La derecha quiere ganar espacios perdidos en Perú, y avanzó intentando reflotar un indulto de 2017 a favor del expresidente Fujimori, preso desde 2009 por crímenes de lesa humanidad. El pueblo tuvo rápidos reflejos y realizó manifestaciones en todo el país.
Al grito de «indulto es insulto», miles de peruanos se concentraron en la plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, convocados por organizaciones civiles y sociales. Las redes sociales se activaron inmediatamente, con las consignas “Hoy salimos a marchar contra el ilegal indulto. Por aquellos que ya no están y por los familiares de los deudos que ven arrebatada la poca justicia que encontraron”.
En el interior del país también se dieron movilizaciones. Huno manifestaciones en Cajamarca, Cusco y Tacna, con pancartas donde se leía “Tribunal Constitucional corrupto” (aludiendo al Tribunal Constitucional, donde el falló salió 3 a 3, con desempate del presidente del cuerpo) o “Fujimori asesino y ladrón”.
En 2009 Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, luego de haber sido extraditado de Chile. Fue el responsable directo de los crímenes en la Universidad de la Cantuta y en Barrios Altos, en los que un grupo de militares dirigido desde el gobierno mató a 25 personas. Fujimori mandó a un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, para realizar esas masacres. También se probó su participación en los secuestros de periodistas y empresarios. Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina fue juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes contra los derechos humanos.
En 2017, el entonces presidente de Perú concedió el indulto a Fujimori por motivos de salud, para evitar un juicio político impulsado por la oposición fujimorista. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra del indulto. La Corte Suprema de Perú declaró nulo ese indulto y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel. Hoy en día el Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Perú anunció que había solicitado medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El primer ministro dijo que con esta decisión el tribunal «garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori».
Organizaciones internacionales de derechos humanos también reaccionaron. Michelle Bachelet, alta comisionada de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, planteó “Ponemos énfasis en que el derecho internacional de los derechos humanos restringe las amnistías o perdones en casos de serias violaciones a los derechos humanos”. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifestó en el mismo sentido.
Este intento de avance de la derecha se da entre continuos golpes al gobierno de Castillo, que en poco más de siete meses ha realizado 31 cambios en el gabinete. Pero el pueblo se mantiene firme. Marly Anzualdo, hermana de Kennet Anzualdo, un estudiante universitario desaparecido el 16 de diciembre de 1993, declaró que el Tribunal Constitucional «está avergonzando al sistema de justicia del Perú, con un indulto plagado de vicios» y que los familiares de las víctimas del régimen fujimorista no van «a parar hasta que esto se retracte», porque la condena que se dictó en 2009 contra Fujimori «ha devuelto la dignidad al Perú y no puede mancharse».
Hoy N° 1907 30/03/2022
