El conflicto se desencadenó a partir del aumento del impuesto inmobiliario aprobado en provincia de Buenos Aires y que antes había hecho el gobierno de Entre Ríos.
El conflicto se desencadenó a partir del aumento del impuesto inmobiliario aprobado en provincia de Buenos Aires y que antes había hecho el gobierno de Entre Ríos.
Estos gobiernos, como otros preparan impuestazos, toman la decisión de aumentar el impuesto inmobiliario rural y otros de jurisdicción provincial, ante la reducción interanual de los recursos de coparticipación federal de impuestos que remite el gobierno nacional. Es decir que en vez de plantarse y denunciar el manejo de la coparticipación que discrecionalmente maneja la nación optan por descargar la crisis fiscal sobre el conjunto de la producción agropecuaria de sus provincias. No lo hicieron con el criterio de separar a los grandes terratenientes o a los púles de siembra de los pobres y pequeños y medianos productores.
Para comprender la relación entre coparticipación e impuestazos tomamos la información del Ministerio de Economía de la Nación que en su página de Internet suministra los datos de cada provincia, en este caso veamos lo que ha ocurrido con provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.
La coparticipación para Buenos Aires entre enero y mayo de este año creció un 22% respecto a igual periodo del año 2011, de $10.340 millones pasó a $12.659 millones y para Entre Ríos creció un 23%, pasó de $2.442 millones a $3.011 millones. El déficit fiscal en estas provincias se produce porque sus respectivos presupuestos para el año 2012 se calcularon con un aumento de la coparticipación promedio del 35% superior respecto al año 2011, por lo cual la brecha entre el gasto que se realizó y los recursos que se recibieron se agrava con el correr de los meses.
En tanto la nación, de los dos impuestos coparticipables más importantes que se coparticipan una parte minoritaria, el IVA que recauda la Dirección General Impositiva y los derechos de exportación, crecieron en estos cinco meses el 36,6% y 37,7% respectivamente, siendo el aumento de toda la recaudación nacional un 26,1% superior a la del año pasado en el periodo enero-mayo. Traducido en cifras, la nación recaudó 259 mil millones de pesos, se quedó con $187 mil millones (72%) y giró a las provincias $73 mil millones (28%).
El centralismo unitario de este gobierno conoce pocos antecedentes en la historia y se descarga en el sector agropecuario una presión impositiva que es, según algunas estimaciones, 4,4 veces superior a la que tributa el resto de la economía, a lo que hay que sumar los impuestos provinciales y municipales.
Desde el gobierno nacional y los provinciales que ya aplicaron el impuestazo se argumenta que las valuaciones fiscales de la tierra eran muy bajas. Efectivamente es así, campos cuyo valor de mercado superan los 10 mil dólares por hectárea y en algunas zonas hasta 20 mil dólares estaban pagando 60 o 120 pesos de impuesto inmobiliario por año. En Jujuy el latifundio de 157 mil hectáreas de Blaquier paga $9 por hectárea, tal como se denunció al momento de la lucha de la ocupación de El Triángulo el año pasado. En Salta se paga $20 por hectárea y en Santa Fe $40.
Ante esto, ningún gobierno se dispuso a tomar medidas para actualizar las valuaciones aproximándose al valor de mercado y mucho menos nunca se propusieron poner en el blanco a los grandes terratenientes, a la hora de aprobar las leyes impositivas que se discuten todos los años ni modificar las alícuotas para cobrarles a ellos el impuesto inmobiliario. En Buenos Aires cayeron contra pequeños y medianos productores, así es como propietarios de entre 100 y 500 hectáreas tendrán un aumento del impuesto inmobiliario del 300% y en Entre Ríos llega en algunos casos al 600%.
En tanto el conflicto se instala en varias provincias donde el paro encontró en numerosos localidades a productores a la vera de la ruta, el gobierno nacional se prepara para recibir un aumento extraordinario en el impuesto a los bienes personales que se liquidarán en abril y mayo del año 2013. Según el semanario agropecuario Infocampo, que no expresa análisis y posiciones en contra del gobierno kirchnerista, en su edición del 8/6 da cuenta del caso de un productor que pagó en la reciente declaración de bienes personales $2.900 y que el año que viene tendrá que pagar $76.000. Esta es la manera como Cristina Fernández se prepara en materia de caja nacional para afrontar la crisis fiscal y el año electoral 2013.
Lo que no tiene en cuenta o subestima es la bronca acumulada principalmente entre los que no participan de la extraordinaria renta de la tierra y de las ganancias fabulosas de los monopolios acopiadores y exportadores (que al mismo tiempo forman los precios que provocan la inflación). Son la mayoría de los pobres del campo y los pequeños y medianos productores los que están buscando la manera de confluir en la lucha opositora a la política nacional con las organizaciones que representan a la clase obrera y demás sectores populares.
