El domingo 25 de julio, unos 300 indígenas brasileños pertenecientes a 11 etnias distintas tomaron las instalaciones de la represa Dardanelos en el municipio de Aripuaná (Estado amazónico de Mato Grosso (centro-oeste de Brasil) para exigir al gobierno de Lula una compensación por los daños culturales, sociales y ambientales que la hidroeléctrica ha causado a sus asentamientos en los tres años que lleva construyéndose.
La zona está en el corazón selvático del Amazonas, pero cerca del área agrícola de Brasil, extensas llanuras donde están los cultivos de soja más grandes del mundo: la demanda de energía crece sin cesar.
La reserva indígena está a unos a 30 kilómetros de la represa. La compañía constructora dinamitó parte de un lugar arqueológico, sagrado para los aborígenes de la región. Los pobladores también temen que la represa cambie el régimen de los ríos. Como compensación exigieron 10 millones de reales (unos 6 millones de dólares), que se utilizarían para mejorar las condiciones sociales de las tribus. También reclamaron la llegada de la luz eléctrica y el mejoramiento de los caminos de acceso a las reservas.
“Compénsenos o incendiamos todo”
Los indígenas exigieron una respuesta de la empresa constructora y del gobierno brasileño, bajo amenaza de poner fuego a todo lo construido. Según el coordinador regional de la Fundación Nacional del Indio (Funai) los originarios vienen reclamando desde hace mucho tiempo esa compensación, tal como lo establece la reglamentación de las licencias de obras públicas. “Como la hidroeléctrica va a comenzar a operar a fines de este año, han perdido la paciencia”, explica. Los originarios, armados con arcos y flechas y pintados para la guerra ocuparon la cantera y retuvieron a un centenar de trabajadores.
Expropiados de sus tierras por el latifundio y reducidos a sus reservas, los originarios brasileños se ven obligados cada vez más a acudir a la movilización y ocupación de dependencias oficiales. En mayo de 2009, un grupo de aborígenes tomó las instalaciones de la Fundación Nacional de Salud (Funasa) en San Pablo para exigir al Estado una mejor atención sanitaria en sus aldeas. Y en abril del año actual, indios brasileños de la organización de los Sin Tierra ocuparon el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incra) para reclamar el asentamiento de campesinos que no tienen tierra para trabajar.
Según algunos comentaristas, los originarios eligieron bien el momento del reclamo: es un año de elecciones presidenciales, y con la realización de grandes obras públicas –rutas, centrales eléctricas y plataformas petroleras– Lula espera aceitar la elección de quien designó como su sucesora, Dilma Rousseff.
