La Reforma Previsional girada por el Poder Ejecutivo y aprobada en Senadores por el bloque oficialista junto a los senadores encabezados por Picheto, logró despacho con la firma de 40 de los 80 integrantes de las comisiones. La apoyaron el interbloque oficialista de Cambiemos, más los diputados de Argentina Federal:José Orellana, Jorge Franco, Paulo Cassinerio y Martín Llaryora y Juan Mosqueda, que responden a los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Hugo Passalaqua (Misiones), Juan Schiaretti (Córdoba) y Domingo Peppo (Chaco). También firmó el proyecto la diputada Norma Abdala de Matarazzo, que responde al gobernador Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Esto le permitirá su tratamiento en la Cámara de Diputados.
El Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador y el bloque de Lousteau, se opusieron denunciando que el actual proyecto significa un nuevo hachazo al mísero salario mínimo de 7.300$ que cobran la mayoría de los jubilados. El cambio de fórmula de movilidad alcanza a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH. Si se aplica la reforma propuesta por Macri, en el mes de marzo próximo los jubilados recibirían un aumento de alrededor del 5% en lugar del 13% que le correspondería con la ley vigente. Esto significa un robo de alrededor de 100.000 millones de pesos que son los que se les asignarían a la provincia de Buenos Aires, acuerdo firmado por todas las provincias, menos San Luis, dentro del pacto fiscal impuesto por el gobierno nacional.
Durante el debate de comisión los abucheos hacia el oficialismo de los jubilados y dirigentes sindicales que pudieron entrar al recinto fueron una muestra del repudio a este proyecto y a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, que argumentaban en defensa del mismo.
Urge la más amplia movilización nacional y un paro multisectorial para impedir que la Cámara de Diputados sancione esta reforma previsional reaccionaria. Mientras el Poder Ejecutivo, por un Decreto de Necesidad y Urgencia, amplía el presupuesto del presente año asignando más de 84.510 millones de pesos para pagar los intereses de la deuda externa corroborando el carácter antipopular y entreguista del gobierno de Macri.
