clases públicas, corte de calle, conferencia de prensa, volanteadas informando al conjunto de los estudiantes sobre la situación de la Facultad. La organización se basó en comisiones de trabajo para garantizar el resguardo de las instalaciones, difusión, limpieza, y de la organización en general. La medida de fuerza tuvo aceptación y contó con la más amplia solidaridad y apoyo, tanto de Humanidades como de otras facultades, estudiantes, graduados, docentes y trabajadores universitarios, así como también organizaciones sociales y políticas, y federaciones estudiantiles. Algunos docentes en solidaridad con los estudiantes garantizaron parciales y clases públicas.
El jueves 7, los estudiantes en unidad con organizaciones sociales, de derechos humanos, gremios estudiantiles y de trabajadores, como la CTA, marcharon al Consejo Superior de la Universidad para exigir el desprocesamiento de los compañeros y la derogación de la OCS 822/90 (Régimen Disciplinario Estudiantil, ordenanza que permitió el procesamiento).
Se ganó el desprocesamiento de los 11 compañeros y que la OCS 822/90 pasara a comisiones para su tratamiento.
Para finalizar citamos a una compañera de la CEPA: “Es nuestro deber continuar la lucha para derogar la 822 y elaborar en conjunto con toda la Universidad un código de convivencia que no permita la persecución política por luchar por una universidad democrática, publica, gratuita y al servicio del pueblo liberado. Es claro que con unidad, lucha y organización es posible frenar las políticas de persecución que el gobierno nacional mantiene y alimenta en el país. Agradecemos a todos los compañeros que se sumaron a esta lucha y a todos los sectores que se solidarizaron con la causa”.
