Inseguridad y represión

Rápidamente el intendente Sergio Massa salió a responsabilizar a los policías que tenían que vigilar la “cuadrícula” y que no lo hicieron y tampoco acudieron ante los reiterados llamados.
El alevoso crimen despertó la indignación y aumentó el temor de los vecinos. Cuando se movilizaron a la sede policial fueron recibidos por el comisario Barata, que no hizo mas que aumentar la bronca de los vecinos cuando les habló de los temores que él tenía respecto de su propia familia.
Sin embargo nadie dice que este comisario Barata fue el que dirigió el operativo de represión y desalojo de Terrabusi y que en el mismo momento que asesinaban a Santiago Urbani, en la planta de Pacheco de Kraft Terrabusi, en el Partido de Tigre, había más de 300 efectivos de la bonaerense. Estaban ahí, para cuidar los bienes e intereses de este monopolio yanqui, de los trabajadores en conflicto con la empresa.
Sí se habló de los bajos sueldos del personal policial y de jornadas de 12 horas que hacían que se durmieran en horario de servicio.
Los bajos sueldos de la policía también son frecuentemente utilizados para justificar la conocida corrupción policial. En realidad la corrupción es una de las principales formas del sistema para sostener un aparato represivo destinado a proteger la sacrosanta propiedad privada de las clases dominantes y contrario a la seguridad de los sectores populares.
Todos sabemos que el tráfico de drogas, el juego clandestino, la prostitución, los piratas del asfalto, el contrabando, los secuestros, etc. funcionan con la complicidad y hasta la participación de algún sector de las fuerzas de seguridad y la justicia.
Está tan naturalizado que la policía tiene ingresos por fuera de los sueldos, que cuando los trabajadores de Terrabusi denunciaron que los policías que desalojaron la fábrica les robaron todo el dinero que tenían, no mereció la atención de ningún fiscal, juez, ni medio periodístico.
Mauricio Macri, enfrentado con los Kirchner por el control de la policía y asumiendo el reclamo de mano dura contra la delincuencia y las protestas que afectan el derecho a la circulación, ha decidido constituir una nueva policía en la Ciudad de Buenos Aires, superpuesta a la Federal que se supone es la más eficiente del país.
Para evitar la corrupción y tratar de seducir a los mejores cuadros de la Federal y otras fuerzas para que se pasen a la nueva policía han establecido que el salario mínimo sea de $3.500. El verdadero objetivo de esta fuerza quedó en evidencia cuando trascendió que Ciro James, agente de inteligencia de la Federal, fue seducido por Macri para integrar la nueva fuerza y que su primer trabajo al servicio del Gobierno de la Ciudad fue espiar a los docentes que estaban en lucha por aumento de salarios y a familiares de víctimas del atentado a la AMIA, que se oponían a la designación de “Fino” Palacios como jefe de Policía.
La preocupación de Macri por la seguridad y por terminar las interrupciones de tránsito lo ha llevado a destinar enormes recursos a la nueva policía, que le impiden atender el reclamo de las Madres del Paco de lugares de atención, tratamiento y recuperación de los chicos adictos de bajos recursos, el reclamo de los comedores populares que no pueden satisfacer la creciente demanda, y ni hablar de los salarios de los trabajadores de la salud que son los peores pagos del GCBA y que sí trabajan 12 y 14 horas diarias para sobrevivir.
Con la crisis aumenta la desocupación, el hambre, la inseguridad y el conflicto social. Y la lógica de las clases dominantes es aumentar la represión al pueblo para preservar sus privilegios.
Los Kirchner han tratado de aparecer como contrarios a la represión de la protesta popular. Muchas veces apelaron a las patotas como en el caso del Hospital Francés o Varizat en Santa Cruz que atropelló  a los docentes con su 4×4, Moreno en el Indec o los D’Elia y Moyano durante la rebelión agraria. Han aumentado la persecución judicial a los luchadores populares y se han opuesto a la amnistía de los más de 5.000 procesados.
Pero su principal instrumento de control social hasta ahora ha sido la subordinación de los dirigentes sindicales y sociales mediante los negocios y a través de la SIDE. El escándalo de los medicamentos adulterados de la Bancaria y las droguerías que aportaron a la campaña de CFK, la protección de Zanola por parte del gobierno y la CGT, los negocios que le han concedido a Moyano y la visita de Néstor Kirchner a los demócratas de Carta abierta acompañado del jefe de la SIDE así lo prueba.
Sin embargo cuando surgen direcciones del movimiento obrero y popular que no se compran ni se venden, como ocurrió en el caso de Terrabusi, los K muestran su esencia apelando a la represión abierta en defensa de un monopolio como Kraft.