Con la firma de Carlos Kunkel, Diana Conti, Juan Manuel Pedrini, Gustavo Martínez Campos, José María Díaz Bancalari, María Teresa García y Sandra Mendoza, todos diputados nacionales del Frente Para la Victoria, presentaron un proyecto para legitimar la represión contra las manifestaciones públicas.
Con la firma de Carlos Kunkel, Diana Conti, Juan Manuel Pedrini, Gustavo Martínez Campos, José María Díaz Bancalari, María Teresa García y Sandra Mendoza, todos diputados nacionales del Frente Para la Victoria, presentaron un proyecto para legitimar la represión contra las manifestaciones públicas.
Lo titularon “Ley de convivencia en manifestaciones públicas”. Este proyecto le permite al Ministerio de Seguridad de la Nación determinar cuándo una manifestación es legítima o ilegítima (art. 3 del proyecto).
Según el proyecto del Frente para la Victoria, una manifestación será legítima cuando cumpla con todos estos requisitos (art. 5):
1.- No impida el normal funcionamiento de los servicios públicos, especialmente los relativos a educación, la seguridad y salud pública.
2.- No impida la total circulación de personas y vehículos en una dirección determinada.
3.- Permita la libre circulación, en todos los casos, de grupos especialmente vulnerables, como niños, adultos mayores, discapacitados, enfermos y otros.
4.- Los manifestantes no cometan delitos estipulados en el Código Penal durante la manifestación.
5.- Es notificada en los términos de esta ley. La notificación de la marcha debe hacerse a la Policía 48 horas antes de la manifestación (art. 7). A la Policía hay que informarle: 1.) el lugar en donde se llevará a cabo la manifestación, 2.) el tiempo estimado, 3.) el objeto de la manifestación y 4.) los datos del manifestante delegado. Si no se cumplen todos los requisitos la manifestación es ilegítima y puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad (art. 10).
El proyecto prevé en forma previa a la represión la actuación de un “mediador” del Ministerio de Seguridad (capítulo 2, artículos 11 a 19). La “mediación” se realiza únicamente con el “manifestante delegado”, quien deberá ir solo a una reunión con funcionarios del Ministerio de Seguridad, la Policía y quien sabe más. La función del “mediador” es “pactar” el cese de la manifestación y arreglar a cambio alguna reunión con un funcionario del ente al cual se dirige la protesta (pero ni siquiera en el momento). La ley prevé que el “mediador” le comunicará dentro de las 48 horas de terminada la “mediación” el resultado de su gestión para conseguir la reunión. El temario de la reunión con el funcionario lo impone el “mediador”. Para que tenga lugar la mediación, los manifestantes deben levantar el corte. La mediación no puede durar más de 2 horas, pasadas las cuales la manifestación es ilegítima y es reprimida por las fuerzas de seguridad. También será reprimida si los manifestantes no aceptan la “mediación”. Terminada la mediación se levanta un acta donde el manifestante delegado debe informar su nombre y apellido, su domicilio, número de teléfono, y dirección de email. Por último el proyecto establece que las marchas legítimas serán difundidas en los medios de prensa públicos (art. 31).
Con este gobierno ya hay 5 mil procesados por manifestarse
Este repaso del contenido de la ley resulta elocuente a fin de comprender su carácter represivo.
Con la situación social que se deteriora aceleradamente producto del ajuste llevado adelante por el gobierno nacional sobre los trabajadores y el pueblo, se busca sancionar este proyecto para legitimar la represión para hacer pasar el ajuste. Represión, criminalización y espionaje sobre las organizaciones sindicales, populares, estudiantiles, ambientales, y sociales ha sido una política deliberada del gobierno nacional y sus socios provinciales durante estos años.
El saldo de la política represiva del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es:
1. Más de 5.000 procesados por manifestarse, las condenas a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras, los presos de Corral de Bustos, Esteche y Lescano y de los seis delegados de Las Heras, (por citar alguno de los casos que existen de condenas y de presos políticos).
2. La sanción de la Ley Antiterrorista.
3. Infiltración en organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, políticas, y ambientales.
4. Los asesinatos de Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez (Jujuy); Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte (Neuquén); Javier Chocobar (Tucumán), Silvia Suppo (Rosario); Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas (Bariloche); Mariano Ferreira; Roberto López y Mario López (Formosa); Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canaviri Álvarez (Indoamericano); Juan Velázquez, Félix Reyes y Ariel Farfán (Jujuy); Mártires López (Chaco); Cristian Ferreyra (Santiago del Estero); Diego Jáuregui (Avellaneda); Geremias Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez (Rosario, Santa Fe); Noemí Condorí (Escobar); Miguel Galván (Santiago del Estero); Celestina Jara y su nieta de ocho meses (Formosa); Imer Flores (Chaco); Juan Manuel Asijak de 16 años (Formosa).
El gobierno nacional pretende avanzar con su política de represión y criminalización de la protesta, con el claro objetivo de garantizar la aplicación del ajuste sobre los sectores populares. Frente a esta política se impone la más amplia unidad para defender el derecho del pueblo a luchar y manifestarse.
Una herramienta importante para detener esta política nacional de criminalizar y reprimir la protesta social es la lucha por la sanción de la Ley Contra la Criminalización de la Protesta Social que tiene como fin el cierre de todas las causas penales iniciadas por participar en protestas, manifestaciones y/o cualquier otra forma de lucha.[1]
El proyecto contra la Criminalización ha sido propuesto por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Liberpueblo, Cadep, Ceprodh y otros organismos de derechos humanos que integramos el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. El proyecto es encabezado en el Congreso de la Nación por los diputados Virginia Linares (GEN), Nicolás Del Caño (PTS-FIT), Victor De Gennaro (UP). También han firmado el mismo como impulsores Facundo Moyano (Cultura, Educación y Trabajo), Ricardo Alfonsín, Patricia Gimenez (ambos de la UCR), Margarita Stolbizer, Fabián Peralta (ambos del GEN), Claudio Lozano (UP), Oscar Martinez (Movimiento Popular Solidario), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Victoria Donda (Libres del Sur), Néstor Pitrola, y Pablo López (PO-FIT), entre otros. n
[1] “ARTÍCULO 2°. Se dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social, de derechos humanos, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de salud, de educación, de justicia, de género e identidad sexual a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión.”
